El oficialismo quiere acelerar el juicio a la Corte

BUENOS AIRES – El diputado justicialista, José María Díaz Bancalari, miembro de la comisión de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, abogó ayer porque se maneje con «celeridad» dicha causa y que no se vuelva «interminable» el proceso contra los jueces.

Bancalari propició que «si hay elementos objetivos que no necesitan ninguna prueba para determinar alguna de las causales por la que se puede remover a los miembros de la Corte, avanzar en esas causas y las otras dejarlas en estudio».

En ese sentido, advirtió que «lo peor que puede ocurrir es que en el momento en debe procederse al juzgamiento, en la Cámara de Senadores, se abra un período de prueba donde concluyamos con un juicio interminable».

«Sería insoportable para la sociedad que desde la acusación se den elementos para que esto (el juicio político) se dilate hasta el infinito», opinó el legislador del PJ, en contacto con radio América.

Bancalari observó que «los integrantes de la Corte deben ser juzgados individualmente» ya que «la responsabilidad que cada uno tenga ante un mal desempeño es personal» aunque reiteró que «no estamos dispuestos a propiciar una causa interminable».

También estableció que «lo que se requiere en beneficio del sistema institucional, por respeto de la división de poderes, es alejar toda sospecha de conflicto o intereses políticos en la resolución de esta cuestión».

Precisamente, en los últimos días se difundió la inquietud del gobierno por la marcha del juicio contra la Corte, y que a ello se debió el reemplazo en la comisión del salteño Juan Manuel Urtubey por el propio Díaz Bancalari, cercano al duhaldismo.

Según trascendió esta semana, algunos miembros de la Corte habrían iniciado sus trámites jubilatorios, en una maniobra que podría desembocar en la renuncia al cargo de forma de evitar el juicio.

A esto se suma la intención del gobierno de apurar la jubilación de los jueces, a quienes ya se ha otorgado este beneficio, aunque ellos mismos decidieron seguir en actividad por diferencias salariales. En esta situación se encuentran la mayoría de los ministros del Tribunal, con excepción de Adolfo Boggiano.

Casualmente una de las acordadas objetadas y que es motivo de un pedido de juicio político es aquella por la cual la Corte declaró inconstitucional el inciso cuarto del artículo 99 de la Constitución.

Ese artículo de la Carta Magna obliga a tener un nuevo acuerdo del Senado para preservar la condición de juez al cumplir 75 años.

La acordada permitió a Carlos Fayt, hoy de 84 años, permanecer en su cargo sin pedir autorización al poder Legislativo.

Los próximos pasos

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados reanudará la actividad el próximo martes y analizarán entonces si piden pruebas adicionales a la documentación ya solicitada a la Corte Suprema sobre una decena de fallos y acordadas.

También evaluarán si convocan a algunos testigos y el mecanismo para incorporar los nuevos expedientes que siguen llegando con pedidos de juicio a los magistrados.

La investigación abierta el jueves pasado por la comisión, tras declarar «admisible» de juicio político a la Corte Suprema, se realiza en medio de un clima tenso luego de las declaraciones de las autoridades del Tribunal Julio Nazareno y Eduardo Moline O»Connor a un medio extranjero contra la decisión de los diputados. En este contexto, la Comisión de Juicio Político que conduce Sergio Acevedo continuará su tarea para avanzar en la etapa sumarial que se inició el viernes con el pedido de una decena de sentencias y acordadas, que serán la base para determinar si se puede llevar adelante una acusación de mal desempeño a los ministros de la Corte.

Por medio de un oficio se pidieron copias autenticadas de medidas controvertidas como el tramo de las sentencias de armas que permitió la liberación de Emir Yoma y de Carlos Menem, del corralito -hay dos fallos diferentes en un mes-, del rebalanceo telefónico y en el caso de Raúl Romero Feris, a quien la Corte permitió ser candidato pese a un fallo contrario de ese cuerpo en Corrientes.

También los diputados pidieron la acordada por la cual la Corte excluyó a los jueces de la obligación de cumplir la ley de Etica Pública en cuanto a las declaraciones juradas.

Además, los diputados planean visitar Tribunales para observar el voluminoso expediente sobre el atentado a la embajada de Israel, que dejó más de 20 muertos y centenares de heridos.

Con la documentación en la mano, los diputados tendrán que resolver si citan a testigos y cuales serán la bases para fundamentar la acusación.

La etapa sumarial deberá concluir con un descargo de cada uno de los acusados porque el juicio es a cada magistrado, algo que podrán hacer por escrito o en forma personal o evitar responder, un derecho que otorga el reglamento.(DyN/Télam)

Serrat encabezó una manifestación en apoyo al país

Barcelona, España (Télam-SNI).- Unas 1.500 personas participaron ayer de un «cacerolazo» por el centro de la ciudad española de Barcelona para denunciar la crisis económica argentina y para reclamar a las multinacionales que continúen invirtiendo en el país.

Organizada por «La Plataforma Catalana Unitaria de Solidaridad con el Pueblo Argentino», la marcha estuvo encabezada por el cantautor Joan Manuel Serrat, quien leyó un manifiesto de apoyo a la Argentina. Serrat manifestó que se siente «parte integrante del pueblo argentino y consecuentemente afectado por la situación que atraviesa el país, un lugar en el que he crecido como persona y artista, ya que voy a actuar allí desde hace 33 años».

La manifestación se inició frente al Consulado Argentino y finalizó con la lectura del manifiesto en la Plaza de Sant Jaume, en donde se encuentra la sede del gobierno regional de Cataluña.

En el manifiesto leído por Serrat se pide que las empresas españolas con intereses en Argentina «respeten las condiciones laborales y sociales de sus trabajadores y cumplan sus responsabilidades en este sentido».

Citan a Mestre por la represión

Buenos Aires (Télam).- La jueza federal María Romilda Servini de Cubría tiene previsto citar a declaración indagatoria a Ramón Mestre, ex ministro del Interior durante el gobierno de Fernando De la Rúa, en el marco de las investigaciones que se siguen por la muerte de cinco personas en la represión del 20 de diciembre.

La decisión de Servini de Cubría fue tomada ante una solicitud del fiscal del caso, Luis Comparatore, quien consideró que los dichos que vertió el viernes el detenido ex titular de la Policía Federal, Rubén Santos, involucran a Mestre en los hechos .

Según fuentes judiciales, Santos contó a la jueza que le pidieron que desalojara la Plaza de Mayo en la jornada del 20 de diciembre y, cuando se le preguntó quién había dado la orden, señaló al ex ministro del Interior como el responsable.