Domesticar a los buitres

Los fondos especulativos tienen mala fama merced a su costumbre de aprovechar en beneficio propio desastres que afectan a millones de personas en países pobres. Aunque distan de ser los únicos que actúan así, a diferencia de políticos corruptos y otros de mentalidad similar que también se especializan en enriquecerse a costa de los más vulnerables no les importa que en buena parte del mundo su imagen sea sumamente antipática. Con todo, desde que el ex primer ministro británico Gordon Brown los calificó de “buitres”, cuya conducta es “moralmente escandalosa”, tienen motivos para preocuparse, ya que de quererlo la llamada comunidad internacional podría poner fin a su negocio, consistente en comprar baratas las deudas de países en bancarrota para entonces intentar cobrarlas, con los intereses devengados, si logran recuperarse. Los esfuerzos del gobierno kirchnerista por movilizar la opinión mundial en contra de los buitres fracasaron porque su propia reputación era casi tan mala como la de los fondos mismos, pero el nuevo gobierno del presidente Mauricio Macri espera tener más suerte. Lo necesitará. Para que el país salga del default le será necesario convencer al juez Thomas Griesa y a otros juristas norteamericanos de que está obrando de buena fe y de que son excesivas las exigencias de los holdouts que se han manifestado reacios a aceptar la oferta de pagarles 6.500 millones de dólares, lo que supondría una quita del 25%. Como es natural, los buitres continuarán reclamando mucho más si creen que a la larga la intransigencia les resultará provechosa pero, de llegar a la conclusión de que sería inútil seguir esperando, cambiarían de parecer. Mucho depende de la actitud de la administración del presidente Barack Obama y otros pesos pesados de la política norteamericana. Aunque no intervengan directamente por entender que es fundamental respetar la autonomía de la Justicia y que, de todos modos, cualquier intento de presionar a Griesa resultaría contraproducente, podrán argüir que sería del interés no sólo de la Argentina sino también de Estados Unidos y el resto del mundo que se pusiera fin a una aberración que tantos perjuicios ha ocasionado. Asimismo, el que los negociadores actuales hayan adoptado una postura mucho más respetuosa que la de los kirchneristas y que al presidente Macri nunca se le ocurriría tratar de senil al juez Griesa como hacía su antecesora, no podrá sino incidir en la actitud del magistrado neoyorquino que tomó tales insultos no sólo personalmente sino también como evidencia del desprecio que sentía el gobierno argentino por las reglas internacionales. Nunca sabremos cuánto nos ha costado la voluntad de los kirchneristas de hacer del litigio con los holdouts una fuente de apoyo político, pero no cabe duda de que el aislamiento financiero resultante privó al país de muchísimas inversiones que, de haberse concretado, hubieran beneficiado a millones de familias. Mientras que el cierre de una sola fábrica motivará la angustia de quienes pierden el trabajo, será escaso el impacto político de medidas que impiden que se abran centenares. En el caso de la lucha casi exclusivamente verbal contra los fondos buitre, el gobierno responsable de eliminar la posibilidad de que el país recibiera inversiones consiguió el apoyo de quienes terminarían pagando los costos. Para superar la resistencia así supuesta, los voceros del gobierno macrista tendrán que explicar que persistir en el default, por digno o patriótico que tal eventualidad pueda parecer a los decididos a subordinar absolutamente todo a lo que según ellos son principios irrenunciables, significaría más estancamiento económico, es decir, más miseria para una proporción muy elevada de sus compatriotas. Puesto que para que tenga éxito la estrategia socioeconómica del gobierno –la única viable– el país tendría que reinsertarse cuanto antes en la comunidad financiera internacional, no le queda más opción que concentrarse en alcanzar un acuerdo con los holdouts más agresivos, que hasta ahora han triunfado en virtualmente todos los enfrentamientos legales ya que contaron con la ayuda que, por motivos de política interna, les dieron los funcionarios del gobierno kirchnerista, comenzando con la ya expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.