El ajuste de Massa y la indignación selectiva

Un viejo refrán que solían recitar los adultos mayores reza que “el que avisa no traiciona”.
Una máxima que bien puede ser aplicada a la incipiente gestión de Sergio Massa. El flamante conductor de la economía argentina anticipó cuál era su plan el mismo día que asumió y se puso frente a los micrófonos en soledad asumiendo sobre sus hombros la responsabilidad de las decisiones que estaban por llegar, y que hoy ya comienzan a ser una realidad.

Cierto es que la época y la caja imponen que el camino sea el de la austeridad. El mundo comenzaba a reponerse de la pandemia cuando el contexto global se vio sorprendido por una guerra de dimensiones finales aún desconocidas. La suba de los precios internacionales de la energía es un problema no solo para Argentina, sino para todo el planeta. A ello se suma la caja con la que cuenta el Estado, la cual está cada vez más lánguida.

El recorte que Massa asumió en primera persona no es solo una decisión de rumbo político. Es primeramente una imposición de la propia ecuación financiera del Estado: no existe margen económico ni político para subir impuestos, el mercado de deuda voluntaria está vedado para Argentina, y la emisión monetaria en un contexto de inflación desatada ha dejado de ser una opción.

En resumen, dado el contexto y los números, hoy no existe margen para hacer algo distinto.
En ese marco, aquello que Massa anunciara en su primer día de gestión, empieza a materializarse con un conjunto de medidas que podrían catalogarse como un “mini shock”. Tal vez no uno del tenor que hubiese sido del agrado de la cátedra ortodoxa. Pero sí uno que está muy lejos del histórico manual que supo esgrimir el pedigree kirchnerista.

Un breve repaso sirve para comprender la magnitud del ajuste en marcha.

La segmentación de tarifas energéticas finalmente aplicada, arrojará un recorte de subsidios mucho mayor al que proponía Guzmán.

El congelamiento de ingresos a la planta del Estado nacional, supone un fuerte recorte a las acciones que llevan a cabo muchas de las áreas de la administración nacional.

El recorte de los envíos a las provincias es otro de los ítems más fuertes del ajuste. El diagnóstico en el equipo de Massa es que muchas provincias cuentan con superávit en sus cuentas públicas, y pese a ello sostienen la solicitud de asistencia financiera al Estado nacional. Se trata de un juego político que permite a los gobernadores mantener una alta imagen positiva a costa de trasladar el gasto a la nación.

Por último, la tijera pasó con fuerza esta semana por varios de los ministerios más sensibles, en tanto son los que alcanzan de manera directa mediante sus programas o acciones a millones de habitantes. El recorte total fue de $210.000 millones, y entre las áreas alcanzadas se encuentra educación (-$50.000 millones), producción (-$70.000 millones), desarrollo territorial y vivienda (-$50.000 millones), salud (-$10.000 millones) y transporte (-$10.000 millones).

Implica que programas como Plan Procrear, Conectar Igualdad y la asistencia financiera a empresas mediante Fondep o Fongar, se verían seriamente comprometidos.

En época de posverdades, los relatos y fundamentaciones se construyen a medida. Lo que llama la atención en este caso no es solo el el ajuste, sino lo que bien podría denominarse como “indignación selectiva”. Un mal que afecta a ambos lados de la grieta política.

De un lado, quienes durante años insistieron en la necesidad de recortar el gasto y achicar el Estado, hoy se muestran compungidos por los efectos que pueda tener aquello que no cesaron de pedir a gritos.

Es el caso del economista y Diputado Nacional de Juntos por el Cambio Martín Tetaz, que tras el recorte del gasto anunciado esta semana twiteó “Mientras la opinión pública se concentra en la declaración de Cristina, @SergioMassa ajusta a la educación”.

En la misma línea se expresó la economista ortodoxa Diana Mondino, cercana a los libertarios de Javier Milei en Córdoba. “El ajuste llegó. Aumentos de luz, agua, gas y nafta también se le suma un recorte brutal a educación y salud” apuntó en su cuenta de Twitter. “La política sigue viajando en primera y manteniendo absolutamente todos sus privilegios. La fiesta es a espalda nuestra y encima ahora el futuro de nuestros hijos también”, agregó.

Desde la vereda de enfrente, el arco kirchnerista luce demasiado ocupado en proteger a Cristina frente a la acusación del fiscal Luciani en la causa vialidad, como para dedicar algo de tiempo a la indignación por el ajuste que su propio gobierno empieza a llevar a cabo.

Por apenas unas céntimas del recorte que Sergio Massa aplicó esta semana, Martín Guzmán fue blanco constante de las críticas de los principales referentes económicos del kirchnerismo durante dos años y medio.

No hace falta demasiada imaginación para suponer el grado de indignación de los mismos referentes si este mismo recorte del gasto hubiese sido aplicado de una sola vez por el gobierno de Mauricio Macri.
Esta semana en cambio, una vez conocido el recorte del gasto en educación, vivienda, producción y transporte, la reacción del kirchnerismo fue más que tibia.

