El precio de la irresponsabilidad

aleardo f. laría aleardolaria@rionegro.com.ar

Un periodista de “Página 12” –Luis Bruschtein– asegura en una nota de opinión publicada el sábado pasado que “no existe una sola grabación o documento donde algún funcionario afirmara que no se iba a pagar” indemnización a Repsol por la expropiación de YPF. Sin embargo, basta la lectura de la versión taquigráfica de la sesión del 17 de abril de 2012 en el Senado –en la que se produjo el antológico informe de Axel Kicillof– para verificar que gran parte de aquella larga exposición estuvo dirigida a explicar que nada se debía pagar a Repsol puesto que los u$s 22.000 millones de dólares de utilidades obtenidas a lo largo de diez años superaban ampliamente el importe del capital invertido (u$s 15.000 millones). Si hay un rasgo que caracteriza a este gobierno kirchnerista es que sus funcionarios pueden sostener una cosa y la contraria, sin sonrojarse, en apenas un abrir y cerrar de ojos. Por otra parte, debe también recordarse que el día después de la intervención de YPF, el ministro de Planificación Julio de Vido defendió la medida tomada por Cristina Kirchner y salió a responderle a Repsol y atacar a Mauricio Macri por sus críticas a la expropiación. “El costo vamos a tener que conversarlo (con Repsol)”, dijo, desafiante, al tiempo que afirmó que la gestión de la empresa española había ocasionado daños ambientales y de infraestructura que serían tenidos en cuenta a la hora de cotizar el valor de los activos. “Vamos a acogernos a lo que plantee la ley, que fijará un valor. Pero los señores gobernadores también ante una suerte de liquidación también tienen muchos reclamos por hacer. Dejaron fotos del desastre en que dejó la infraestructura de producción. Eso, en este momento de la historia, tiene su costo y lo van a tener que pagar, porque el medioambiente no se rifa, tiene precio”, explicó. Y advirtió: “Vamos a ser absolutamente inflexibles”. Ahora es aquel impetuoso Kicillof, que con tono arrogante aseguraba que Repsol había cobrado más de lo invertido, quien debe meter el rabo entre las piernas para reconocer que es “imposible e ilegal no indemnizar a Repsol” por la expropiación sufrida. “Lo que he dicho es que no se le iba a pagar la cifra que reclamaba y que estaba muy alejada de la realidad de la compañía”, expresó muy suelto de cuerpo el nuevo titular del Palacio de Hacienda. El nacionalismo irresponsable y atropellado favorece las decisiones precipitadas, envueltas en consignas épicas para luego, transcurrido un cierto tiempo, descubrir que la realidad es mucho más compleja de lo que imaginaban y que los márgenes para las arbitrariedades en un mundo muy integrado se acortan cada vez más. La dificultad de conseguir el concurso de inversores internacionales para explotar las riquezas de Vaca Muerta forzó la necesidad de buscar un acuerdo con Repsol frente a una situación que dificultaba enormemente el acceso a los capitales y la tecnología necesaria. Por otra parte, las trabas a las importaciones de biodiésel argentino por parte de la Unión Europea demostraron que los atropellos jurídicos terminaban generando costos elevados para el país. Ahora, la indemnización que en principio se ha acordado con Repsol de 5.000 millones de dólares en “activos líquidos” debe ser situada en el marco en el que estaba formulado el conflicto. En el balance de Repsol, el 51% de las acciones aparece valorado en 7.500 millones de dólares, cifra que se aproxima al 50% de la inversión efectuada para adquirir el 98% del paquete accionarial de YPF en 1999 (u$s 15.000 millones). Por consiguiente, si bien la compañía sufrirá probablemente una pérdida de 2.500 millones de dólares en su balance, ha debido pesar en su decisión el riesgo que suponía sostener juicios interminables en tribunales internacionales. En lo que se refiere a YPF, retornar a la legalidad frívolamente abandonada con la torpe operación de confiscación era una decisión inevitable para dejar de ser un paria internacional. No obstante, el acuerdo todavía está pendiente de que se defina el modo en que la compañía española obtendrá en forma “líquida” los u$s 5.000 millones acordados. No se debería descartar que a los efectos de alcanzar este objetivo, el gobierno argentino se vea en la obligación de hacer una emisión de bonos suficiente para cubrir la tasa de descuento, es decir que en valores nominales podríamos estar asumiendo un endeudamiento aún mayor que la cantidad difundida. Algunos medios han mencionado que el 16 de abril del 2012, día del anuncio de estatización, YPF tenía un valor de u$s 7.900 millones (precio de la acción: u$s 19,50 en Nueva York) y, por consiguiente, el gobierno argentino estaría reconociendo una cantidad superior por el 51%. Pero debe recordarse que ese monto era debido a los fuertes rumores sobre la estatización y que tres meses antes, en enero del 2012, la compañía había alcanzado un valor bursátil de u$s 16.800 millones. Lo cierto es que se está regresando al punto de partida de la aventura emprendida en abril del 2012, buscando desesperadamente socios internacionales que sustituyan el rol que cumplía Repsol, y esto no es algo que ahora se alcance sin pagar costos. Sin perjuicio del tiempo perdido, se ha producido un daño en la credibilidad internacional, provocando un perjuicio intangible no sólo en materia hidrocarburífera sino en el resto de sectores económicos que han padecido las mayores dificultades para acceder a la financiación internacional. Lo que demuestra este aventurerismo es el enorme grado de impericia de los funcionarios económicos del gobierno de Cristina Fernández, que en los últimos años no han dejado torpeza sin cometer. La única explicación que se nos ocurre para entender cómo una amplia porción de ciudadanía pudo imaginar que se podía tomar por asalto una empresa impunemente, sin pagar precio por ello, es la subsistencia de una cultura populista proclive a dejarse encantar por el facilismo y la estulticia. No existen posibilidades de abordar la reconstitución institucional, cultural y económica que demanda nuestro país sin asumir una cultura del esfuerzo y de respeto a la ley. Hace falta también abandonar la visión paranoica de un nacionalismo ingenuo que atribuye nuestro fracaso a la acción de malignos agentes externos. Definitivamente, los demonios que impiden nuestro desarrollo hay que buscarlos en nuestro interior.