El 'no' de Saiz divide las aguas en Jacobacci: hay festejos y también protestas
Los empleados de Aquiline ocuparon las instalaciones del Concejo Deliberante.
INGENIERO JACOBACCI (AJ).- El gobernador Miguel Saiz le dijo 'no' a la minería con cianuro y dividió las aguas en un pueblo ya enfrentado por el tema: mientras los empleados de la empresa ocuparon las instalaciones del Deliberante para protestar, varios vecinos aplaudieron la decisión gubernamental (ver aparte).
Los empleados de Aquiline aseguran que la toma es en forma pacífica. La decisión del mandatario provincial de prohibir la utilización de cianuro en emprendimientos mineros en el territorio provincial causó un fuerte impacto en la comunidad jacobacina no sólo en quienes apoyan el proyecto, también generó cierto malestar en el radicalismo local que ayer se llamaba a la unidad.
Desde que comenzó a desarrollarse el proyecto Calcatreu los vecinos mantenían una postura apática. Sin embargo durante los últimos meses la situación cambió radicalmente y dividió a quienes están por el «sí a la mina» y los que se oponen en forma terminante.
La postura de rechazo expresada por Saiz el pasado viernes incrementó aún más la brecha entre los vecinos. Además, significó un fuerte revés para la empresa que, luego de presentar el informe de impacto ambiental y el proyecto de explotación el pasado 27 de mayo al Consejo de Ecología y Medio Ambiente de la provincia, descontaba su aprobación y se disponía a seguir con su objetivo de abrir una mina de oro a cielo abierto con utilización de cianuro a principios de 2006.
Pasada la medianoche del viernes, los treinta empleados que tiene la empresa le pidieron al presidente del Concejo Deliberante, Milton Mercado, realizar una sesión especial para tratar el tema. A la misma se le adjuntó la toma pacífica del edificio. A las 6.30 de la madrugada, minutos después de que se bajara del tren proveniente de Viedma, fue convocado el legislador Carlos Toro, quien el viernes cerca del mediodía en declaraciones a Radio Nacional Jacobacci dio la primicia sobre la decisión de Saiz.
Las explicaciones de Toro incrementaron la indignación de los empleados y directivos de Aquiline. «Carlos Toro nos dijo que el gobernador leyó las primeras tres hojas de un informe que tiene 1.500, encontró la palabra cianuro y tomó la decisión de rechazar el proyecto. Creemos que no es serio», sostuvo Javier Saade, uno de los trabajadores de la empresa Aquiline.
Más protestas
Los trabajadores amenazaron con tomar el municipio, cortar rutas o las vías del tren para defender sus puestos de trabajo y solicitaron la presencia del gobernador Miguel Saiz y todo su gabinete en Ja
cobacci para que explique los fundamentos que lo llevaron a rechazar el proyecto Calcatreu.
«Queremos que se haga presente en 24 horas junto a la intendente» , afirmaron.
Tres de los cinco concejales -dos de la UCR y uno del PJ- se solidarizaron con los trabajadores mediante un proyecto de declaración. También lo hizo el presidente del Tribunal de Cuentas, Oscar Rodríguez.
A las 10 de la mañana convocaron a la población a manifestarse a favor del proyecto.
En una reunión que se realizó en el Sindicato de Luz y Fuerza un poco más de medio centenar de vecinos escucharon la postura de los trabajadores, comerciantes y directivos de la empresa.
Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, el geólogo Carlos Cuburu, quien descubrió el potencial del proyecto Calcatreu en 1997, atribuyó la postura del gobernador a una cuestión política y la calificó como una «aberración jurídica.
Tenemos que esperar la notificación. No hay un dictamen técnico».
En otro momento de su exposición aseguró que «la documentación presentada merecía al menos un tiempo de 90 días que fue especificado por el Secretario de la Producción, Juan Accatino, cuando nos dijo hace tres semanas atrás, que por el grado de complejidad el análisis iba a demorar mucho tiempo más que el estipulado por la ley», afirmó el profesional.
Cuburu agregó que no se están cumpliendo las leyes instruidas por el gobierno provincial como la 3266 de Medio Ambiente, que establece 60 días de plazo para evaluar el proyecto.
Durante la tarde mientras algunos trabajadores y sus familiares permanecían pacíficamente en el Concejo Deliberante otros recorrieron los barrios buscando adhesiones a través de una junta de firmas.
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