Las únicas en manifestar su disconformismo fueron las ex funcionarias Felisa Micelli y Alicia Castro. La ex Ministra de Economía manifestó en diálogo con AM 750 que “Hay varias formas de solucionar el problema del déficit fiscal. El camino elegido por Sergio Massa es controvertido. Está recortando en áreas sensibles. Me deja un sabor amargo su decisión”.

La ex embajadora en Venezuela y Reino Unido fue quizá la única kirchnerista que se experesó en duros términos respecto al ajuste. “Lo dijo @CFKArgentina: Ya no hacen falta golpes militares para perseguir dirigentes politicxs: Basta con el partido judicial. Tampoco para ejecutar “la miseria planificada”de la dictadura, el ajuste, el tarifazo. La transferencia de recursos a los poderosos. Basta con @SergioMassa”, expresó en su cuenta personal de Twitter.

No obstante y más allá de la sobreactuación de la política, la magnitud del ajuste lleva inevitablemente a una serie de interrogantes.

Los ministros de las áreas alcanzadas por el recorte del gasto se apresuraron a manifestar públicamente que la “corrección” presupuestaria no afectará la ejecución de los programas hasta fines de 2022. Fue el caso del Ministro de Educación, Jaime Perczyc, y del Ministro de Desarrollo territorial, Jorge Ferraresi.

Si en verdad un recorte presupuestario de esta magnitud no afectaba la ejecución de los programas de gobierno, la pregunta inmediata es por qué razón la corrección presupuestaria no se hizo antes. ¿Es que acaso se podía verdaderamente funcionar con mucho menos?

La segunda es si es verosímil que semejante recorte del gasto no afecte la ejecución de las áreas de gobierno. Es inevitable que en algún lugar recaerá el recorte del gasto, alguna acción de gobierno se verá afectada, y habrá quién a la larga sufrirá la ausencia de los recursos.

La verdadera directriz del ajuste que Massa ha comenzado a aplicar en estos días, fue rubricada en marzo cuando en el acuerdo con el Fondo Monetario se incluyó la meta de un déficit fiscal equivalente al 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI) para todo el año 2022.

Por encima de los nombres propios encargados de ejecutar el recorte, la hoja de ruta a la que Argentina se comprometió a fin de resolver el entuerto de los u$s 44.000 millones recibidos por la administración macrista entre 2018 y 2019, no dejaba resquicio posible para nada diferente.

Con esa premisa, los datos muestran que Guzmán, Batakis y Massa se han ocupado de que finalizado el mes de julio, el resultado fiscal se asequible con la chance cierta de cumplir con la meta hacia fin de año.

Un estudio publicado esta semana por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), muestra que finalizado el séptimo mes del año, el ejecutado fiscal muestra un déficit acumulado de $876.628 millones, lo que representa el 76% de la pauta de $1.142.100 millones comprometidos con FMI hasta septiembre (ver gráfico). El dato implica que hay motivos para creer que el cumplimiento de la meta del tercer trimestre está garantizado.

Un panorama similar surge al analizar los ingresos. Hasta julio los mismos ascienden a $8.994.418 millones, frente a una meta acumulada a septiembre fijada en $7.763.900. Significa que a finales de julio, la meta de ingresos del tercer trimestre ya está sobre cumplida en un 15% (ver gráfico).

El informe del CEPA advierte no obstante, que el esquema financiero está lejos de cerrarse con holgura. Por el contrario, el último trimestre del año es el que históricamente conlleva la mayor incidencia estacional del gasto, con lo cual Massa deberá seguir afinando el lápiz para mostrar buenos resultados en Washington de cara a 2023.

El estudio del CEPA detalla que “si el ritmo del déficit se comporta en lo que resta de 2022 como en los últimos 5 años, para cumplir la meta con el FMI se debería obtener una mejora fiscal de $343.564 millones de pesos adicionales”. Agrega que si en cambio el rojo fiscal se comportara como a fines de 2021 entonces “la reducción del déficit debería ser mayor, de $674.517 millones hasta fin de año”.

Un segundo informe publicado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), coincide en el diagnóstico. “De cara a lo que resta del año, el esfuerzo fiscal necesario para el cumplimiento de la meta fiscal debe ser del orden de 0,89 puntos porcentuales del PIB”, indica el documento. Agrega que “en plata, el esfuerzo fiscal que se requiere hacer entre agosto y diciembre de este año es del orden de $690.000 millones, a razón de $138.000 millones mensuales”.

En resumen, el ajuste acaba de comenzar. La tijera del gasto seguirá pasando fuerte en lo que resta de 2022, y con ese telón de fondo, todas las luces apuntan al Proyecto de Presupuesto 2023 que el Poder Ejecutivo debe elevar al Congreso de la Nación el mes que viene.