El mito de la inmoralidad

Si los argentinos coinciden en algo, esto es que sus compatriotas no se destacan por su rectitud. Dan por descontado que -aparte de ellos mismos, claro- no son de fiar, porque por lo común son mentirosos y coimeros. Aunque es de suponer que a algunos no les gusta para nada el presunto desprecio por la ética así manifestado, parecería que los más lo toman por un rasgo simpático, por evidencia de que forman parte de una comunidad con buenos motivos para sentirse muy orgullosa de sus particularidades. Cuando semanas atrás un arzobispo, Carmelo Giaquinta, declaró que la Argentina está en ruinas porque sus habitantes suelen ser «fallutos, ladrones y groseros», fue criticado por su modo de expresarse, no por creer que el país está atiborrado de delincuentes miserables que, si bien no lo dijo, se las han arreglado para merecer que Dios o, en su ausencia, el mercado los castigara sin misericordia. De la misma manera, hace un par de años la opinión lapidaria del presidente uruguayo Jorge Batlle, sobre la maldad a su juicio congénita de todos sus vecinos rioplatenses sin excepción, no desató una ola de repudio indignado sino que, por el contrario, fue considerada perfectamente razonable.

Es más que probable que la mayoría se haya equivocado y que por su naturaleza y por su formación los argentinos no sean menos virtuosos que otros. Antes bien, abundan los indicios de que la mayoría quisiera que en su país la gente se mostrara tan respetuosa de las normas éticas como suelen ser el caso en Finlandia o Nueva Zelanda, aunque sólo fuera porque, como Giaquinta, entienden que la inmoralidad generalizada puede traer consecuencias trágicas. Con todo, a esta altura sería difícil negar que para muchos la llamada viveza criolla, esta variante picaresca de la deshonestidad sistemática, constituye una suerte de señal de identidad nacional.

¿A quiénes les conviene hacer creer que los problemas del país se deben en el fondo a la inmoralidad de casi todos sus habitantes y que sería vano esperar una «solución» hasta que suceda algo tan improbable como una revolución ética que los convierta en personas honradas? En primer lugar, a los políticos que, además de poder responsabilizar a una sociedad irremediablemente corrupta por sus propios fracasos, han conseguido hacer de sus compatriotas cómplices tácitos de sus fechorías. ¿Qué tendrían éstas de malo si de tener la oportunidad todos actuarían del mismo modo?

Por ser la Argentina una democracia formal en la que el destino de los políticos depende de la capacidad de sus respectivas maquinarias para succionar votos, es en última instancia legítimo culpar al electorado por las deficiencias de los gobiernos, pero esto no quiere decir que los profesionales de la política no hayan abusado de la credulidad y la voluntad de confiar en ellos de generaciones de votantes que les permitieron construir un sistema casi cerrado cuya evolución interna ya no refleja lo que quisiera la mayoría.

El que la clase política nacional haya conquistado un grado envidiable de autonomía es sin duda un fenómeno lamentable, pero no es otro invento criollo. Como acaban de recordarnos una serie de escándalos y los resultados de las elecciones paneuropeas que se celebraron hace un par de semanas, el Parlamento Europeo es tan corrupto y está tan alejado de la gente rasa como el Congreso argentino. La verdad es que en todas partes los políticos intentan separarse de los que en teoría tienen derecho a llamarlos al orden, pero que raramente están en condiciones de penetrar las defensas burocráticas, jurídicas e institucionales erigidas por sus representantes. También se suponen beneficiados por la idea de que los argentinos son fabulosamente inmorales los economistas de virtualmente todas las corrientes: si los habitantes de un país poseen cualidades únicas, es lógico que se hayan desbaratado esquemas geniales que en otras partes funcionarían muy bien. Por deformación profesional, los economistas son propensos a subestimar las dificultades que tendrían que superarse para que un país atrasado y poco productivo como la Argentina lograra desarrollarse.

No será suficiente concebir un «modelo» teórico satisfactorio para entonces limitarse a esperar que brinde los frutos deseados. Por magistrales que fueran las recetas macroeconómicas de los encargados de ensamblar el modelo, para que funcionara sería necesario tomar una multitud enorme de medidas microeconómicas, lo que, obvio es decirlo, supondría también una multitud comparable de batallas contra los muchos que se sienten comprometidos con intereses creados grandes y pequeños, algunos respetables, otros indignos. Fue por eso que los técnicos del FMI y de otras organizaciones comenzaron a preocuparse por la corrupción a fines de los años noventa, al resultarles evidente que en ciertas latitudes el «neoliberalismo» no había arrojado los beneficios previstos.

De todos modos, si los argentinos realmente fueran tan inmorales como tantos dicen, uno supondría que la Argentina sería un país sumamente pragmático en el que a la mayoría no le importaría un bledo las hipotéticas ventajas y desventajas morales de una medida determinada porque, en última instancia, lo único que contaría sería su eficacia. Este dista de ser el caso. Tanto la estrategia del gobierno de Néstor Kirchner como las posturas asumidas por casi todos los políticos suelen reivindicarse en términos netamente éticos.

Si la Argentina se niega a honrar sus deudas, es porque privilegiar a bonistas extranjeros por encima de los pobres locales sería inmoral. Aunque Kirchner sabrá muy bien que la opción no es tan sencilla, entiende que si logra transformarla en un dilema ético podrá contar con la adhesión de la mayoría. Asimismo, de tomarse al pie de la letra las palabras de los legisladores, los planteos a favor y en contra del envío de tropas a Haití se inspiraron exclusivamente en sus principios éticos.

A primera vista, la manía moralizadora de los dirigentes de un país presuntamente enamorado de la inmoralidad supone una contradicción, pero en el fondo refleja la conciencia de hasta los más hipócritas de la necesidad de tomar en cuenta el hambre de la mayoría por cierto liderazgo ético. Con todo, sería de presumir que la ciudadanía, ya habituada al cinismo de sus representantes, se mofaría de las pretensiones de quienes dan a entender que se sienten moralmente superiores a sus adversarios. ¿Es así? En absoluto.

Según parece, la mayoría quiere tanto escuchar a los dirigentes hablar como si fueran dechados de rectitud, que está más que dispuesta a aplaudirlos cuando lo hacen.

Los políticos le devuelven a «la gente» el favor: aunque se declaran tan seguros como el que más de que sus compatriotas sencillamente no entienden lo que podría ser la ética, a muy pocos se les ocurriría defender una postura que podría costarles votos señalando que a su juicio es la única que sea compatible con la honradez.

Entre los resultados de esta especie de pacto entre una ciudadanía que no confía para nada en sus propios representantes pero quisiera darles el beneficio de la duda y políticos que, por su parte, dicen creer que la sociedad ha experimentado una serie prolongada de colapsos morales, cada uno más estrepitoso que el anterior, está el país actual, aislado del «mundo» y en opinión de sus gobernantes mismos, nada «normal».

Si la Argentina fuera un país tan reñido con la ética como casi todos suponen, la mayoría estaría reclamando medidas netamente prácticas destinadas a permitirle reintegrarse al «mundo» cuanto antes.

Sin embargo, es tan fuerte la voluntad de achacar su condición calamitosa a la inmoralidad, que a los comprometidos con el orden tradicional les ha resultado fácil mantener a raya a los reformistas en potencia insinuando que, por tratarse en el fondo de una crisis ética, las medidas concretas que proponen no servirían para nada.