Dirección de Tierras denuncia perjuicio en la pelea de los agrimensores

VIEDMA (AV)- La Dirección General de Tierras denunció un perjuicio en la regularización dominial de predios fiscales al quedar paralizado el convenio con el Colegio de Agrimensores de Río Negro que proyectaba mensurar unos dos millones de hectáreas, sobre cuatro millones que posee Río Negro sin la correspondiente titularización dominial.

El colegio salió recientemente a defender públicamente el acuerdo firmado con el Ministerio de Producción, y mediante una solicitada en la que según señalan sus autoridades, un total de 72 profesionales se mostraron predispuestos a la definitiva regularización de cuatro millones de hectáreas.

En ese marco, la conducción mencionó que al momento de celebrarse el acuerdo, el padrón contó con el aval de la Inspección General de Personas Jurídicas e incluyó a todos aquellos agrimensores que ejercen en Río Negro.

La polémica en el seno de esta entidad está instalada desde marzo pasado cuando la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche hizo lugar a una medida cautelar solicitada por 13 profesionales del ramo, quienes se consideraron marginados en forma arbitraria de esa operatoria por no estar afiliados al colegio. Con el amparo, los representantes argumentaron que la afiliación no es obligatoria y que al excluir a todos los profesionales que no adhieran a esa entidad, el acuerdo viola el principio de igualdad que establece las constituciones Nacional y Provincial.

En consecuencia, el convenio celebrado entre el ministerio provincial y el colegio quedó suspendido, mientras que los 220.000 pesos que había anticipado Producción a la entidad como parte de la primer etapa destinada a mensurar 200.000 hectáreas -sobre un total de 450.000 que insumía el trabajo inicial- fueron inmovilizados.

El titular de Tierras, Jorge Belacín, consideró ayer que esta controversia «nos hizo demorar la entrega de títulos y significa un perjuicio serio porque muchos pobladores de pequeños parajes rionegrinos no pueden contar con la mensura que es el paso previo a la transferencia dominial».

El funcionario dijo a «Río Negro» que el convenio «no es una contratación directa» como alegan los profesionales que presentaron el recurso de amparo» y además «nosotros transferimos la responsabilidad al colegio como institución».

Luego lamentó el atraso debido a que «esto significaba un beneficio para el poblador porque el Estado se iba a hacer cargo de la mensura, y además se produciría un mejoramiento adicional porque se blanquearían muchos bolsones sin mensurar».