Del invierno privado a la cobija estatal
La gobernadora Arabela Carreras tomó nota de la crítica situación sanitaria de Bariloche y anuncia medidas. Foto archivo.
La máxima representante del Estado repite desde hace semanas que -camino a la segunda ola de contagios de coronavirus- su objetivo es cuidar tanto la salud como la economía de los rionegrinos.
La primera paradoja que enfrenta la gobernadora es que mientras ella dice eso, los principales gremios que agrupan a los trabajadores del Estado le están pidiendo bajar el ritmo, para volver al esquema de presencialidad mínima e indispensable que regía hace un año.
Esa contradicción no hace más que graficar la distancia que existe entre el crudo invierno que ve llegar el mundo privado y el calor de la cobija que envuelve al universo estatal.
¿Es posible que unos estén pidiendo a gritos que no se limite su posibilidad de trabajar y otros desplieguen una batería de argumentos para volver a sus hogares?
Es posible. Y es así, porque quienes deben evitar abusos en los regímenes laborales del Estado perdieron la legitimidad mucho antes de la pandemia.
La desorganización del operativo de vacunación también ofreció atajos a los gremios. Ahora todos piden una dosis para quien deba cumplir una tarea presencial. Un reclamo legítimo, pero no exento de la responsabilidad de ubicarse en tiempo y espacio.
Poco de eso se observó en el planteo del sindicato de trabajadores judiciales, que exigió mandar a dos tercios de la plantilla de ese poder a sus casas y para el tercio restante, que se garantice una vacuna y un “traslado seguro” a las oficinas para cada agente.
Cumplir con ese pedido implicaría destinar decenas de dosis a personas menores de 60 años, que pasarán su jornada laboral en edificios prácticamente despoblados y a las cuales además habría que pagarles la nafta o un taxi para que se movilicen.
Un desvarío, si se tiene en cuenta que Río Negro tiene todavía personal de salud y muchos mayores de 70 años sin inmunizar.
La Unter no llegó a ese extremo y tampoco reclamó abiertamente el cese del esquema de presencialidad que rige desde marzo, pero quedó a un paso.
Presentó el escenario sanitario provincial bajo un “desorbitante” aumento de los contagios y ante eso, Educación reaccionó rápido, con cifras. Entre los más de 250.000 trabajadores y alumnos de toda la provincia hubo 98 positivos de covid-19 durante el primer mes del ciclo lectivo y en ningún caso se dieron contagios -al menos sintomáticos- entre quienes integraban las burbujas de esas personas con la enfermedad.
Si hay coherencia política, el sistema educativo no debería tener grandes modificaciones en las próximas semanas.
El problema para el gobierno es que el debate sanitario se cruza con las discusiones salariales. El principal frente está hoy en el sector salud, que esta semana marcará la agenda con varias protestas.
Y allí se presenta una segunda paradoja. El mismo Estado donde florecen pedidos que afectarán la productividad, discute hacia dentro cuánto más dinero será necesario para pagar en tiempo y forma el 100% de los sueldos. Y el sector privado, que debe seguir tributando para que ese Estado pague salarios, permanece en vilo porque no sabe si la próxima medida que tomen para “cuidar” será el tiro de gracia para sus esperanzas de seguir viviendo de su trabajo.
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