“El abuso de poder es cosa de todos los días”
El poder o autoridad reside en el pueblo, que en las democracias representativas republicanas, como la prescripta en el artículo 1º de nuestra Constitución nacional, lo delega en representantes para afianzar la justicia, consolidar la unión nacional y promover el bienestar general entre otras rigurosas condiciones impuestas como límite a la acción de los que ejerzan alguna de la tres funciones en que se divide el gobierno en una república: la conducción y manejo del Estado, el dictado de leyes y la administración de justicia. Como dije, ese poder delegado no es absoluto sino que está sujeto a restricciones que cuando son excedidas se incurre en abuso, un delito del derecho penal y una grave falta al ejercicio del rol atribuido; por ello, la infracción cuando ocurre está sujeta a sanciones criminales y disciplinarias. No obstante es común utilizar los bienes del Estado en beneficio propio por miembros de la administración pública nacional y provinciales; invocar el carácter de legislador para resolver el despido de una trabajadora que osó tratar al señor diputado como un simple y común mortal, o encubrir por jueces y fiscales a justiciables con fuertes y aceitados contactos con el poder y elegir un perejil arbitrariamente que ocupe su lugar en la prisión. Ese abuso de poder es cosa de todos los días y pone de manifiesto una democracia devaluada, degradada por la corrupción –nos hemos ganado el primer lugar entre los países más corruptos de Latinoamérica– que, alentado desde algunos medios televisivos en forma grosera, nos ha transformado en una republiqueta bananera. Pensaba en el momento en que asistí sorprendido a la expropiación de YPF dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia cuando la Constitución Nacional es clara cuando exige para que la expropiación se materialice que la misma se resuelva por ley del Congreso e indemnización previa. También recordé que asistí por televisión a las ominosas sesiones de senadores y diputados nacionales donde sancionaron el pacto con Irán que dejó impune el atentado de la AMIA. Tanto la señora presidenta como gobernadores varios no han tenido límites para utilizar lujosas aeronaves del Estado para todo tipo de usos estrictamente privados. La Justicia omite aplicar en sus decisiones las garantías del debido proceso y de defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sin que jueces y fiscales sientan la necesidad de dar ninguna explicación a tan grave transgresión. Cada una de las conductas descriptas precedentemente constituye abuso de poder y se adoptan con absoluta naturalidad, lo que afectan gravemente derechos y garantías de un pueblo lleno de carencias, sin trabajo, humillados con subsidios que son limosnas, sin educación ni salud, donde sus niños son asesinados y violados impunemente. Por eso me atrevo a llamar la atención de los que mandan, instando a que acabe el abuso y que de una vez por todas con seriedad y convicción el bienestar general sea realidad en este territorio argentino. Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947 Zapala
Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947 Zapala
El poder o autoridad reside en el pueblo, que en las democracias representativas republicanas, como la prescripta en el artículo 1º de nuestra Constitución nacional, lo delega en representantes para afianzar la justicia, consolidar la unión nacional y promover el bienestar general entre otras rigurosas condiciones impuestas como límite a la acción de los que ejerzan alguna de la tres funciones en que se divide el gobierno en una república: la conducción y manejo del Estado, el dictado de leyes y la administración de justicia. Como dije, ese poder delegado no es absoluto sino que está sujeto a restricciones que cuando son excedidas se incurre en abuso, un delito del derecho penal y una grave falta al ejercicio del rol atribuido; por ello, la infracción cuando ocurre está sujeta a sanciones criminales y disciplinarias. No obstante es común utilizar los bienes del Estado en beneficio propio por miembros de la administración pública nacional y provinciales; invocar el carácter de legislador para resolver el despido de una trabajadora que osó tratar al señor diputado como un simple y común mortal, o encubrir por jueces y fiscales a justiciables con fuertes y aceitados contactos con el poder y elegir un perejil arbitrariamente que ocupe su lugar en la prisión. Ese abuso de poder es cosa de todos los días y pone de manifiesto una democracia devaluada, degradada por la corrupción –nos hemos ganado el primer lugar entre los países más corruptos de Latinoamérica– que, alentado desde algunos medios televisivos en forma grosera, nos ha transformado en una republiqueta bananera. Pensaba en el momento en que asistí sorprendido a la expropiación de YPF dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia cuando la Constitución Nacional es clara cuando exige para que la expropiación se materialice que la misma se resuelva por ley del Congreso e indemnización previa. También recordé que asistí por televisión a las ominosas sesiones de senadores y diputados nacionales donde sancionaron el pacto con Irán que dejó impune el atentado de la AMIA. Tanto la señora presidenta como gobernadores varios no han tenido límites para utilizar lujosas aeronaves del Estado para todo tipo de usos estrictamente privados. La Justicia omite aplicar en sus decisiones las garantías del debido proceso y de defensa en juicio consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional, sin que jueces y fiscales sientan la necesidad de dar ninguna explicación a tan grave transgresión. Cada una de las conductas descriptas precedentemente constituye abuso de poder y se adoptan con absoluta naturalidad, lo que afectan gravemente derechos y garantías de un pueblo lleno de carencias, sin trabajo, humillados con subsidios que son limosnas, sin educación ni salud, donde sus niños son asesinados y violados impunemente. Por eso me atrevo a llamar la atención de los que mandan, instando a que acabe el abuso y que de una vez por todas con seriedad y convicción el bienestar general sea realidad en este territorio argentino. Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947 Zapala
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