Dura interna en el gobierno por la causa AMIA

BUENOS AIRES (ABA) . – El presidente de la Nación, Néstor Kirchner, autorizó ayer al secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar, para que actúe como querellante en las causas penales sobre irregularidades en la investigación judicial del atentado terrorista a la AMIA.

Si bien la agencia DyN informó acerca de un decreto que le daría nuevas facultades al funcionario de Justicia, una fuente de dicho organismo señaló que en realidad «no es nada nuevo» sino que se trata de reafirmar el rol de Slokar tras quedar acéfala la conducción de la Unidad Especial de Investigación que estaba en manos de Alejandro Rúa.

Rúa fue querellado por calumnias e injurias por el propio ministro de Justicia, Alberto Iribarne, por haber expresado en declaraciones a un matutino que este último estaba «frenando el impulso de la investigación» por el atentado a la mutual judía en julio de 1994.

Pero el imputado por Iribarne, integra el plantel de Defensa a cargo de Nilda Garré (quien precedió a Rúa en el organismo).

Desde la cartera a cargo de Iribarne, señalaron que Rúa nunca tuvo atribuciones de querellante en el caso AMIA y que ello explica la reacción del funcionario saliente.

El mismo había gestionado y logrado que el anterior titular de Justicia Horacio Rosatti le concediera ese rol para acusar al juez Claudio Bonadío (por su desempeño en el expediente sobre irregularidades en la causa AMIA donde habría beneficiado con la impunidad a sospechados de desviar la causa), pero Rosatti renunció y tal posibilidad fue absorbida por Slokar.

En una reciente nota publicada por el matutino «La Nación», Rúa manifestó cómo Bonadío fue beneficiado en el Consejo de la Magistratura por los votos decisivos de Miguel Pichetto y del representante del Ejecutivo, Joaquín Da Rocha para salvarse del juicio político, ya que consiguieron que el caso pase de la Comisión de Acusación a la de Disciplina que prevé a lo sumo una sanción administrativa.

Bonadío tenía una fluida relación con Carlos Corach, en tanto Iribarne fue viceministro de Carlos Ruckauf cuya actuación siempre estuvo en la mira de la acusación del encubrimiento del atentado.

En los pasillos de Tribunales se desliza que Bonadío pudo «muñequear» a tiempo el viraje en la relación del kirchnerismo con los jueces sobrevivientes del menemismo.

El decreto que refuerza las atribuciones de Slokar apareció ayer en el Boletín Oficial del Estado, dos días antes que el Gobierno lo envíe a Washington para que intervenga ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el proceso contra el Estado argentino por «denegación» de Justicia.

La audiencia en la capital de los Estados Unidos se realizará

en el marco de la denuncia que Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hicieron contra el estado argentino.

A fines de 2004, el Tribunal Oral 3, absolvió por «falta de pruebas suficientes» a un grupo de ex policías bonaerenses liderado por el ex comisario Juan José Ribelli, y al reducidor de autos Carlos Telleldín, al tiempo que condenó la actuación del juez (posteriormente destituido) Juan José Galeano, y se refirió a una oscura trama para servir intereses de gobernantes inescrupulosos.

De todos modos, una importante parte de la comunidad judía fue muy crítica de ese fallo por la continuidad de la impunidad acerca de quienes cometieron el atentado.

Hasta ahora sigue sin concretarse la detención de varios ciudadanos iraníes, entre ellos ex diplomáticos que cumplieron funciones en la Argentina, ordenada por el destituido juez Galeano, acusados de ser los máximos responsables del ataque que en julio de 1994 mató a 85 personas.

En este momento, la hasta ahora frustrada investigación sigue en manos por un lado de la Unidad en manos de Justicia que aporta medidas sobre irregularidades y algunas disposiciones que debe tomar el poder Ejecutivo; y por otro de la Unidad Fiscal (en la órbita del Ministerio Público a cargo de Esteban Regí) cuyo titular es Alberto Nisman.