Empedrado

La SEMANA EN SAN MARTÍN

Dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Quizá suene exagerado, pero el proyecto del vecinalismo en San Martín de los Andes, para adecuar los salarios de los secretarios municipales poniéndoles por tope la dieta de los concejales, podría terminar haciéndole un grave daño a la administración de la ciudad, presente y futura. El presidente del Partido Vecinal Solidaridad Sanmartinense sostiene que la nueva Carta Orgánica reformada en 2010 ha creado una “distorsión jerárquica”, al ignorar en su texto el salario de los secretarios y subsecretarios e imponer la proporcionalidad entre el ingreso del intendente y de los concejales (65 por ciento del ingreso básico del intendente). Los secretarios y subsecretarios se rigen por ordenanzas de vieja data, que a la postre terminan por provocar que ganen algo más que un concejal. Pero para Alberto Bruno, autor del proyecto, ningún secretario debería ganar más que un edil. Ese temperamento es dudoso… Primero, conviene repasar algunos datos de contexto. Secretarios y subsecretarios son cargos políticos designados por el intendente y, como tales, deberían tener por cepo el propio salario del jefe municipal. Pero los concejales pertenecen a un poder independiente y cumplen funciones muy distintas. Los secretarios sólo representan al jefe de gobierno, pues ejecutan sus disposiciones así como el intendente debe ejecutar las ordenanzas que emanan del poder Legislativo. Los secretarios van y vienen conforme evolucione la administración y, de hecho, cada uno asume con la renuncia en el bolsillo. Los cargos electivos solo pueden ser removidos por juicio político, mecanismo asimilable o revocatoria, porque llevan consigo el “escudo” de la representatividad del electorado. Luego, es deseable que los secretarios y subsecretarios tengan vocación de servicio, pero no es exigible. Sí, en cambio, la labor desinteresada debe ser condición para los cargos electivos por ese mismo ejercicio de representatividad ciudadana, sin perjuicio de que deban ser bien remunerados por su labor. Con estas aclaraciones a cuestas, el error del proyecto del PVSS es ignorar el funcionamiento del mercado laboral, acaso por sobrestimar la capacidad de maniobra del Estado y el interés por la función pública. Las secretarías y subsecretarías son diversas y, naturalmente, pueden ser ocupadas por políticos, pero también pueden estar bajo conducción de profesionales y técnicos capacitados en las materias que incumben a cada repartición. Está claro que ambos términos no son incompatibles, pues un político también puede ser un técnico o profesional competente y viceversa. Pero, precisamente, el gabinete que eligió el intendente Juan Fernández tiene un perfil mixto: hay políticos que no son profesionales y profesionales que no son políticos vocacionales o militantes. En general, las funciones que exigen competencias técnicas en el Estado deberían ser siempre bien remuneradas, porque quienes las ocupan podrían obtener ingresos muy superiores en el ámbito privado, si son personas de probada capacidad. Es el caso de médicos, abogados, contadores, licenciados en administración, ingenieros, arquitectos, sociólogos, psicólogos, profesores y otros muchos, que son convocados a cumplir funciones políticas pero por su estimación profesional antes que por su militancia. Esas personas deben abandonar de hecho el ejercicio de la profesión para acometer la tarea en el Estado, y se sentirían tentadas permanentemente a volver al sector privado si, además de estar expuestas al eventual escarnio público propio de la vida política, hubiere una brecha gigantesca entre los ingresos en uno y otro sitio. Ningún gobierno, y menos el de un municipio como San Martín, puede pagarle a un profesional de nota lo que ganaría en su actividad, pero al menos debería pagarle lo suficiente para que se sintiese reconocido. El Estado necesita de buenos profesionales tanto como necesita de buenos políticos.

fernando bravo rionegro@smandes.com.ar