El incumplimiento de los pactos preexistentes

La euforia pactista parece haber resurgido en los últimos días, al calor de las diferentes versiones que hablan de un probable «pacto social» del que nadie sabe a ciencia cierta su diseño definitivo.

Habrá que admitir que desde 1820 hasta la actualidad si hubo algo en la Argentina, fueron pactos. Para todos los gustos. Algunos revisten importancia y hasta se los menciona en el Preámbulo de la Constitución, otros fueron un pretexto para contar con una foto y su intrascendencia fue tal que ni siquiera se preocuparon en derogarlos. Lo que equivale a decir que jurídicamente están vigentes, aunque nadie los cumpla.

Hace casi medio siglo, las bases del peronismo en la clandestinidad se conmovieron ante las versiones de un pacto entre Juan Domingo Perón y el candidato de la UCRI, Arturo Frondizi. Con preocupación, el dirigente textil Andrés Framini se contactó con el exiliado líder justicialista para interiorizarse. Perón intentó tranquilizarlo: «Me extraña, Framini, ¿acaso no sabe que uno firma pactos para no cumplirlos?» No pueden quedar dudas de la escasa propensión que históricamente tuvo la dirigencia de todo signo en cumplir con los compromisos firmados.

No hay que ir muy lejos para encontrar un ejemplo. En 1993, los gobiernos nacional y provinciales firmaron un pacto fiscal que, entre otras medidas, disponía el reemplazo de los impuestos a los Ingresos Brutos y a los Sellos por nuevos tributos. El pacto fue modificado varias veces, pero esa disposición sigue vigente. Basta revisar la composición de los ingresos tributarios de cada provincia para comprobar su incumplimiento.

Once años después, Nación y provincias vuelven a pactar. Esta vez una serie de compromisos en el marco de la ley de Responsabilidad Fiscal, de cuyo cumplimiento el propio gobierno nacional se encargó de excluirse al presentar cuarenta días después el proyecto de Presupuesto 2005. Cuesta configurarse un escenario en el que estén conformes todas las partes, cuando ni siquiera se sabe cuántas partes tomarán partido. Si hace 34 años parecía suficiente (a posteriori es fácil decir que no fue así) reunir al gobierno, la CGT y la CGE, hoy la representación sectorial está mucho más fragmentada. Por otra parte, si el acuerdo incluye a los empleados públicos, no será una sorpresa que los gobernadores también se sumen.

Como en toda instancia previa a una negociación, las partes buscan alcanzar la mejor posición posible. En ese contexto hay que ubicar los recientes reclamos de algunos gremios por la reapertura de las paritarias, casi seis meses antes de la finalización de la vigencia de las actuales, en atención al marcado deterioro salarial que se percibe en todas las actividades. Será difícil convencer a la representación sindical por más dócil y oficialista que fuere de la autenticidad de los índices inflacionarios oficiales a la hora de entablar una discusión salarial. De igual manera, gobierno y banqueros se verán en un problema para establecer si las tasas de interés reales son positivas o negativas, así como los comerciantes deberán demostrar en los hechos que los precios acordados de sus productos se corresponden con la realidad. Son las consecuencias de la manipulación de las estadísticas que sirven como parámetro para las discusiones de un pacto social, por ejemplo.

Siempre está a mano la posibilidad de retomar la vieja tradición de firmar un pacto para que no se cumpla. O considerar seriamente por una vez que la tarea de gobernar no requiere de pactos providenciales.

MARCELO BÁTIZ (*)

DyN