El fiscal que puso fin a la impunidad militar

La trayectoria de Julio Strassera, el fiscal de la Cámara Federal que logró condenar a los principales integrantes del régimen militar que se llamó el “Proceso” a reclusión perpetua por los crímenes aberrantes cometidos en el marco de un plan represivo preparado de antemano, reflejó la de buena parte del país. Como tantos políticos, funcionarios judiciales, profesionales y otros, Strassera, que falleció el viernes pasado, había colaborado con el Proceso por entender que, dadas las circunstancias, no había ninguna alternativa realista mejor, pero terminó repudiándolo al darse cuenta de los horrores que se habían perpetrado en su nombre. Aunque una vez restaurada la democracia muchos trataron de convencerse de que la dictadura militar había sido una anomalía, algo radicalmente ajeno al país, la verdad es que tenía raíces muy profundas en la cultura cívica nacional, raíces que no han sido extirpadas por completo. Después de todo, la metodología antiterrorista adoptada por los militares fue sólo una versión más sistemática de la ideada y puesta en marcha por el gobierno del presidente Juan Domingo Perón y, hasta desprestigiarse el régimen militar debido al fracaso de su política económica seguido por la derrota en la Guerra de las Malvinas, contaba con la aquiescencia de buena parte de la población. Si bien Strassera jamás procuró figurar como un héroe intachable de los derechos humanos, le molestaban mucho los esfuerzos de personas como Néstor Kirchner y su esposa por atribuirse tal rol: como dijo en una ocasión, durante el Proceso el matrimonio santacruceño se había limitado a aprovechar las oportunidades que le brindaba para “hacer plata”, sin preocuparse en absoluto por el destino de aquellos a quienes más tarde tratarían como compañeros de lucha. Sucede que hay una diferencia muy grande entre los que se animaron a enfrentar a los militares cuando aún estaban en condiciones de asesinar a quienes se les oponían y los que iniciaron su “militancia” en tiempos de paz sin correr riesgos significantes. En los primeros años de la democracia recuperada, cuando el presidente Raúl Alfonsín decidió impulsar un juicio sin precedentes, las Fuerzas Armadas aún constituían un poder fáctico capaz de sublevarse contra el orden establecido, detalle éste que demasiados propenden a pasar por alto, y los hombres que protagonizaron el juicio a las Juntas no podían confiar en que había llegado a su fin la época de los golpes castrenses. Por el contrario, tenían motivos de sobra para temer que los militares, tal vez encabezados por los carapintadas, pronto volvieran al poder. Con todo, aunque ya parece poco probable que el país vea más regímenes castrenses, siguen presentes las condiciones que, entre 1930 y 1982, hicieron que personas de mentalidad democrática como Strassera, además de casi todos los integrantes de la clase política de aquel entonces, los tomaran por un fenómeno quizás lamentable pero natural. Amplios sectores de la sociedad comparten actitudes autoritarias. Es muy fuerte la tendencia a subordinar el eventual respeto por la legalidad a los intereses de agrupaciones políticas determinadas. También lo es la propensión a interpretar la realidad en términos ideológicos, minimizando la importancia de crímenes cometidos por aliados o amigos, como en el caso de exterroristas, y exagerando la malignidad de los perpetrados por los calificados de enemigos. Para que sea algo más que una expresión de deseos el célebre “nunca más” pronunciado por Strassera al finalizar su alegato en contra de los máximos responsables de la violación sistemática de los derechos humanos durante el Proceso (fue una traducción de la consigna acuñada por los alemanes para subrayar su voluntad de impedir que hubiera más genocidios equiparables con el Holocausto), será necesario que la cultura política nacional se libre de los elementos no democráticos. Muchos, alentados por “la marcha del silencio” del 18F en que centenares de miles de ciudadanos, de una gran variedad de opiniones políticas y lealtades partidarias, protestaron contra lo que temían era un intento de politizar la Justicia, de tal modo desvirtuándola, creen que el país está haciéndose más democrático y más republicano. Hay que esperar que resulten tener razón.

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