El gobierno se comprometió a reincorporar a los despedidos

NEUQUEN (AN).- Presionado por un fallo de la justicia, el gobierno provincial se comprometió ayer a reincorporar a los empleados públicos despedidos por decreto a partir del cambio de gobierno de 1999. Ahora el gremio de los estatales (ATE) va por más: espera obtener en favor de los cesanteados 2.692.000 pesos en concepto de salarios caídos, daños y perjuicios.

Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia que se conocieron el miércoles pusieron en jaque a los funcionarios de tercer y cuarto nivel que fueron los intimados a retomar a los despedidos bajo amenaza de cobrarles, de sus bolsillos, una multa de hasta 50 pesos por día.

Con la novedad del fallo, ayer los despedidos se apostaron frente a la Casa de Gobierno y consiguieron una reunión con el subsecretario general de la Gobernación, Rodrigo Salvadó, que rubricó el acta por la que el gobierno se comprometió a acatar la decisión de la justicia.

En diálogo con “Río Negro”, Salvadó aclaró que el gobierno recién fue notificado recién ayer por la tarde.

Mariano Mansilla, uno de los abogados que representa a 132 de los 300 cesanteados, indicó que “la intención es que los 2.692.000 los paguen los funcionarios y el gobernador, porque no puede ser que los malos actos administrativos los paguemos todos los neuquinos”.

Una de las primeras decisiones que tomó Sobisch cuando asumió en diciembre del 1999 fue despedir a unos 300 empleados estatales contratados e incorporados a planta permanente durante la gestión precedente de Felipe Sapag.

De los despedidos, alrededor de 200 iniciaron acciones legales ante el TSJ para conseguir la reincorporación inmediata hasta tanto fuera resuelta la legalidad del decreto del gobernador. En octubre pasado, la justicia determinó que los despedidos fueran reincorporados en forma precautoria.

El gobierno propuso entonces a los despedidos ser reincorporados, pero en planta política -no permanente- y que a cambio de que desistan de las acciones legales iniciadas. Mientras tanto, el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, apeló la medida cautelar.

Por unanimidad los vocales del TSJ no aceptaron la apelación y advirtieron que se estaba incumpliendo una orden anterior de la Justicia. Por eso, en una ratificación del primer fallo, impusieron la multa (astreintes) personal a los funcionarios por cada día que pase sin que los empleados fueran reincorporados.

Mansilla explicó que quedan dos herramientas más en caso de que el gobernador no reincorpore a los despedidos. Una de ellas es iniciarle una causa penal por incumplir un fallo judicial, la otra es un juicio político.

La Alianza cuestiona al fiscal de Estado

NEUQUEN (AN) – Los diputados provinciales de la Alianza están convencidos de que el tiempo les terminó dando la razón respecto de la capacidad profesional para ser fiscal de Estado de Raúl Gaitán, que acaba de ser duramente criticado por el Tribunal Superior en una sentencia.

“Como legisladores que año a año debemos aprobar en los presupuestos sumas millonarias para el pago de juicios contra el Estado, denunciamos que por haberse desoído los serios cuestionamientos formulados oportunamente por el bloque de la Alianza se está provocando un grave perjuicio al erario público, que como siempre no será pagado por los responsables sino por el conjunto del pueblo neuquino”, escribieron los diputados en un comunicado.

Gaitán logró el acuerdo legislativo gracias al apoyo de los seis legisladores del PJ, que entendieron, igual que el oficialismo, que el fiscal de Estado debe tener “simbiosis” con el gobierno. La Alianza dijo entonces que el propuesto no reunía las condiciones.