El país de la Corte Suprema

A juzgar por el texto del fallo de la Corte Suprema que confirmó la constitucionalidad de la ley de Medios, quienes lo escribieron creían que la Argentina era un país en que el gobierno, a cambio de una sentencia que lo favorece, estaría plenamente dispuesto a dejar de afectar la libertad de expresión “por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio” y se esforzaría por impulsar el pluralismo informativo. También esperaban que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) se despolitizara para que la ley no sea aplicada de manera discriminatoria. Por desgracia, el país al que aludían los miembros de la Corte Suprema que avalaron la ley de Medios es tan ficticio como el inventado por el Indec. No hay motivo alguno para prever que el gobierno kirchnerista modifique su estrategia mediática de privilegiar, con subvenciones cuantiosas, a los grupos que le son afines y castigar a todos los demás, privándolos de ingresos, con el propósito de hacerlos desaparecer. Desde el punto de vista de los kirchneristas, las manifestaciones de compromiso con la libertad de expresión, el pluralismo y diversidad formuladas por la Corte sólo reflejan la voluntad de los jueces de asegurar a sus eventuales críticos que actuaban de buena fe. Es legítimo argüir que el Grupo Clarín se ha hecho demasiado grande y que con frecuencia ha usado su poder financiero para asfixiar a medios más pequeños, pero nadie supone que la hostilidad rabiosa hacia el multimedios que sienten los kirchneristas más furibundos se haya debido a su hipotético deseo de estimular la competencia con legislación antimonopolista. Al fin y al cabo, no son “neoliberales”. Como los kirchneristas mismos –comenzando con Néstor Kirchner antes de su muerte prematura– se han encargado de subrayar, su prioridad ha sido aplastar un grupo periodístico enemigo y, mientras tanto, enviar un mensaje nada ambiguo a otros que podrían sentirse tentados a oponérseles. Es de prever, pues, que el gobierno procure sacar el máximo provecho del fallo redoblando su ofensiva contra el Grupo Clarín. Sería poco probable que el desmembramiento del grupo le sirviera para reconciliarse con el electorado, pero parecería que, para algunos “militantes”, la destrucción del multimedios sería más que suficiente como para hacer de la derrota electoral que sufrieron días antes de la difusión del fallo una anécdota olvidable. De todos modos, nadie puede suponer que la Afsca, cuyo titular es el izquierdista reciclado en kirchnerista Martín Sabbatella, sea un organismo neutral, apolítico, interesado en resistirse a las “indebidas interferencias, tanto del gobierno como de otros grupos de presión”, previsto por la Corte. Puede que Sabbatella no sea “un delincuente al servicio de la presidenta”, como dice la diputada Elisa Carrió que, para más señas, quiere verlo entre rejas, pero sería difícil pensar en una persona menos apropiada para el papel que le ha tocado desempeñar. Al procurar poner enseguida manos a la obra de desguace que el gobierno le ha confiado, irrumpiendo con su séquito en la sede de la empresa, Sabbatella brindó no sólo a opositores como Carrió, Mauricio Macri y Sergio Massa sino también al kirchnerista Gabriel Mariotto una oportunidad para atacarlo. Por su parte, los abogados de Clarín dieron a entender que episodios como el protagonizado por el funcionario podrían ayudarlos a demorar el desenlace a la espera de que cambios políticos por venir les permitan hacer valer sus derechos adquiridos. Para Clarín, a la larga, el que el gobierno haya politizado de manera tan grosera el conflicto debería resultarle ventajoso. Asimismo, aunque muchos políticos opositores también querrán ver reducida la influencia, a su juicio excesiva y a menudo perversa, que a través de los años ha tenido Clarín en la vida política del país, no es de su interés que los kirchneristas logren convertir lo que en buena lógica debería considerarse un triunfo menor en una victoria épica, razón por la que aprovecharán cualquier medida a su entender discriminatoria por parte de personajes como Sabbatella para desprestigiar al gobierno que, mal que le pese, no parece estar en condiciones de recuperarse de la paliza que acaba de proporcionarle el electorado.

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