La peor corrupción
Las internas de cada campaña electoral revelan el peor costado de nuestra dirigencia política. Esto quedó evidenciado en los últimos días, cuando se ventilaron manejos turbios y abusos de poder en las políticas sociales, que en vez de atender las urgentes necesidades de la población más vulnerable son gigantescas cajas recaudadoras para los partidos, dilapidando valiosos recursos estatales.
A nivel nacional, la semana culminó con una imputación del fiscal Guillermo Marijuan a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y al secretario de Economía Social, el dirigente piquetero Emilio Pérsico, por la aplicación del plan más cuestionado, el Potenciar Trabajo, que pretende ayudar a quienes quedaron al margen del mercado laboral a subsistir y a reinsertarse en el sistema.
Un entrecruzamiento de datos realizado por la Afip (controlada por el kirchnerismo) y “filtrado” a la prensa reveló que casi 250.000 beneficiarios tenían irregularidades: algunos habían fallecido; otros compraron dólares; tenían casas, embarcaciones o autos Okm y pagaban el Impuesto a los Bienes Personales o contrataban costosos sistemas de medicina prepaga. La primera reacción ante tal estafa para gente que atraviesa situaciones de indigencia fue suspender los pagos y analizar incompatibilidades, pero fue diluyéndose con el correr de las horas de la mano de los cruces políticos y la protesta de movimientos sociales. La ministra redujo los casos con problemas a 3.000, pidió “no estigmatizar” y relativizó el pedido inicial de levantar el secreto fiscal a quienes tienen cuestionamientos.
En los últimos años los dos principales programas, el Potenciar Trabajo y las Políticas Alimentarias (que entrega la tarjeta Alimentar) concentran casi el 90% de los fondos por $900.0000 millones del presupuesto de Desarrollo Social y están controlados por el Movimiento Evita y La Cámpora, respectivamente. Una cifra menor es manejada por Barrios de Pie, la CTEP de Juan Grabois y agrupaciones de izquierda trotkista.
Esta “tercerización” del Estado ha colaborado en el descontrol sobre la cantidad de beneficiarios y potencia abusos como el clientelismo, el pedido de “retornos” o la obligación de ir a las marchas. En Potenciar Trabajo, el 80% de las ayudas depende de un funcionario que es, a la vez, dirigente de la principal organización beneficiada. Maneja un presupuesto superior al de varias provincias.
Pero la “descentralización” no tuvo mejores resultados, como lo prueba la causa de estafas con planes sociales que investiga la Justicia en Neuquén. Como reveló este diario, un grupo de exfuncionarios y empleados de Desarrollo Social desvió al menos $63 millones del “Subsidio Provincial para la Desocupación Laboral”. La maniobra consistía en que a los beneficiarios les depositaban $49.500; les retenían la tarjeta de débito y la clave; otras personas retiraban todo el dinero de los cajeros del BPN, pero sólo entregaban entre 3.000 y 10.000 pesos al titular del beneficio. El resto, quedaría para los empleados o funcionarios o, la principal sospecha, financiaría la campaña del oficialismo. La investigación reveló manejos discrecionales y falta de controles. Hasta ahora hay 20 imputados, pero poco se avanzó en la responsabilidad política.
Los planes sociales nacieron como un “parche” a la catastrófica situación social que dejó la crisis de 2001. Sin embargo, las políticas públicas desde entonces han sido incapaces de generar el empleo genuino y no paran de crecer. Según un estudio de Idesa, en la última década la población en edad laboral creció en 3 millones, pero un ínfima porción accedió a un puesto privado registrado. Un 25% halló trabajo en el Estado, el 43% está auto-empleado o en la informalidad y un 32%, desocupado.
Mientras, una dirigencia política incapaz de generar condiciones para crecer con estabilidad y modernizar las instituciones laborales para generar empleos de calidad, no duda en usar fondos orientados a los más vulnerables como fuente ilegal de financiamiento partidario y arma política para arrojar a sus adversarios.
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