Soberanía energética y patrimonio arquitectónico de las represas

La sola palabra privatización, remite a la experiencia menemista de los 90” asociada al cierre de empresas públicas y privadas, desocupación, aumento descontrolado de tarifas, reducción del poder adquisitivo y una sensación de incertidumbre colectiva con secuelas de enfermedad y muerte (Fair H. 2016; Teubal M. 2000). Que suprimió la esfera pública de participación colectiva, por un retraimiento forzado hacia el individualismo como forma de control y dominación, dejando huellas de resignación y conformismo.

Ahora, cuando ya se creía todo lo público privatizado y la memoria histórica vigente, sorprende ver que los planes privatizadores de este gobierno mantengan cierto consenso. Principalmente en el comportamiento de dirigencias sociales y políticas con alta responsabilidad institucional, subordinadas rápidamente a esas pretensiones vacías de argumentación, como si se tratara de un destino manifiesto.

¿Por qué vacías de argumentación? Porque se supone que se “re privatiza” algo cuando los resultados han sido alentadores. Expertos en la materia opinan lo contrario. Aquella reforma neoliberal del Sistema Eléctrico Nacional de 1992/93, ley 24.065 y la organización de un mercado eléctrico liberado, antiestatista, con un Mercado Mayorista de Electricidad y una Compañía administradora de control de gestión mínima, sirve de base a la nueva normativa para el proceso de reprivatización de hidroeléctricas y nucleares. Queda claro que “La privatización ,de las represas en el período 92/93 terminó siendo, concluye Bandieri, “un indudable negocio para los capitales privados” …

Las cuatro empresas concesionarias pagaron un total de 2.017 millones de dólares por un lapso de concesión de 30 años, recuperando la inversión bruta en los primeros 6 años, bajo el paraguas de una renta anual de 350 a 400 millones de dólares, explotando las represas construídas por el Estado Nacional con un endeudamiento externo (BM y BID) de 20.000 millones de dólares (de Jong, Gerardo M., 2011). En el proceso abierto de reprivatización de las represas dictadas por decretos 718/24; 590/25 y 1200/25, campea la Ley Bases que suscribieran curiosamente en contra de los propios intereses provinciales ambos gobiernos regionales.

A sabiendas de que estamos casi frente a un hecho consumado, un número nada despreciable de ciudadanos organizados en el “Foro de Defensa de Represas y ríos del Alto Valle de Río Negro y Neuquén”, no se resigna.

En julio del 2024 la Defensoría del Pueblo de Neuquén y el Dr. Mariano Mansilla presentaron un amparo judicial “a fin de evitar la privatización del recurso agua”. Y ahora los senadores de Neuquén y Río Negro, Parrilli, Sapag, Doñate y Larraburu, insisten en frenar las privatizaciones de las centrales nucleares e hidroeléctricas por inconsultas, anticonstitucionales y violatorias de derechos provinciales.

Resulta imperioso destacar que el proceso licitatorio pasó por alto la consulta popular ciudadana, ignorada en su representación y participación frente al derecho constitucional (art.41) y civil (Ley 25.675) que le asiste por “la soberanía de los bienes comunes naturales” sobre los que se levantan estas represas (ríos, suelos, tierra y biodiversidad). Desconoce incluso la participación de los gobiernos provinciales, quedando reducidos a ser “convidados de piedra” de una compensación proporcionalmente insignificante, de regalías, canon y subsidios, en comparación con la posibilidad de acceder a la renta total o parcial mediante la re-estatización de las centrales.

¿Por qué privatizar nuevamente después de 30 años de saldos mayormente negativos en cuanto a mejoramiento de la infraestructura, a reinversiones en nuevos proyectos eléctricos, mantenimiento y competitividad, producción de nuevos conocimientos y tecnología local o promoción del desarrollo económico y social de la región?

Para dimensionar la gravedad del problema que enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional Argentino, es necesario recordar que llevó cuatro décadas de enormes esfuerzos materiales y humanos del Estado Nacional de 1940 a 1980 (Bandieri/Blanco; Ruggeri E.). En un proceso donde el Estado mantuvo una posición central en la organización y planificación energética integral, con una concepción común de la energía como bien estratégico (Ruggeri E.). Así surgieron empresas como Agua y Energía Eléctrica (1947), Segba para Buenos Aires (1961) e Hidroeléctrica Norpatagónica: Hidronor (1967) para la Región Comahue, a partir de la construcción del complejo hidroeléctrico Chocón Cerros Colorados (1973). Se conformó una Red Nacional de Interconexión, configurando una matriz térmica, hidráulica y nuclear.

El complejo arquitectónico patrimonial Chocón Cerros Colorados, de construcción y explotación por Hidronor, será conocido como “la obra del siglo” y por la histórica pueblada “El Choconazo” (1969/70) ante condiciones indignas de vida y de trabajo. Más allá de que Hidronor durante la llamada “Revolución Argentina” priorizó la generación de electricidad por encima de los objetivos de fomento del desarrollo regional inscriptos en la ley 16.882/66 del gobierno de Illia, significó por 23 años un factor de desarrollo económico, social, industrial y tecnológico nunca visto en el Alto Valle, hasta ser privatizada en la década del 90 . Con la fecha de fundación de Hidronor, 23/10/67, generalmente se omite destacar en la evocación, el contenido y objetivos multipropósitos de la ley 16.882/66, defendida por figuras señeras de la política regional como Felipe Sapag por Neuquén y Enrique Gadano por Río Negro entre otras” (Bandieri/Blanco).

Esta sucinta mirada retrospectiva permite ver que el cúmulo de expectativas generadas desde entonces y aún irresueltas, recobrarían condiciones de posibilidad con la re-estatización de la gestión integral de represas y centrales. De no ser así, re privatizadas, puede derivar en el debilitamiento terminal de la soberanía energética y en consecuencia de la soberanía nacional.

* Docente e historiador.