Prohibieron a La Nueva Cooperativa de Seguros celebrar nuevos contratos en Argentina: el motivo

Desde la Superintendencia de Seguros de la Nación anunciaron que una reconocida empresa de seguros, La Nueva Cooperativa de Seguros, no podrá celebrar nuevos contratos en Argentina. Además, la decisión incluye la imposibilidad de realizar actos administrativos sobre inmuebles y vínculos de reaseguro. Los detalles del caso.

El caso se inició con la presentación tras la presentación de los estados contables en marzo. En estos documentos se evidenciaban una «situación financiera transitoria» y una incapacidad para ordenar los pagos de la compañía. Así fue como la aseguradora notificó un embargo bancario por más de 300 millones de pesos.

Esto llevó a que otros acreedores presentaran reclamos similares, lo que causó una caída significativa en la liquidez de la firma La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada.

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La prohibición para no celebrar más contratos de seguros en Argentina

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Como resultado, el 19 de mayo de 2025 la SSN impuso una inhibición general de bienes a la compañía, basándose en el artículo 86 de la Ley 20.091.

Esta medida fue ratificada el 28 de mayo al persistir las condiciones iniciales. Paralelamente, la Gerencia de Inspección inició una auditoría para verificar la situación patrimonial y financiera, pero la aseguradora no entregó la información básica solicitada, como libros contables, detalles de siniestros, balances, estado de juicios y autorizaciones para levantar el secreto bancario.

El informe de inspección reveló graves irregularidades administrativas en la empresa. Se detectaron sentencias impagas, reservas subestimadas para juicios y siniestros, inconsistencias en el pasivo judicial, deudas fiscales sin justificar y embargos activos.

Debido a estas fallas, la SSN no pudo determinar la situación financiera real de la aseguradora. Además, su balance mostraba una deuda con reaseguradores que no coincidía con las cifras para levantar restricciones de inversiones.

Un cálculo interno del organismo estimó que la compañía necesitaba un ajuste del 93% en sus reservas para cumplir la normativa, implicando un aumento de $4.473 millones, llegando a más de $4.800 millones, lo que afectaba su solvencia.

La SSN consideró estas anomalías y la falta de información como una «marginalidad normativa». En consecuencia, aplicó el artículo 86, inciso f) de la Ley 20.091, que permite tomar medidas cautelares para proteger a los asegurados.