El gobierno vuelve a la carga con el arraigo docente

NEUQUEN (AN) – El intendente de San Patricio del Chañar, Leandro Bertoya, presentará públicamente el martes un proyecto de ley de «arraigo docente», que elevará a la Legislatura con el respaldo del municipio. Será la tercer iniciativa de este tipo impulsada por el oficialismo.

Los dos intentos anteriores de calificar a los maestros según su lugar de residencia se llevaron a cabo durante la primera y segunda gobernación de Jorge Sobisch y concluyeron con una declaración de inconstitucionalidad por parte de la justicia provincial.

El proyecto elaborado por Bertoya, del que se conocerán los detalles el martes, iba a ser presentado oficialmente hace dos semanas pero, a último momento, el intendente resolvió postergar el anuncio «hasta que se resuelva el conflicto docente».

La idea de regular el arraigo docente en la provincia no es nueva y las dos resoluciones anteriores para poner en práctica este sistema de valoración, sancionadas en 1993 y en 2002, fueron declaradas inconstitucionales por el TSJ (Tribunal Superior de Justicia).

En ambos casos, Jorge Sobisch era el gobernador de la provincia y la iniciativa fue duramente atacada por el gremio ATEN.

Esta vez, el proyecto no surgió desde la conducción del CPE (Consejo Provincial de Educación), sino que es impulsado por un gobierno municipal vinculado con el oficialismo.

En 1993, cuando el titular de Educación también era Mario Ever Morán, se planteó una polémica en el seno de la docencia por una resolución del CPE a la que se conoció como «ley de arraigo». El debate llegó hasta el TSJ, que terminó declarando inconstitucional a la norma.

La resolución 140/93 establecía que, sobre el puntaje otorgado por las juntas de clasificación, el mecanismo de arraigo otorgaría prioridad a los docentes con más de 2 años de residencia en Neuquén.

En mayo de 2002, durante el discurso de apertura de las sesiones de la Legislatura, Sobisch anunció la firma de un decreto que reflotaba la ley de arraigo docente, profundizand su alcance.

El decreto 656/02 indicaba que se otorgaría un puntaje mayor al correspondiente por capacitación a los docentes egresados de los institutos neuquinos, a los graduados en escuelas de nivel medio provinciales y a los residentes en Neuquén por más de cuatro años consecutivos.

Antes de llegar hasta el máximo tribunal, la cámara de Apelaciones ordenó frenar la norma por considerarla viciada de «arbitrariedad, discriminación indebida y consiguiente inconstitucionalidad».

En un controvertido fallo, los jueces Lorenzo García y Luis Silva Zambrano plantearon su oposición a «todo criterio de selección o prelación que otorgase preferencia a un novel egresado de una escuela neuquina o residente en la provincia. ..».

Sin embargo, el gobierno apeló el dictamen de la cámara y el entonces titular del CPE, Mario Pilatti, emitió una resolución para aplicar el nuevo mecanismo de selección en la inscripción de aspirantes a cargos docentes de ese año. Luego, el TSJ declaró una vez más que el arraigo docente es inconstitucional y el secretario debió dar marcha atrás con la medida