El crimen politizado

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De acuerdo con las estadísticas disponibles, según las pautas latinoamericanas la Argentina sigue siendo un país relativamente seguro, ya que hasta en las zonas más peligrosas del Gran Buenos Aires se registran menos delitos violentos que en Venezuela, México o ciertas ciudades brasileñas. Con todo, pocos días transcurren sin que se produzcan crímenes horrendos perpetrados por sujetos a quienes no les importa en absoluto la vida ajena o, a veces, la propia, como el doble homicidio que acaba de motivar una pueblada en la localidad bonaerense de Cañuelas. Asimismo, en distintas partes del país, entre ellas las provincias de Santa Cruz y Chubut, se ha difundido la sensación de que en cualquier momento el activismo político y sindical, en especial el protagonizado últimamente por “los dragones”, podría desatar un estallido de violencia parecido a los que oscurecieron las etapas más nefastas del pasado. Por lo demás, como suele suceder cuando el tema de la inseguridad se convierte en una prioridad ciudadana, ya son muchos los que están cayendo en la tentación de procurar aprovecharlo políticamente, atribuyendo el presunto aumento de la delincuencia a los errores, de comisión o de omisión, de sus adversarios. Así, pues, voceros del gobierno nacional, en especial los vinculados con La Cámpora, dan a entender que la violencia que desde hace años es rutinaria en el conurbano bonaerense se debe a la pésima gestión del gobernador Daniel Scioli, mientras que por su parte los funcionarios provinciales insinúan que en la raíz de las dificultades está la mala voluntad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que, además de hostigarlos continuamente por motivos netamente políticos, se niega a entregarles los fondos que precisarían para mejorar el desempeño de las fuerzas de seguridad. También es motivo de crítica la resistencia de la presidenta a aludir a la inseguridad que, lo mismo que la inflación, encabeza la lista de preocupaciones ciudadanas. Huelga decir que los intercambios de este tipo entre políticos de idearios distintos no contribuyen a convencer a nadie de que los responsables de proteger a la ciudadanía de los delincuentes estén realmente interesados en cumplir con su deber. Por el contrario, sirven para brindar la impresión de que lo que más quieren es que otros paguen los consabidos costos políticos de una situación que para muchos es apenas soportable. Por desgracia, no existen soluciones fáciles para el problema mayúsculo planteado por el delito. Aun cuando hayan acertado quienes lo atribuyen a factores como los supuestos por la desigualdad económica, la pobreza, la corrupción, las deficiencias notorias del sistema educativo, el consumismo desenfrenado o la presencia cada vez más visible de narcotraficantes, algunos procedentes de países como Colombia y México, es decir a las características de la sociedad actual, tales explicaciones no ayudan mucho puesto que lo que están reclamando los alarmados por lo que está sucediendo son respuestas inmediatas. Asimismo, a esta altura nadie ignora que dar más poder a la Policía o a la Gendarmería entrañaría el riesgo de estimular una epidemia de asesinatos imputables al “gatillo fácil”, mientras que pedirles a los jueces actuar con mayor severidad sería inútil a menos que una política de tolerancia cero se viera acompañada por un aumento sustancial de las inversiones en nuevas instituciones carcelarias, una opción que pocos elegirían en un período de vacas flacas como el que está iniciándose. Sería positivo que el gobierno nacional, los provinciales y los líderes de las agrupaciones políticas más importantes reconocieran que el desafío planteado por la inseguridad ciudadana transciende las fronteras partidarias e ideológicas, para entonces intentar adoptar una estrategia conjunta que no dependería de las vicisitudes electorales, pero parecería que prefieren subrayar sus diferencias a llamar la atención a sus eventuales coincidencias, intensificando así la sensación de que, con muy escasas excepciones, los dirigentes políticos, lejos de estar dispuestos a hacer un esfuerzo genuino por solucionar los problemas concretos que afectan a todos, sólo piensan en los beneficios que podría suponerles manifestarse tan angustiados como el que más por los crímenes que, por algunos días, acaparan la atención del público.