Descubren dudosa cesión de albergues en Río Negro

El Consejo Provincial de Educación, mientras fue conducido por Ana Mázzaro, pretendió desligarse de algunas de sus responsabilidades indelegables, según concluyó tras una minuciosa recopilación de información el vocal del actual CPE, Héctor Roncallo.

Al asumir, el ex titular de la Unter y hoy integrante del CPE, descubrió una resolución del organismo que ratificaba un convenio suscripto entre Mázzaro y la intendenta de Los Menucos, Mabel Yauhar, por el cual la municipalidad se hacía cargo de la administración y designación de directores y auxiliares docentes de una residencia estudiantil de nivel medio, mientras el CPE se encargaba de afrontar los sueldos.

El albergue quedó clasificado como una institución pública de gestión privada y se autorizó al municipio mediante el convenio a cobrar cuotas a los padres de los alumnos para el mantenimiento del edificio.

«Es un proceso de privatización de una cuestión que le compete totalmente al Estado como responsable indelegable de la educación pública. En ese sentido me motivó hacer valer los derechos del conjunto en la defensa de la escuela pública y exigir la anulación correspondiente de esa resolución, que fue firmada a principios de diciembre del año pasado para ponerse en funcionamiento en el 2004», afirmó Roncallo.

En una sesión del CPE del miércoles último se decidió dejar sin efecto esa resolución antes que la residencia, cuyo edificio fue inaugurado el pasado 6 de diciembre, comenzara a funcionar. Sin embargo, el caso de Los Menucos fue solamente un caso testigo que le permitió conocer a Roncallo que existen antecedentes de similares resoluciones que dieron origen a iguales situaciones en Ramos Mexía, Ingeniero Jacobacci y Comallo, todas bajo la responsabilidad de las comunas y designadas como instituciones públicas de gestión privada. La de Ramos Mexía fue creada en 2001 y las restantes en 2002.

«En los demás casos he hecho las presentaciones correspondientes solicitando a las autoridades actuales que tengan el mismo tratamiento. Es decir, que se analice su situación patrimonial, por ejemplo de quién eran los edificios, por qué se los dio, si eran del Estado Provincial cómo se los transfirió al Estado Municipal, de quién era la responsabilidad, si no hubo abuso de autoridad, si no hubo actuaciones totalmente contrarias o reñidas con la ley», destacó Roncallo.

Agregó que «es un proceso de municipalización del sistema educativo que se comienza con esto que es muy pequeño pero que tiene una gran significación política. Está demostrado que los intendentes que firmaron los convenios son los autores de designación de directores, de auxiliares docentes y personal de servicios generales de esas residencias, cuando no corresponde».

Tal cual consta en los convenios, el CPE autorizó al intendente a cobrar cuotas a los padres para garantizar el mantenimiento de los albergues. «Justo esto se da en las zonas más desprotegidas, donde el Estado debería estar más presente, se desliga de su responsabilidad. Es una afrenta al significado y al concepto de Educación Pública», afirmó Roncallo. (ASA)

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