Una reforma inteligente

El Gobierno nacional se apresta en estos días a acelerar el proceso de reformas, fusiones y recortes en organismo públicos, última etapa de un proceso que comenzó el año pasado con la Ley Bases, que le otorgó facultades extraordinarias para reformar dependencias del Estado creadas por ley. Esta última parte afectará entidades muy vinculadas con el sector productivo o con servicios básicos como la salud y el transporte, por lo cual organizaciones y especialistas reclamaron que se apliquen criterios ecuánimes y una visión estratégica a la hora de realizar las modificaciones.

El ministro de Transformación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, ya adelantó hace días que no buscará renovar las atribuciones extraordinarias otorgadas por la ley aprobada a mediados de 2024 y que caducan el próximo 8 de julio.

Por ello, adelantó que buscará acelerar y profundizar la reestructuración y el cierre de organismos en las próximas semanas para reducir el gasto y “eliminar burocracia innecesaria”. Esta política le ha permitido al Gobierno reducir un 10% del empleo público nacional y ahorrarse unos US$1.885 millones, según sus propias cifras. La baja del déficit fiscal y la reducción de la inflación han generado importante apoyo ciudadano a estas políticas.

Sin embargo, el revuelo social generado por los recortes y bajos salarios en el hospital Garrahan, que atiende a niños de todo el país, mostró también que la tolerancia pública a la “motosierra” en el Estado está encontrando límites. Algo que el propio oficialismo parece haber admitido, porque después de un fuerte discurso culpando a los “psicópatas del kirchnerismo” por “inventar curros” y “dibujar empleados”, tuvo que reconocer que pagar menos de 800 mil pesos a profesionales que trabajan 70 horas semanales y hacen guardias de 24 horas para atender niños en riesgo no era lo correcto.

Otra muestra fue el importante respaldo sectores productivos agropecuarios, agroalimentarios y agroindustriales al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), destacando su rol clave en la investigación, desarrollo e innovación del sector, sobre todo en las economías regionales, ante las críticas de Sturzenegger, que consideró excesivos los 6.000 empleados y la importante flota de vehículos del organismo.

El discurso de la “motosierra” oficial se asentó en una enorme frustración de los argentinos con las políticas económicas de los gobiernos anteriores, que expandieron el gasto sin criterios de racionalidad, utilidad social ni sustentabilidad fiscal. Dependencias del Estado fueron “loteadas” entre facciones partidarias y se crearon organismos descentralizados que podían contratar personal, cobrar al público y gastar sin rendir cuentas. Verdaderas “cajas de la política” que generaron capas de burocracia que ideaban regulaciones que, más que ayudar, entorpecían al sector privado y complicaban al ciudadano común, que no recibe servicios de calidad en salud, educación, seguridad e infraestructura.

También dentro del sector privado, que a menudo se adaptó a criterios corporativos, encontrando nichos de ganancia sin competir, donde la inversión, el riesgo empresario y la eficiencia fueron reemplazados por la negociación con el poder de turno, en perjuicio de los consumidores.

La propuesta de ajuste radical suena atractiva entre quienes buscan eficiencia y menor intervención del Estado, pero cuando estos procesos se realizan sin planificación, criterio estratégico ni consenso político y social, pueden tener efectos aún más perjudiciales que los males que se proponen resolver.

No basta con cortar o cerrar lo que se considera superfluo, se necesita capacidad para reconstruir la economía sobre bases institucionales sólidas y un crecimiento estable, que aleje a la Argentina de los clásicos ciclos de “stop and go” que la han caracterizado en las últimas décadas.

Sin dudas que el Estado requiere modernizarse y racionalizar su gasto. Las nuevas tecnologías brindan poderosas herramientas para tener claridad sobre sus activos y gestionarlos de forma ágil y enfocada en las necesidades de la población.

También se necesita estabilidad política: la reforma del Estado no es tarea de un gobierno sino de varias administraciones que le den fortaleza, calidad institucional y previsibilidad.