El caso Pou

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La razón por la cual en tantos países es inamovible el presidente del banco central es muy sencilla: se trata de una forma de impedir que «los políticos» se las ingenien para dotarse de la posibilidad de imprimir más dinero toda vez que se les ocurra. En un país como el nuestro, célebre por la hiperinflación fomentada por políticos irresponsables, es necesario respetar esta regla a rajatabla. Por eso es positivo que Pedro Pou haya tenido la fortaleza de carácter para resistirse a la ofensiva en su contra de una amplia gama de políticos y, siempre y cuando no se encuentre evidencia irrefutable de que ha colaborado voluntariamente con lavadores de dinero, es de esperar que queden en la nada los intentos de sus enemigos, actualmente encabezados por los integrantes de la comisión bicameral que acaba de exigir su remoción, de desplazarlo antes de setiembre del 2004.

Hasta ahora cuando menos, las únicas acusaciones serias que se han formulado contra Pou han tenido que ver con el lavado de dinero. Como es natural, los miembros de la comisión han hecho hincapié en ellas, pero muchos sospechan que sus problemas se deben menos a su eventual desprolijidad que a sus diversos pecados políticos: es «menemista», se ha pronunciado en favor de la dolarización y, últimamente, ha sido blanco de las críticas del ministro de Economía, Domingo Cavallo, por su rigidez monetarista. Es de suponer que de haberse tratado de alguien de perfil menos antipático, los preocupados por el lavado de dinero en el país hubieran estado más dispuestos a darle el beneficio de la duda, reconociendo que en ningún país, ni siquiera en Estados Unidos, es fácil identificar en seguida a las instituciones bancarias prestigiosas que se hayan abstenido de investigar con el vigor deseable las transacciones de clientes importantes.

Por motivos sin duda coyunturales, Cavallo se ha puesto a intentar convencer a Pou de la conveniencia de modificar ciertos artículos de la Carta Orgánica del Banco Central para que el sistema financiero se haga más líquido. Como ambos entenderán, tales episodios son típicos de la relación de un gobierno resuelto a impulsar el crecimiento económico y un jefe del banco central cuya preocupación principal tiene forzosamente que ser la salud de la moneda. En algunas ocasiones, los directores del Banco Central optan por ceder porque les parece válido el planteo del político, pero en otros rehúsan colaborar por entender que los cambios propuestos podrían resultar negativos. Aunque algunos insistirán en que los políticos son representativos mientras que los banqueros sólo expresan su propia opinión, una vez aceptada la autonomía del Banco Central como la mejor manera de disciplinar a los políticos, tales argumentos, que se repiten a menudo en virtualmente todos los países significantes, no vienen al caso.

Para los políticos y, sobre todo, para uno como Cavallo que ha hecho de la vehemencia y las iniciativas sorprendentes su marca de fábrica, convivir con un banquero central conservador que se niegue a prestar atención a factores que otros consideran decisivos, puede resultar sumamente frustrante. Pero, por fortuna, el propio Cavallo ha afirmado que le es obligatorio respetar la autonomía del Banco Central, sin duda porque es consciente de que las ventajas que le supondría la presencia de un personaje más flexible a cargo de la moneda serían no sólo pasajeras sino también muy pequeñas en comparación con el precio que a la larga el país tendría que pagar. Puede que estén en lo cierto aquellos que dicen que la actitud de Pou ha sido demasiado restrictiva y que al país le convendría contar con un Banco Central más flexible, pero es innegable que durante su gestión se ha fortalecido notablemente un sector bancario que antes se había encontrado entre los eslabones menos confiables de la cadena financiera nacional, con el resultado de que a pesar de que el país se ha acercado al borde de una convulsión económica en gran escala no se han producido corridas de ninguna clase, logro éste que merece el máximo respeto. En cuanto a las denuncias que sí podrían costarle su trabajo, formularlas ha sido fácil pero por lo pronto no han prosperado los esfuerzos por probarlas para que no queden dudas de que su eventual remoción se habrá debido exclusivamente a su mala conducta.