Presidentes en el banquillo

La dura condena a 27 años de prisión al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado de 2021 sacudió a la política del gigante sudamericano, cada vez más dividido políticamente, y tuvo repercusiones en toda la región, donde según sea el alineamiento político de cada fuerza o dirigente se expresaron a favor o en contra de la sentencia.

Que un expresidente sea sentado en el banquillo de los acusados no es una rareza en América Latina. Según un relevamiento del politólogo Angel Arellano publicado recientemente en el sitio Diálogo Político, desde 1970 a la fecha al menos 25 expresidentes de toda la región fueron sometidos a procesos judiciales, con resultados diversos: imputaciones, procesamientos, e incluso condenas de cárcel.

Las acusaciones han ido desde enriquecimiento ilícito, sobornos, vínculos con el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos o intentos de golpe u autogolpe de Estado.

Los procesos judiciales no distinguen signo político y cubren todo el espectro ideológico.

Los casos más recientes van desde izquierdistas como Rafael Correa (Ecuador) o Evo Morales (Bolivia) a derechistas como Álvaro Uribe (Colombia), Ricardo Martinelli (Panamá) o Bolsonaro (Brasil). Perú es quizás el caso más extremo: los últimos seis presidentes han sido destituidos o investigados judicialmente por corrupción o abuso de poder.

En nuestro país el caso más reciente y resonante fue la confirmación de la condena en la causa Vialidad a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple hoy prisión domiciliaria. Pero también antecesores y sucesores como Alberto Fernández, Mauricio Macri, Fernando de la Rúa y Carlos Menem enfrentaron procesos judiciales, algunos cerrados y otros en pleno desarrollo. La actual administración de Javier Milei también es objeto de investigaciones.

La característica común más llamativa que destaca Arellano, y otros especialistas en temas de corrupción, es que en casi la totalidad de los casos las investigaciones, tras largos y tortuosos caminos, llegan a etapas decisivas en general cuando los mandatarios dejan la Casa de Gobierno, revelando sistemas judiciales débiles y dependientes de los vaivenes de las relaciones de poder.

Tener poderes judiciales permeables a las presiones políticas y saber que los encumbrados solo enfrentan consecuencias cuando ya no tienen poder afecta la confianza ciudadana en las instituciones y es “muy corrosiva para la democracia” concluye.

En Brasil, por ejemplo, el hecho de que el actual presidente Inacio Lula Da Silva fuera primero enjuiciado, encarcelado y luego absuelto por irregularidades procesales antes de regresar al gobierno, hace que la actual condena a Bolsonaro sea recibida por una parte importante de los brasileños con sospechas y escepticismo. Para algunos es un fallo ejemplar que fortalece la democracia brasileña. Para sus partidarios, es un caso de “lawfare” con motivaciones políticas evidentes .

Uno de los periodistas de investigación más destacados e imparciales de Argentina, Hugo Alconada Mon, se ha mostrado tan conforme como escéptico con la reciente condena a Cristina Kirchner, ya que considera que existe un “doble rasero” judicial para abordar casos según el color político y la posición de poder del involucrado. Y dice que, pese a las condenas, existe una “matriz de corrupción e impunidad” estructural que trasciende a los gobiernos y no ha sido desmantelada. “No importa quién ocupe la Casa Rosada, los mismos empresarios y operadores siguen funcionando”, advirtió recientemente.

El debilitamiento y cooptación de organismos de control como la Auditoría General de la nación(AGN), la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Investigaciones Financiera (UIF) o la Oficina Anticorrupción (OA) ha sido una característica común de distintas administraciones, sin distinción.

La lucha contra la corrupción y los abusos de poder en la región requiere de una prensa activa, crítica y libre de presiones políticas, una justicia independiente y ágil con mecanismos de control ciudadano que investigue denuncias en todo momento, gobiernos realmente comprometidos con la transparencia y sobre todo una ciudadanía activa y participativa, para que el ejercicio del poder no sea sinónimo de impunidad sino de servicio y rendición de cuentas.