Soberanía hídrica de las provincias o despojo centralista
La Ley de Soberanía Hídrica implica que no se maneje un recurso provincial desde Puerto Madero y se escuche a poblaciones afectadas. Además, robustece la capacidad de los gobiernos locales en el control ambiental.
Estamos construyendo junto a los vecinos y vecinas de los pueblos ribereños, que sin dudas deben ser protagonistas en la etapa que viene, una ley que afirme la soberanía hídrica sobre los ríos de las provincias de Neuquén y Río Negro.
Queremos revertir una historia de más de 50 años de ninguneo y marginación de las decisiones fundamentales sobre el manejo y administración de uno de nuestros recursos vitales como lo es el agua.
La Reforma de la Constitución Nacional de 1994 reconoce expresamente la propiedad sobre los recursos naturales a las provincias entonces, quién puede no estar de acuerdo en que estén en la mesa que define la política hídrica y en la distribución de la riqueza que se produce con la explotación de nuestros recursos hídricos.
Aunque Nación intente sostener que las represas le pertenecen (a pesar de la Reforma del 94) lo que está fuera de discusión es que los ríos, es decir el agua, pertenecen a las provincias. Así que nada podría hacerse sin el acuerdo de ellas.
Nuestra reivindicación es federalista en dos dimensiones: primero, contra el centralismo porteño que quiere seguir manejando nuestros ríos como una unidad de negocios que se opera desde Puerto Madero.
Y en segundo lugar, dando una pelea con los pueblos que son la historia misma del desarrollo del polo hidroeléctrico sobre los ríos Limay y Neuquén y que han sido directamente afectados como Piedra del Águila, Picún Leufú y El Chocón.
Las administraciones municipales deben tener asegurada por Ley Provincial, su participación en la administración y distribución de lo producido por la actividad hidroeléctrica dentro de sus jurisdicciones locales.
La Ley de Soberanía Hídrica importa, además, robustecer la capacidad de poder de policía del gobierno provincial y de los gobiernos locales, en términos de control ambiental. Somos los principales interesados en proteger el equilibrio ecosistémico de la cuenca que componen los ríos de la región del Comahue.
Y finalmente, Soberanía Hídrica implica imponerse ante las corporaciones petroleras que para el desarrollo de la industria del gas y del petróleo no convencional, utilizan el agua que es un bien común, y un recurso estratégico de propiedad del pueblo del Neuquén, como un insumo barato para mejorar sus ecuaciones económicas y financieras.
La Municipalidad de San Patricio de El Chañar ha dado en soledad esta batalla, por lo que es justo que una ley provincial reafirme sus potestades como poder de policía y ambiental del agua dulce que, en millones de litros, extraen las petroleras del río Neuquén y transportan a través de su ejido municipal. Debemos ser capaces de establecer un valor diferencial para el uso industrial del agua dulce, en todas las actividades (generación hidroeléctrica, acuicultura, hidrocarburos, etc.)
Aunque las provincias llevamos muchos años bregando por un diálogo sincero, solo hemos recibido destrato y ninguneo por parte del poder central. Es hora de que nuestro pueblo sepa de qué se trata, y sepa también que sin luchar, en todos los sentidos, no vamos a recuperar las represas y nuestros ríos.
La Secretaría de Energía de Nación parece decidida a tomar el control de las represas mediante una vía de hecho ilegal e inconstitucional. ¿Lo vamos a permitir?
* Diputado, vicepresidente de la Honorable Legislatura de Neuquén.
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