El pozo santacruceño

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Desde hace 17 años los interesados en nuestras extravagancias económicas están procurando descubrir lo que realmente sucedió con los más de 500 millones de dólares estadounidenses que había recibido la provincia de Santa Cruz al privatizarse YPF y que el precavido gobernador Néstor Kirchner había salvado del derrumbe financiero del 2001 depositándolos en el exterior. Puesto que las explicaciones oficiales sobre las maniobras financieras de los santacruceños no merecieron demasiada confianza, muchos sospecharon que de un modo u otro los Kirchner se las habían arreglado para trasladar el dinero, más los intereses correspondientes, a su caja política personal, tesis que, es innecesario decirlo, los simpatizantes de la pareja trataron de desvirtuar. Pues bien: siempre y cuando las declaraciones del ministro de Economía santacruceño, Diego Robles; del ex gobernador Sergio Acevedo y del ex vicegobernador Eduardo Arnold, el que había acompañado a Kirchner entre 1991 y 1997, reflejen lo que realmente ocurrió, parecería que los tristemente célebres fondos sí fueron invertidos “en política” y permitieron a las autoridades provinciales despilfarrar recursos con un grado de irresponsabilidad que hasta en Grecia provocaría asombro. Según Robles, a causa de “la situación de ahogo financiero” en que se encontraba Santa Cruz no hubo más alternativa que “apelar a la totalidad de esos fondos”. Discrepa el ex vicegobernador Arnold, ya que dijo “sé que esa plata se la robó Kirchner”, a quien calificó de “jefe de la mafia”, acusándolo de desarrollar “una capacidad corrupta de enriquecerse a costillas de todos los santacruceños y después de todo el país”. Por su parte, Acevedo reconoce que los encargados de manejar la provincia no se esforzaron por controlar el gasto, pero insiste en que la quiebra resultante tiene como contrapartida “algunos opulentos que viven de nuestros recursos” y que “se alojan en Olivos”. Dicho de otro modo, a juicio de quienes están en condiciones de saber lo que pasó, el desastre santacruceño puede atribuirse a una combinación nefasta de inoperancia administrativa y rapacidad personal. Por ser una cuestión de dinero público, tanto las autoridades actuales de Santa Cruz como las anteriores tienen la obligación de rendir cuentas por cada centavo de los fondos. Les es necesario decirnos en cuáles bancos fueron depositados, a cuánto llegaron los intereses, exactamente cuándo fueron “repatriados” y cómo fueron gastados. No es suficiente que el gobierno santacruceño actual nos asegure que los destinó al “funcionamiento del Estado”, es decir, a pagar una multitud de empleados públicos presuntamente superfluos y apaciguar a sindicalistas agresivos. Tampoco lo es que ex funcionarios del gobierno provincial se limiten a acusar a los Kirchner de ser extraordinariamente corruptos y de vivir en la opulencia merced a su acceso a recursos que deberían ser de todos, sin dar detalles puntuales acerca de su forma de hacerlo para que la pareja tenga una oportunidad para defenderse ante la Justicia que, desde luego, debería estar ocupándose del asunto desde hace por lo menos nueve años. El país se ha acostumbrado tanto a las denuncias tremendas que a esta altura repercuten poco en la opinión pública. Con toda seguridad, muchos atribuirán las relacionadas con los fondos de Santa Cruz a la hostilidad hacia el gobierno actual del grupo mediático de Clarín, lo que a su juicio les quitará seriedad. Es como si no sólo desde el punto de vista del juez Norberto Oyarbide sino también de amplios sectores ciudadanos fuera perfectamente normal que los Kirchner hayan seguido enriqueciéndose desde el poder con la aprobación tácita de una parte significante de la clase política nacional, razón por la que es habitual preguntarse si las denuncias más recientes incidirán en las próximas elecciones, cuando lo que debería preocuparnos es su eventual veracidad, ya que de basarse las acusaciones formuladas por Arnold y Acevedo en algo más que el rencor de políticos que tienen buenos motivos para no querer a los Kirchner, estamos ante uno de los escándalos más explosivos, y más vergonzosos, de la historia de nuestro país, lo que, a la luz de las dimensiones adquiridas por la corrupción en otras épocas, es mucho decir.