El impuesto maldito

Dijo una vez Benjamin Franklin, el prócer norteamericano cuyo rostro aparece en el billete de 100 dólares, que “en este mundo sólo hay dos cosas seguras: la muerte y pagar impuestos”. Pues bien: mientras que los admiradores más exaltados de la presidenta fantasean con una “Cristina eterna”, muchos sindicalistas hablan como si a su entender fuera terriblemente injusto que los trabajadores tuvieran que pagar más impuestos. No es que sean contrarios al ya abultado gasto público. Lo que les motiva indignación es que sus afiliados se vean obligados a aportar una proporción creciente de su salario para financiarlo, de ahí la campaña, respaldada por muchos opositores, que están librando contra Ganancias. Como señalan líderes sindicales, como el caudillo de los camioneros Hugo Moyano, debido a la inflación muchos, que hasta hace poco no eran alcanzados por aquel impuesto, suben de categoría al recibir un aumento salarial, privilegio que, en términos reales, les significa la reducción de su ya exiguo poder adquisitivo. Tienen razón los sindicalistas, claro está, pero el problema principal no consiste en las eventuales arbitrariedades del régimen impositivo sino en la expansión sumamente rápida del gasto público. Aunque parecería que la mayoría, de inclinaciones estatistas, quiere que el gobierno gaste más, mucho más, en programas sociales, obras de infraestructura y en pagar más a una legión cada vez más numerosa de empleados públicos, no le gusta para nada el que asalariados que apenas logran llegar a fin de mes tengan que suministrar una parte del dinero necesario. En su opinión, deberían encargarse de los costos los ricos, sobre todo los productores del complejo sojero y las grandes empresas mineras. Se trata de una idea atractiva pero, incluso en un país como el nuestro que siempre ha dependido de la exportación de productos agrícolas y materias primas, para que un Estado de bienestar, por precario que sea, consiga financiarse, no tendrá más alternativa que la de intensificar la presión impositiva sobre la población, tanto directamente, a través de Ganancias, como indirectamente, con el IVA y la inflación. Es paradójico que, si bien tantos se han convencido de que Ganancias es sinónimo de despojo y que por dicho motivo son reacios a pagarlo, pocos han protestado abiertamente contra el crecimiento explosivo del gasto gubernamental. No ven ninguna contradicción entre su propio deseo de que el gobierno sea más solidario y que el Estado, criticado por “ausente”, intervenga mucho más no sólo en la economía sino también en la vida de la gente, por un lado y, por el otro, su propia resistencia a ayudar a darle los recursos necesarios. Con todo, el que para muchos sea doloroso pagar Ganancias es el mérito principal del impuesto así calificado porque sirve para recordarles que no hay nada gratuito en esta vida. De un modo u otro, la población en su conjunto siempre tendrá que pagar para que el gobierno pueda cumplir sus funciones indelegables y los miembros de la clase política nacional, que ha crecido mucho últimamente al sumarse a ella cohortes de jóvenes como los de La Cámpora, se mantengan en el estilo al que se han acostumbrado. Es por lo menos factible, pues, que de resultas de la rebelión impositiva sindical la ciudadanía comience a preocuparse mucho más por el destino del dinero que se ve constreñida a aportar al fisco, preguntándose si los servicios públicos brindados a cambio justifican el gasto y si es tolerable que personajes notoriamente corruptos sigan enriqueciéndose a costillas de los contribuyentes. Sin embargo, también es factible que, como ya es tradicional, la mayoría persista en desvincular los impuestos que de un modo u otro ha de abonar de lo que hacen con el dinero tanto el gobierno nacional como los provinciales y los municipales. La negativa, que es típica de culturas sociopolíticas populistas, de amplios sectores a reconocer que el dinero recaudado es de todos, no sólo del gobierno de turno, está en la raíz de la prolongada decadencia del país. Mientras no se modifique dicha situación, los sucesivos gobiernos continuarán apropiándose de cuanto puedan para gastarlo “construyendo poder” a base de redes clientelares, de tal manera asegurando que la Argentina siga siendo un país en que la retórica política tiene muy poco que ver con lo que efectivamente sucede.

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