Dictamen de mayoría para el proyecto que prohíbe despidos
Desde el gobierno lanzan críticas: “No ayuda a garantizar empleabilidad”.
Télam
Desde la oposición denunciaron más de 100.000 despidos en lo que va del año.
La oposición avanzó ayer con su estrategia de declarar la “emergencia ocupacional” hasta fines del 2017 para prohibir despidos en el sector público y privado, lo que fue rechazado por el gobierno al advertir que “no ayuda en este momento a mejorar la empleabilidad de la gente”.
El oficialismo presentó un dictamen de minoría para que la medida recién se aplique cuando la desocupación llegue a 2 dígitos.
El arco opositor consiguió, en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, sacar un dictamen de mayoría para declarar la “emergencia ocupacional” hasta el 31 de diciembre de 2017 con prohibición de despidos y, en caso de producirse, doble indemnización del trabajador.
Esta estrategia fue cuestionada por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien alertó que los proyectos para evitar despidos “no ayudan ahora a mejorar la empleabilidad de la gente” y abogó por “mejores alternativas para generar más empleo”.
“Tenemos que proponer mejores alternativas para mejorar la empleabilidad”, sentenció y sostuvo que el Gobierno está “haciendo todos los esfuerzos para sostener el nivel de empleo” y para “generar nuevos puestos”.
El dictamen que firmó la mayoría del cuerpo para declarar la “emergencia ocupacional” tuvo el apoyo de los bloques del Frente para la Victoria, el massismo (Federal UNA), el bloque Justicialista y el socialismo.
El Frente de Izquierda firmó un despacho propio en el mismo sentido pero se manifestó dispuesto a acompañar el de mayoría si se necesite el número.
En tanto, el oficialismo –el interbloque Cambiemos– emitió un dictamen de minoría en el cual propone mecanismos de “preservación” del empleo público y privado cuando el índice de desocupación supere para el Indec el 10%.
El titular de la comisión de Legislación de Trabajo, Alberto Roberti (Partido Justicialista), dijo que “tal vez no es el mejor de los proyectos”, pero marcó que ante los 100.000 despidos que se contabilizan de diciembre hasta ahora en los sectores público y privado “lo que no podemos hacer es no hacer nada”.
El artículo 6to. del proyecto indica que “los trabajadores afectados por despidos o cesantías” desde el 1 de marzo de este año “podrán optar por accionar judicialmente por su reinstalación en el puesto de trabajo con más el pago de los salarios de tramitación hasta su efectiva reincorporación, o convalidar la extinción del vínculo”. (Red. Central/DyN)
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