El Ipross recurrió a la Defensoría por sus fondos

VIEDMA (AV).- El Ipross reconoció una deuda de casi 59 millones de parte del Estado provincial. Este reclamo contempla una deuda histórica pero lo más preocupante lo constituye que la conducción de la obra social recurrió a la Defensoría del Pueblo para que «sean atendidos en tiempo y forma los problemas de salud de la población» de Río Negro.

Ese requerimiento fue reconocido ayer por la Defensora del Pueblo, Nilda Nervi en una resolución en la que advirtió a los ministros José Luis Rodríguez (Economía) y Alejandro Betelú (Salud y Desarrollo Social) sobre «sus deberes funcionales» que le imponen asegurar el derecho a la salud. Ese recordatorio también alcanzó al secretario de Salud, Mario Rivoire, a la vez, que informó al Fiscal de Investigaciones Administrativas, Carlos Malaspina ya que quedaron en evidencia las retenciones no transferidas por parte del Estado.

La funcionaria resaltó que «es imperioso finalizar con el ya espinoso camino del afiliado, impiadosamente, desatendido». Pero, el dato más preocupante que consigna está referido a que la propia conducción del Ipross pide la intervención de la Defensoría para que «sean atendidos en tiempo y forma los problemas de salud de la población, que en gran parte está a cargo de ese instituto».

Según la resolución de la Defensora, la presidente de la obra social, Nancy Bertola admitió una deuda cercana a los 59 millones por aportes personales y patronales. El organismo de control resaltó que «los descuentos no son transferidos a la obra social» lo que supone la existencia de «una conducta impropia por parte del estado provincial, que tendrá que ser corregida», ya que se «trata de un bien a proteger como lo es la salud».

La Defensora actuó a partir de «varios reclamos para regularizar el funcionamiento del Ipross, desde colegios médicos que quieren cobrar hasta afiliados que piden la normalización de las prestaciones». Nervi también habló que Bertola y el vocal gremial, Omar Tejedor solicitaron su intervención ante la preocupante situación financiera del Ipross que «repercute desfavorablemente en la calidad y continuidad de la atención que reciben los afiliados».

En las fundamentaciones, la funcionaria recordó la evolución del Ipross y cuestionó la aplicación del sistema capitado porque es «un corsé a la autonomía del Ipross» y somete al «afiliado a un sistema cerrado, hermético, y ajeno a su obra social».

Recordó que «la fuente más importante de financiamiento corresponde al sector pasivo y los voluntarios» ya que los descuentos «de los haberes del sector activo no son depositadas en tiempo, cantidad y forma por el estado provincial».

Aludiendo a datos proporcionados por Bertola, la Defensora informó como monto pendiente de ingreso al Ipross por parte de la provincia -a octubre pasado- la suma de 58.922.980,40 por aportes personales y patronales de los organismos provinciales, incluidos los tres poderes».

«Lentamente desaparece»

La Defensora del Pueblo consideró en su resolución que «resulta inocultable que el Ipross ha perdido su capacidad operativa» y, más adelante, concluyó que la obra social «lenta y penosamente va desapareciendo».

La funcionaria comunicó de la situación a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a la espera que ese organismo accione en defensa de la obra social.

Además, entendió que «no existe argumento basado en las dificultades económicas que justifique la suspensión de la cobertura médico-asistencial y la provisión de medicamentos». Luego, resaltó que «no existe margen posible para dejar librado al ciudadano a merced de las políticas economicistas». También, Nervi expresó que las constituciones y las leyes reconocen a la vida y la salud como «derechos humanos esenciales que no pueden ser violados en forma alguna, ni por particulares ni por parte del Estado y mucho menos por una situación económica en crisis de la que el afiliado no es responsable, sino víctima».

Finalmente, la Defensora mencionó a los ministros José Rodríguez y Alejandro Betelú, y el secretario Mario Rivoire que tienen «deberes funcionales» para asegurar el derecho a la salud y garantizar una «cobertura ininterrumpida de las prestaciones». Así, se recomendó que «arbitren las medidas conducentes para transferir los aportes que por distintos conceptos deben ingresar a los fondos del Ipross». (AV)

«Cacerolazo» en el Alto Valle

ROCA (AR).- Los gremios convocaron para mañana a un «cacerolazo» en el Alto Valle.

El reclamo -que coincidirá con la sesión legislativa- estará destinado a obtener mayor presupuesto para salud y educación, la implementación de «un precio sostén» para la fruta y el rechazo a cualquier posibilidad de que el ex ministro Daniel Sartor regrese al gabinete provincial.

En conferencia de prensa -que se llevará a cabo hoy en la sede de Unter Roca- los gremios de la Multisectorial convocarán a sumarse a la medida, que está prevista para mañana a las 20,30, en Tucumán y Roca de Roca. Igual convocatoria se realizará en la plaza San Martín de Cipolletti y la Plaza de los Próceres de Regina.

Por otra parte, los gremios pedirán a los diputados y senadores por Río Negro que reclamen mayor presupuesto para las universidades públicas . «También, se debe reclamar por mayor presupuesto para los sectores de la salud y la educación de la provincia, que no solo se deben traducir en aumentos salariales, sino también en equipamiento y la verdadera puesta en funcionamiento de hospitales y del Ipross» indicó Mateo Canosa, secretario de prensa de CTA.