Río Negro: los suicidios policiales se suceden ante la apatía de la política

Diego Andrés V. en el 2008 estudiaba en la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro, donde lo conocí. Se trataba de un joven que integraba uno de los dos grupos mayoritarios en los que se pueden identificar a los cadetes de dicho instituto: familiares de miembros de alguna institución de seguridad o jóvenes de clases populares en búsqueda de un futuro más previsible que el de sus localidades de origen. Su sonrisa abierta mostraba todos sus dientes y le producía el achicamiento de los ojos, lo que le valió el apodo de Chino. Sus compañeros lo recuerdan en las redes por su don de buena gente: amigo, compañero, simpático.

En aquel 2008 aprobó la asignatura que yo dictaba, aunque algo le debe haber impedido ser oficial. Sus “cursos” (como suelen reconocerse quienes integran una misma promoción) recuerdan que le solía tocar el número ocho al momento de numerarse. Esta última es una práctica en la que rápidamente y en voz alta el cadete precedente gira la cabeza hacia su compañero para dar su número y uno suma el propio, así sucesivamente hasta finalizar con el total de cadetes formados.

El sábado 22 de septiembre se supo de su suicidio en la noche del viernes, en la ciudad de Villa Regina, aunque su lugar de trabajo era la comisaría 40ª de Chichinales.

Este recuerdo, antes que nada, pretende evocar su aspecto alegre para consuelo de sus familiares y afectos que en estos momentos deben estar transitando todos esos interrogantes sin respuesta.

Expuesto esto, siguen las consideraciones acerca del contexto en que se produce la muerte policial. Durante la actual gestión de Alberto Weretilneck, la política de seguridad fue conducida por distintos secretarios y luego ministros de Seguridad, y la fuerza policial por jefes de Policía civiles y actualmente de la fuerza. Desde el 2012 han muerto un total de 27 integrantes de la institución, contando activos y retirados, de acuerdo con lo informado en los medios de comunicación. Además de la ejecución extrajudicial de Lucas Muñoz, sólo dos policías murieron en el marco de un enfrentamiento.

Muertes en servicio

Si bien existen distintas denominaciones con que reglamentariamente se encuadran estas pérdidas humanas, para la observación no policial cuatro fueron muertes en servicio producto de condiciones laborales cuestionables o censurables (caída desde un móvil, asfixia por monóxido dentro de un patrullero, incluso un caso de gripe A considerado como “en servicio”) y cuatro más se produjeron en el marco de siniestros viales. También se cuenta el fallecimiento de un comisario retirado en ocasión de un robo.

La mortalidad policial en Río Negro, por los datos que se difunden en los medios, no se produce “combatiendo a la delincuencia” como argumentan los discursos políticos mayoritarios. Los suicidios representan casi el 60% de esas muertes. Dieciséis jóvenes policías han decidido quitarse la vida.

Se pueden plantear miles de preguntas. No interesa en este artículo con qué gestión se produjeron más o menos muertes. El interrogante que resulta más obvio parece que es ¿qué nos dicen estas muertes? ¿Dónde está el combate? ¿Cómo juegan unas relaciones laborales anacrónicas respecto a la sociedad que nutre a una Policía con jóvenes vulnerables ante ese nuevo y distinto entorno de la fuerza? ¿Será la formación que plantea un escenario distinto a ese con el que lidian diariamente estos jóvenes policías? ¿Será el imaginario dentro de la fuerza que no puede ser acompañado o compartido por el grupo familiar o social al que pertenece cada joven que ha decidido quitarse la vida? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo y de vida de esos jóvenes? ¿Será que siguen faltando policías a pesar del tan anunciado incremento de efectivos? Y en tal caso, ¿realmente un incremento podría paliar las severas condiciones laborales en las cuales se ven inmersos?

Claramente las políticas de seguridad son mas complejas que el anuncio de refuerzos estivales, concursos deportivos o entregas de diplomas. Existe una vida institucional escasamente visible para la dirigencia política, pero lo grave es la ceguera de quienes la conocen y por su ubicación jerárquica deciden minimizarla.

Nada espero de esas autoridades que tardíamente han contestado de modo elíptico y esquivo algunos pedidos de informes de la Legislatura cuando se produjeron otros casos de esos que contamos en estos dieciséis suicidios. Posiblemente esto sea una gran parte del problema.

*Docente de la UNRN, exdocente en las escuelas de cadetes y superior de la Policía de Río Negro