El letargo del Estado mediador
El país vive un recrudecimiento de conflictos de distinto tipo, situación que todo indica se mantendrá, ante un Gobierno dividido, procastinador y que parece haber desertado de ejercer la función mediadora, promotora de la paz social y de defensa de la legalidad del Estado.
Las condiciones para un aumento de la conflictividad se suman: una inflación acelerada que estimula la puja distributiva por la pérdida de ingresos, un programa de ajuste que incluye suba de tarifas y restricciones del gasto, un sindicalismo fragmentado con sectores radicalizados, entre otras. Ante esto, un gobierno descoordinado que vacila y demora su intervención hasta que los hechos se desbordan, desnudando poca capacidad de varios ministros y una política de seguridad confusa y fragmentada.
Así, destacaron el conflicto salarial en la industria del neumático que paralizó la producción y afectó a todo el sector automotriz, un acampe piquetero ante Desarrollo Social, una golpiza de gremialistas de Camioneros a directivos de una fábrica, un corte de ruta terminado violentamente por barrabravas, un paro de estatales que paralizó vuelos a pesar de que ya se había accedido al reclamo, un ataque a balazos a cara descubierta a juzgados federales de Rosario por narcos y el avance de la ocupación de tierras en Villa Mascardi a cargo de encapuchados bajo la bandera de reivindicaciones mapuches, que incluyó un ataque humillante a una fuerza de seguridad federal.
Ante estas situaciones, el presidente evitó pronunciarse salvo referencias genéricas, delegó las respuestas en sus ministros, que oscilaron entre el diálogo, la presión, los contactos informales y la denuncia de la “politización” de los reclamos. La inacción llevó a acciones directas y situaciones de violencia que afortunadamente no produjeron víctimas de consideración, pero que rápidamente pasan al olvido y no tienen consecuencias para los agresores. Es cierto que, como señaló este diario, los salarios de los trabajadores privados formales (y más aún los informales) han sufrido un derrumbe desde julio y eso genera presiones para una reapertura general de las paritarias en varios sectores.
Nuestra Constitución y las leyes avalan el legítimo derecho de huelga y a la protesta, pero no habilita al bloqueo violento de fábricas, el perjuicio a sectores no implicados en el conflicto o las agresiones salvajes, con total impunidad. El peronismo busca diferenciarse de lo que denomina las “recetas de la derecha” que “sólo recurren a la represión”, pero al mismo tiempo muestra incapacidad para anticipar, prevenir y mediar en los conflictos, un letargo que envía un mensaje peligroso a la sociedad: quienes tengan mayor capacidad de daño, audacia y usen estrategias forzando la legalidad son recompensados.
La situación en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, ilustra esta inacción. Las fuerzas de seguridad y la Justicia han sido incapaces de frenar una ocupación, realizada según la Provincia por no más de 20 personas, que desde hace cinco años se extiende sin prisa pero sin pausa. Desde 2017 no ha habido inteligencia, anticipación ni mediación eficaces, y cuando se reprimió se hizo de la peor manera: mataron al joven Rafael Nahuel. La Justicia se limita a “constatar” agresiones y ocupaciones, formula cargos y define medidas que luego nadie aplica. En la última oleada de avance, los gendarmes optaron por replegarse y no intentaron repeler una agresión. No está claro si por orden superior o por instinto de preservación: si la trifulca hubiera terminado con un encapuchado herido no saben si hubieran tenido respaldo jurídico y político.
Mientras los violentos reciben toda la atención, los relevamientos y las regularizaciones de tierras de las comunidades pacíficas siguen con escasos avances de Nación y de las provincias.
Así, el “Estado presente” deserta del espacio público y deja en manos de la buena voluntad, la fortuna o la acción directa de los involucrados la resolución de los conflictos.
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