El porqué del pedido de juicio político





VILLA REGINA (AVR).- El pedido de juicio político contra el intendente reginense, Luis Albrieu, y el fiscal municipal, Juan Carlos Giménez, se basa en una ordenanza por la cual se estableció el pago obligatorio para los frentistas para la ejecución de la obra de pavimento rígido sobre tres calles, que se financió en su totalidad con un aporte sin devolución por parte del Estado nacional. El titular del juzgado de Instrucción 20 de esta ciudad, Fabio Igoldi, presentó el pedido ante el Concejo Deliberante para lograr el desafuero de ambos funcionarios, quienes habían sido citados a prestar declaración indagatoria el 7 de febrero, pero se ampararon en sus fueros para no declarar en la causa en la que se les imputa incumplimiento de los deberes de funcionario público, y por la cual podrían ser sancionados con una inhibición especial para desempeñar cargos públicos. La causa se inició a partir de la denuncia que presentó el concejal de la Concertación, Víctor Frullani, que cuestionó que mediante una ordenanza dictada por el legislativo, la cual fue aprobada por unanimidad, se determinó el pago obligatorio para los frentistas por la ejecución de la obra de pavimento rígido, estableciendo un prorrateo tomando como base el 50 por ciento del presupuesto oficial por el cual se licitó la construcción. El recupero del porcentaje se destinó a un fondo para la ejecución de otras obras públicas. Frullani apuntó que al haber establecido un monto a recuperar inferior al monto por el que finalmente se adjudicó la obra, se causó un perjuicio para las arcas municipales, que recuperara un monto menor. La obra en cuestión es la de pavimento rígido para las calles 20 de Junio, Juan Bautista Alberdi y Lisandro de La Torre, cuya ejecución se acordó con el gobierno nacional en el 2006, momento en el que se presupuestó con un monto de 3,6 millones de pesos. Sin embargo la licitación para su construcción se hizo en el 2008, tomando como base el monto anterior. En el concurso se presentó una sola oferente con un monto superior al presupuesto oficial; motivo por el cual se requirió al gobierno nacional la adecuación del presupuesto, el cual se elevó a 4,8 millones de pesos, cubriendo de esta forma la margen de ganancia de la oferente. La totalidad del monto fue aportado mediante un subsidio sin devolución por parte del gobierno nacional. No obstante el Deliberante ya había sancionado la ordenanza para cobrar a los frentistas el 50 por ciento del presupuesto oficial, pero basado en el presupuesto inicial de 3,6 millones de pesos.

Es por el pago de una obra de asfalto


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