Desocupados harán 300 viviendas

El gobierno nacional asignó 300 viviendas a Río Negro, que deberán ser ejecutadas por cooperativas de beneficiarios del Plan Jefes de Hogar, con participación de otros desocupados.

El primer convenio prevé seis millones de pesos para la provincia. El mismo fue firmado el último martes en San Antonio Oeste por el presidente de la Nación, Néstor Kirchner y el gobernador Miguel Saiz.

Los municipios serán actores centrales en este plan de Emergencia Habitacional para la conformación y participación de cooperativas de trabajo de desocupados. Ya varias intendencias -como Cinco Saltos o Mainqué- adelantaron su inscripción en la Nación. Formalizado el convenio, las solicitudes se deben formalizar en el instituto provincial.

El diputado nacional Carlos Larreguy confirmó ayer a «Río Negro» que varios intendentes justicialistas expresaron esa decisión en la secretaría nacional como preinscripción y en un «intento de reservar cupos de viviendas». Adelantó que la anotación se debe formalizar en la provincia pero aseguró que «se constituirá personalmente en un monitor de la forma de distribución para evitar discriminación», entre los municipios.

La ejecución depende de las solicitudes de las cooperativas de trabajo para acceder a esas construcciones.

La iniciación del trámite corresponde al «municipio u organización comunitaria» con las siguientes pautas: la integración de la cooperativa tendrá un 75 por ciento de mano de obra del plan Jefes de Hogar y hasta un 25 por ciento de otros desocupados. Además, el compromiso de incorporar la contratación de «un profesional de primera categoría para la dirección de obra».

Cada cooperativa puede acceder -en una primera etapa- a cuatro unidades, y se contempla que los desocupados en el Plan Jefes mantengan su beneficio (además de otro aporte que se puede acordar en la entidad). En otra etapa se puede asignar otras cuatro viviendas, pero ya el beneficiario se deberá incorporar sin ningún aporte del programa Jefes de Hogar.

Asimismo, el municipio u ONG solicitante deben disponer de la tierra, que deberá ceder al Instituto provincial de la Vivienda.

Se exige además «la localización del terreno en el ejido urbano, la conexión con servicios de infraestructura, la relación con el equipamiento existente de salud y educación, las redes de infraestructura existentes, prototipos de las viviendas desarrollados, y especificaciones técnicas cumpliendo los estándares mínimos de calidad para viviendas de interés social».

Además, el programa establece que el costo a financiar por

Nación es de 20.000 pesos por unidad, consignando «los parciales de costo de vivienda e infraestructura básica». El resto será «financiada por la entidad, municipio o provincia en los rubros de infraestructura y nexos».

En la asignación de labores del Programa, el municipio «tendrá a su cargo la preparación del terreno y el nivelado, la apertura de las calles, los nexos de infraestructura, los certificados de factibilidad de conexión de redes y el compromiso de recolección de residuos».

Por su parte, se establece que el organismo provincial -IPPV- «recepciona y aprueba» el proyecto del municipio mientras que la subsecretaria de Vivienda de Nación «declara su financiación y, luego, libera el primer anticipo». (AV)

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