El designado fiscal anticorrupción era deudor incobrable del BPN

NEUQUEN (AN)- El designado fiscal anticorrupción, Pablo Vignaroli, es deudor del Banco Provincia de Neuquén y del Banco Hipotecario. Hasta julio de este año figuraba como “irrecuperable” en los registros del Banco Central de la República Argentina por un total de 88.800 pesos, pero ayer el funcionario aseguró a “Río Negro” que “refinancié y me puse al día”. Como consecuencia de estas deudas, a Vignaroli -quien fue elegido para investigar los delitos cometidos por funcionarios públicos- le decretaron el remate de su vivienda y se le declaró una inhibición general para vender o gravar sus bienes. Sobre este tema dijo que ambas cuestiones “están sin efecto”. El fiscal dijo que su situación patrimonial no le impedirá investigar las causas que involucren al BPN. “Nadie me hizo ningún favor. Tengo una deuda como cualquier persona y solucioné mis problemas por la vía que corresponde” (ver aparte). De todas maneras, se reinstala el debate sobre los magistrados “vulnerables” por sus deudas con la casa crediticia provincial, que ya se dio cuando el juez Roberto Abelleira tuvo que decidir sobre la situación del gobernador Jorge Sobisch en la causa de la cámara oculta (ver aparte). Vignaroli ofrece otro flanco. Es pública su amistad con Fernando Ghisini, asesor del ministerio de Seguridad y Trabajo y, en algunas causas, abogado personal de Luis Manganaro. En la fiscalía que ocupará, hay varios expedientes en las que se investiga a Manganaro, ex presidente del BPN. Su esposa, en tanto, tiene una cercana relación con la familia de Sergio Gallia. El senador nacional, ex intendente de Plottier y flamante aliado político de Sobisch, también está bajo la lupa de la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. El nuevo fiscal todavía no asumió en el cargo, pero ya fue designado por el Tribunal Superior de Justicia y no necesita acuerdo legislativo. Hasta ahora se desempeña como fiscal adjunto en Delitos Violentos contra la Propiedad. Su elección se produjo el pasado jueves 9 y fue reñida. En el Consejo Asesor, una especie de Consejo de la Magistratura de opinión no vinculante y de desteñida representatividad, Vignaroli cosechó dos votos: los de Eduardo Badano (quien lo tuvo como secretario cuando era juez de Instrucción) y de Alfredo Velasco Copello. No lo votaron en esa instancia ni los delegados de la Asociación de Magistrados, ni el fiscal del TSJ, Alberto Tribug. Y hubo tres candidatos que obtuvieron más adhesiones que él. Sin embargo, el TSJ lo eligió para reemplazar a Pedro Telleriarte en la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública. Votaron en su favor Jorge Sommariva, Roberto Fernández, Eduardo Badano y Arturo González Taboada. En soledad quedó Marcelo Otharán.

Las deudas

De acuerdo con la información que obtuvo “Río Negro”, la situación patrimonial del elegido presenta complicaciones. En 1997, Vignaroli y su esposa obtuvieron un crédito del BPN con el cual adquirieron la vivienda que ocupan en un barrio cerrado de Plottier. E incurrieron en un atraso importante. Según los datos recogidos por este diario, la cuota sería de menos de 730 pesos mensuales y el grupo familiar tiene ingresos superiores a los 4.000 pesos. De acuerdo con el expediente que se tramita en la secretaría de Juicios Ejecutivos 2, el 12 de octubre de 2000 se dictó una sentencia de remate por 42.888,46 pesos, y un embargo sobre el inmueble a pedido del acreedor que caduca el 28 de febrero de 2006. El 20 de setiembre de 2001, el juez Sergio Cosentino decretó la venta del inmueble en pública subasta, y se designó como martillera a Valeria Bonavita. Como fecha del remate se fijó el 15 de noviembre de 2001, con una base de 55.754,99 pesos. Sin embargo el acto no se cumplió por vigencia de la ley que suspendió las ejecuciones hipotecarias. La última novedad se produjo el 24 de noviembre de 2003, cuando se decretó “la inhibición general de vender o gravar sus bienes” contra Vignaroli y su esposa, de lo cual fueron notificados los registros de la Propiedad Inmueble y Automotor. En el sitio oficial del BCRA, el nuevo fiscal figura como deudor de los bancos Provincia de Neuquén (por 45.200 pesos) e Hipotecario SA (por 43.600 pesos). Está en “situación 5”, que la entidad define como: “irrecuperable”. Vignaroli dijo que esos datos están “desactualizados”.

