¿Democracia en peligro?

Por extraño que parezca, todo hace pensar que la democracia argentina disfruta de buena salud.

El papa Juan Pablo II, asesorado por los obispos argentinos, dista de ser el único que suponga que la devastadora crisis económica, social y, huelga decirlo, política que está asolando el país ha puesto "en peligro la estabilidad democrática y la solidez de las instituciones públicas". Tanto aquí como en el exterior siempre ha sido habitual dar por descontado que frente a cualquier descalabro económico grave el pueblo argentino decidiría que la democracia es un lujo que ya no está en condiciones de permitirse. Sin embargo, a pesar de todo lo ocurrido a partir de 1983, aún no se han visto señales de que una proporción significante de la ciudadanía se haya sentido atraída por cualquier variante del autoritarismo. Si bien han sido criticados con virulencia distintos aspectos de la democracia imperante, nadie, con la excepción de algunos extremistas nada representativos, ha sugerido que al país le iría mejor si dejara la responsabilidad de gobernarlo a un dictador o a una oligarquía de iluminados de derecha o de izquierda. Desde luego, sería posible interpretar algunas manifestaciones colectivas, entre ellas la supuesta por la ofensiva que se ha emprendido contra la Corte Suprema, por síntomas antidemocráticos, pero se trataría de una exageración: la mala imagen de la Corte no se debe al hipotético apego a la democracia de los ministros, sino a la convicción casi universal de que fueron elegidos por motivos ajenos a su idoneidad profesional y la autoridad moral que es imprescindible cuando de un alto tribunal se trata.

El que el interés por las "soluciones" no democráticas sea tan escaso puede atribuirse a que desde el colapso del imperio soviético y, casi simultáneamente, el desmantelamiento de muchas dictaduras militares latinoamericanas, se ha generalizado la conciencia de que los méritos del autoritarismo son exiguos pero las desventajas son colosales. A lo sumo, pueden conservar un simulacro de paz en medio de una emergencia grave, pero por su naturaleza misma suelen ser incapaces de hacer mucho más. En cuanto a la idea, antes corriente tanto en sectores izquierdistas como en círculos vinculados con la Iglesia Católica, de que sólo una dictadura tendría el poder necesario para reprimir a los sectores contrarios a la justicia social, posibilitando así la redistribución del ingreso, se ha visto desvirtuada por la experiencia: las tiranías ideológicas más competentes han sido capaces de repartir pobreza con gran eficacia, pero ninguna ha conseguido crear una economía que haya sido lo bastante dinámica como para ofrecer a la población un nivel de vida comparable con aquel de los sectores de bajos ingresos de ciertos países democráticos del norte de Europa. Por su parte, algunos progresistas y clérigos afirmarían creer que la desigualdad social deplorable que se ha hecho característica de la Argentina y de otros países latinoamericanos es incompatible con la democracia, pero por ahora cuando menos son muy pocos los que suponen que la eliminación de las libertades públicas haría que la sociedad fuera más equitativa. La verdad es que con toda probabilidad sería aprovechada ya por los resueltos a defender sus propios privilegios, ya por los deseosos de tomar su lugar.

Por extraño que parezca, en la actualidad todo hace pensar que la democracia argentina disfruta de buena salud: lejos de querer descartarla, la mayoría cree que lo que el país necesita no es menos democracia sino mucho más. Una consecuencia acaso paradójica de esta convicción ha consistido en el debilitamiento de "la solidez de las instituciones públicas" al que aludía el pontífice: la gente ha dejado de confiar en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial por creerlos en manos de grupos que anteponen sus propios intereses al bienestar común, motivo por el que han aumentando las presiones en favor de obligar a los responsables a prestar más atención a las exigencias ciudadanas. Aunque es evidente que se da el riesgo de que las instituciones públicas se desplomen antes de que las reformas necesarias para mejorarlas hayan podido concretarse, el fuerte compromiso democrático de sectores que en otras épocas hubieran estado pidiendo a los gritos una intervención militar hace por lo menos concebible que las consecuencias de tamaño desastre no serían tan nefastas como muchos suponen.


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