Las implicancias económicas de incumplir un fallo de la Corte Suprema
El Presidente Alberto Fernández anunció ayer que no acatará el fallo del máximo tribunal que obliga a la Nación a devolver a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de coparticipación. Las derivaciones de la decisión pueden significar un altísimo costo para el país, que va mucho más allá de la disputa entre las provincias.
La semana pasada, el Presidente Alberto Fernández había dicho que desconocería el fallo de la Corte Suprema de la Nación.
En lo que promete ser un agitado fin de año político y jurídico, el Presidente de la Nación Alberto Fernández, anunció ayer que desconocerá el fallo de la Corte Suprema de la Nación que obliga al estado nacional a devolver a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la coparticipación federal de impuestos. La decisión tiene consecuencias económicas inmediatas y también en el futuro próximo.
En una entrevista que brindó ayer por la noche al canal C5N, el primer mandatario aseguró que «no queremos que ningún poder se arrogue funciones de otro poder. Lo que uno siente es que esto viene pasando constantemente con la Corte Suprema». Aseguró además «He tenido muchos fallos de la Corte, pero ninguno tan carente de fundamentación como este. La Corte confunde todo».
El Presidente anunció además que el gobierno nacional recusará a los magistrados del máximo tribunal a raíz del fallo, lo que anticipa una verdadera batalla jurídica de cara a 2023, en el inicio de la carrera electoral rumbo a la presidencia.
No obstante, las consecuencias económicas de no obeceder un fallo de la Corte Suprema de la Nación, son muchos más profundas que las políticas, y pueden significar un enorme costo futuro, incluso si es que el gobierno de Alberto Fernández dejara el poder a fines de 2023.
De inmediato, la noticia puede significar un golpe en las cotizaciones de los bonos argentinos. Los papeles soberanos que el país entregó a los inversores extranjeros en el canje realizado por Martín Guzmán a fines de 2021, tienen vencimientos que operan en 2027, 2030 y 2033. La pregunta de los inversores es quién puede garantizar el pago de la deuda, si el país se atreve a desobedecer a su máximo tribunal.
Las consecuencias económicas de no obeceder un fallo de la Corte Suprema de la Nación, son muchos más profundas que las políticas, y pueden significar un enorme costo futuro, incluso si es que el gobierno de Alberto Fernández dejara el poder a fines de 2023.
Sucede que en los mercados financieros, el no acatar un fallo de la Corte Suprema no se interpreta a título personal sino institucional. No es Alberto Fernández «el desobediente», sino el Poder Ejecutivo Nacional, y por lo tanto el país en sí mismo como institución.
A los ojos ajenos de los inversores, despojados de los detalles mezquinos de la politiquería local, lo que se pone en tela de juicio no es solo la capacidad de pago de Argentina, sino algo todavía más delicado: su voluntad de pagar.
En este sentido, es la decisión política de no acatar el fallo es clave de cara al futuro mediato. Sabido es que entre 2024 y 2026 comienzan los vencimientos más fuertes del canje de deuda llevado a cabo en 2021, y ya es una certeza que será necesario volver a re negociar con los bonistas.
El antecedente de la desobediencia al máximo tribunal será un fuerte argumento de los inversores extranjeros, que perciben la noticia como un mayor riesgo institucional en relación a la jurisdicción bajo la cual se emitan los bonos de un potencial nuevo canje de deuda.
La experiencia de la historia reciente, indica que eso a la larga puede significarle al país un altísimo costo financiero y legal en dólares. Basta con recordar el desenlace del juicio con los fondos buitre en el tribunal neoyorkino de Thomas Griesa.
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