“No me siento condicionado para investigar”

NEUQUEN (AN)- “Mi situación la tengo en cero, estoy limpio. Y no me siento condicionado para investigar, porque nadie me hizo ningún favor”. Así lo expresó ayer Pablo Vignaroli, designado fiscal anticorrupción, cuando fue consultado por “Río Negro” sobre sus deudas con los bancos Provincia de Neuquén e Hipotecario. Vignaroli explicó que “yo venía gestionando una refinanciación con la anterior administración del Banco Provincia pero nunca pude llegar a un acuerdo”. Añadió que “en febrero, con el cambio de autoridades, empecé a negociar de nuevo y llegué a un acuerdo. Me dijeron que iba a quedar en una situación normal”. -En la base de datos del Banco Central figura como deudor incobrable… -Eso está mal, yo estoy pagando las cuotas, se vé que no está actualizada la información. -La información es a julio de este año. -Justo en julio me puse en condiciones. -También le decretaron el remate de su casa y le declararon una inhibición sobre sus bienes. -La inhibición nunca fue efectivizada y el remate no se concretó porque se llegó a un acuerdo. Mi situación la tengo en cero, estoy limpio. -¿Esto no lo condiciona para investigar desde su nuevo puesto en la fiscalía de Delitos contra la Administración Pública? -No sé por qué me tendría que condicionar. Justamente llegué a esta situación porque nunca tuve una mano que me ayudara. De todos modos no soy más deudor moroso, los atrasos fueron negociados. Tengo una deuda como puede tenerla cualquier persona, y no estoy en mora. -¿También le debe al Hipotecario? -Ese fue un préstamo que me dio a través del Banco Provincia. Por un problema personal me atrasé, y cuando intenté reacondicionar mi situación el Hipotecario me mandaba al Provincia y al revés. Pero hoy estoy al día con eso también. -Su refinanciación coincide con su inscripción en el concurso para ser elegido fiscal, y su designación en el puesto, al menos temporalmente. Todo ocurrió casi en la misma fecha. -Sí, pero es una coincidencia casual, y no causal. Es algo que venía negociando desde hace años. Lo que me dio aire para refinanciar fue el cambio en la conducción del BPN, y eso fue antes de que me inscribiera en el concurso. -Usted comprende que su situación de deudor puede condicionarlo para hacer ciertas investigaciones. -No veo por qué. Los problemas los tengo solucionados, y no es que saqué la plata de ningún lado. Los solucioné por la vía que tenía que hacerlo, nadie me hizo ningún favor. Por la refinanciación estoy pagando una cuota cuatro veces superior a la que pagaría si estuviera al día.

Vulnerables

NEUQUEN (AN)- El debate sobre la vulnerabilidad de los magistrados neuquinos se instaló a comienzos del año pasado, cuando se conoció que el juez Roberto Abelleira le debía 172.000 pesos al Banco de la Provincia de Neuquén. En esa época, Abelleira tenía que decidir el futuro de la causa de la cámara oculta, en la que está involucrado el gobernador Sobisch y en la que el BPN aparece mencionado varias veces. Por ese motivo, el abogado de Jorge Taylor, Juan Manuel Salgado, recusó al magistrado. Recordó que el año anterior se había excusado de intervenir en un expediente contra el BPN porque le provocaba “violencia moral” investigar a su acreedor. Sin embargo, Abelleira no se apartó de la causa de la cámara oculta y en un tiempo récord la archivó. La información oficial sobre la situación patrimonial de funcionarios y magistrados judiciales es casi nula, y nunca forma parte del debate entre quienes tienen a su cargo la evaluación de los antecedentes en el momento de una designación. Tampoco se considera otra clase de situaciones, como la procesal. Por ejemplo en el Tribunal Superior de Justicia fue designada este año una contadora que tiene una causa penal en su contra con pedido de indagatoria. Se trata de Marta Cernaz, quien está siendo investigada por presuntos manejos irregulares de fondos cuando trabajó en el Iadep. A esta funcionaria, designada en el área de Administración del TSJ, también se la investiga por una presunta doble percepción ya que simultáneamente habría sido designada en el área del ministerio de la Producción. El decreto que la nombra para cumplir funciones en el programa Proda es el número 331 del 12 de marzo pasado. Cernaz dijo a este diario que nunca firmó el contrato que la vincularía con el organismo.