Editorial del diario La Nación por el ataque a Río Negro: «Basta de violencia»

Los hechos de violencia contra el diario Río Negro, ocurridos esta semana, carecen de parangón. Por su gravedad, solo son asimilables al asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, acontecido en Pinamar el 25 de enero de 1997.

Intervinieron entonces elementos policiales y delincuentes comunes, en un contexto salpicado por las relaciones espurias entre el poder político y un empresario como el desaparecido Alfredo Yabrán, dureño de una exorbitante fortuna originada en negocios con el Estado. Aquel memorable asesinato constituyó un caso de típica colusión con la política que al día de hoy se replica, incluso engrosado, sobre el piso siempre sucio de la corrupción pública. Ahora se la quiere limpiar a la ligera, con la invocación absurda de doctrinas como la del lawfare, manipulada para desvirtuar investigaciones periodísticas inobjetables con el fin de destruir la Justicia independiente y garantizar impunidad.

Detrás de los gravísimos episodios en la sede central en la localidad de General Roca de la publicación afectada han estado elementos familiarizados también con actos de vandalismo motivados por intereses políticos y económicos, e imbricados con líneas oscuras del sindicalismo tradicional. La turba que dañó seriamente las instalaciones del diario colega, uno de los de mayor relevancia nacional, y que golpeó e insultó a dos de sus trabajadores, se alinea en el liderazgo, modesto pero iracundo, de Miguel Báez, de la Organización de Desocupados en Lucha (Odel).

Este subproducto de la militancia callejera se halla vinculado con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que se desasoció inmediatamente de los violentos hechos, condenándolos y solidarizándose con los empleados del colega atacado.

Otro tanto hizo la gobernadora Arabela Carreras, mientras las organizaciones representativas del periodismo nacional y regional, como la Sociedad Interamericana de Prensa, reclamaron con energía a tono con lo inaudito del fenómeno el rápido esclarecimiento del atentado y el sometimiento de los responsables a la Justicia.

Al violentar las instalaciones del medio rionegrino, los atacantes iban detrás de Luis Leiva, el cronista que no había hecho más que llevar el registro periodístico del affaire Báez. Horas antes de esos sucesos, la jueza de Garantías, Natalia González, había hecho cargos contra Báez por abuso sexual simple, a raíz de las denuncias realizadas por una empleada de ATE. Justo en momentos en que las cuestiones de género tienen una alta exposición en el país, una movilización abusiva de quienes responden al denunciado por abuso sexual ha estado, por lo demás, tan a contramano del nuevo espíritu como a la firme decisión de la sociedad para poner fin a la ola de femicidios.

Báez tiene viejas cuentas con la sociedad. En mayo de 2017 estuvo prófugo por habérselo vinculado con desmanes en los alrededores de la Legislatura de Viedma. Su organización ha sido señalada por lesiones físicas a autoridades policiales y por aprietes contra los propietarios de supermercados.

En vez de asumir un nombre más apropiado para grupos pacíficos, como habría sido el de “desocupados en busca de trabajo”, el grupo Odel, que responde a Báez ha notificado con todas las letras que su objetivo es la lucha y, por lo demostrado, una lucha delirante, sin límites, arrebatada al punto de dañar considerablemente las instalaciones de una empresa periodística, pretender cercenar la libertad de expresión y llegar al extremo de vejar a dos de sus trabajadores.

El diputado nacional Luis Di Giácomo ha dicho que Báez “es un delincuente” que “trabaja de desocupado”. Que haya delincuentes en las calles no extraña, dada la labilidad en la lucha contra el delito en todos los órdenes y el consiguiente florecimiento de la inseguridad pública, en particular en las áreas más pobres. Tampoco ha de extrañar que haya personas que exploten, a fin de no trabajar, la condición de desocupados para quienes conocen de sobra las historias de rechazo de ofrecimiento de tareas rentables, porque de lo contrario se perderían derechos que graciosamente asegura el Estado con los dineros públicos.

La Argentina ha quedado así reflejada de cuerpo entero en los gravísimos incidentes de General Roca. Exigimos de las autoridades provinciales y del gobierno federal que procedan sin demoras a detener a las cinco personas que ya fueron claramente identificadas como integrantes del grupo de choque, que garanticen la integridad del periodista Luis Leiva y que adopten medidas efectivas para evitar la repetición de episodios cuya tan inusitada gravedad ha producido ecos de asombro y condenas desde fuera del país.