El arma judicial

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Los integrantes del entorno del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, daban por descontado que el juez federal Norberto Oyarbide ordenaría su procesamiento no porque lo creyeran el capo de una “asociación ilícita” responsable de haber organizado una red de espionaje sino por suponer que el magistrado, calificado de “corrupto e impune” por Elisa Carrió, es en efecto un operador político kirchnerista. A juzgar por las declaraciones que han formulado distintos dirigentes opositores, incluyendo algunos que, como Carrió, no tienen demasiados motivos para querer a Macri, muchos comparten dicha opinión. Puede que el consenso opositor de que Macri ha sido víctima de una maniobra inescrupulosa urdida por el ex presidente Néstor Kirchner con el propósito de eliminarlo de la próxima carrera presidencial se modifique si la Cámara Federal opta por confirmar la decisión de Oyarbide, pero aun así la mayoría seguiría convencida de que el gobierno de los Kirchner, como el de su amigo venezolano Hugo Chávez, está aprovechando su poder sobre la Justicia para perjudicar a rivales en potencia. No sería la primera vez que lo hiciera; en vísperas de elecciones importantes, tanto Enrique Olivera del ARI como Francisco de Narváez del peronismo disidente tuvieron que enfrentar denuncias fabricadas por operadores oficialistas. Según parece, el berenjenal en que Macri se ve atrapado es consecuencia de su papel como miembro de un clan familiar poderoso cuyo patriarca, Franco Macri, está librando una especie de guerra contra su yerno, Néstor Leonardo, y de su voluntad, para muchos inexplicable, de nombrar al cuestionado ex comisario Jorge “el Fino” Palacios como jefe de la nueva Policía Metropolitana. Combinadas, la reyerta familiar y la incesante interna policial han producido una mezcla que amenaza con resultarle tóxica, ya que no le será del todo fácil salir indemne de la situación en que se ha visto metido. Por lo pronto, Macri está ganando en el terreno político merced a la reputación nada envidiable de Oyarbide y la conciencia de que los kirchneristas no están habituados a respetar las reglas propias de una democracia republicana, pero así y todo el que hasta sus simpatizantes hayan atribuido sus problemas a su ingenuidad y su incapacidad al parecer congénita de elegir colaboradores idóneos para ocupar puestos clave no lo ayudará a recuperarse del revés que acaba de sufrir. Si bien Macri insiste en que sigue pensando en las elecciones presidenciales previstas para octubre del 2011, tal y como están las cosas parece poco probable que logre figurar entre aquellos con posibilidades de triunfar. Además de hacer tropezar a Macri, este episodio ha servido para desprestigiar todavía más a la Justicia nacional. Que un personaje tan polémico como Oyarbide haya podido cumplir un rol protagónico en una serie prolongada de causas de alto cargo político, como la supuesta por el enriquecimiento vertiginoso, pero en opinión del juez perfectamente lícito, del matrimonio gobernante, ha sido sumamente negativo para el país porque significa que una proporción elevada de los fallos que tienen repercusiones políticas será imputada a factores extrajudiciales comenzando, claro está, con la lucha del ex presidente por conservar cueste lo que costare el poder que ha sabido construir. Los Kirchner y sus partidarios más fervorosos no lo entenderán, pero una de las razones principales por las que la Argentina sigue perdiendo terreno en el mundo consiste precisamente en la subordinación de la Justicia a los intereses políticos y materiales de la camarilla dominante de turno. Mientras no haya seguridad jurídica, porque es de ella que se trata cuando la mayoría presume que en última instancia los fallos de los jueces dependen de su voluntad de congraciarse con el poder, o, en ocasiones, de advertirle de que no le convendría dejar de respaldarlo, el país no podrá desarrollarse de forma sostenible de tal manera que consiga ir reduciendo las muchas lacras sociales causadas por décadas de desgobierno. Así, pues, el cariz que ha tomado el caso de Macri –y también de Oyarbide y Kirchner– es un síntoma más de la enfermedad política que ha mantenido postrado el país desde hace muchísimos años y que, por desgracia, parece destinado a continuar debilitándolo por muchos años más.