En Neuquén Capital: Ceden a abogados el cobro de multas

El municipio neuquino pretende aumentar ingresos con las miles de multas de tránsito que no son cobradas. NEUQUEN (AN).- El intendente Horacio Quiroga cedió la cobranza ejecutiva de todas las multas de tránsito de la ciudad a tres estudios de abogados. Esto significaría montos millonarios porque comprende infracciones con sentencia de los dos últimos años y una jugosa ganancia para los profesionales.

Los infractores pactarán honorarios si la gestión de cobro fuera extrajudicial o pagarán los que la justicia establezca si el mismo trámite es encarrilado por vía judicial. En contrapartida, el gobierno local recibirá el importe dinerario de las multas cobradas más los intereses correspondientes.

Esta práctica es antigua y polémica en Neuquén. Fue aplicada durante la intendencia de Luis Jalil, quien delegó esta facultad al abogado Carlos Fernández, ex socio de su entonces secretario de Gobierno, Roberto Humar.

Fue el origen de una relación tormentosa con los contribuyentes. Los honorarios superaban varias veces el monto de las infracciones. Por ese entonces, el Deliberante denunciaba que Fernández había cobrado más en retribuciones que lo que había ejecutado para la comuna.

Ahora, el subsecretario General Fernando Palladino jura que la relación contractual con otros tres estudios de la ciudad se diferencia del de Fernández en que los obliga a intentar, antes que nada, la cobranza extra judicial y hacerse cargo de los gastos del proceso. Si la resolución con el contribuyente es «amistosa», el pago a los abogados ascendería a 80 pesos, según indicó estipula un convenio que no vio ni tuvo acceso «Río Negro».

Los abogados beneficiados con los decretos de poder especial para juicios son Silvana Vanina Forquera, Guillermo Miguel García Girado y Alejandro de la Cruz Bustamante.

Este escenario fue desempolvado por los concejales del ARI, Juan Dutto, Betti Kreitman y Graciela Cuerelly, a pocos días de que la UCR y el MPN unieron filas para desaprobar un proyecto que pretendía regular honorarios.

«Hay miles y miles de multas a punto de prescribir debido a que la oficina jurídica está desbordada de trabajo. En vez de ampliar la planta con más abogados, tomamos la oferta de estos estudios y los contratamos», fundamentó la decisión política el secretario de Gobierno y Acción Social, Marcelo Inaudi.

Ninguno de los funcionarios pudo precisar la cantidad de causas en juego, pero Inaudi arrimó una idea: «son miles», afirmó.

Para dar una idea, desde que comenzó a operar el estacionamiento medido se labran unas 2.400 infracciones por mes, de las cuales 2.000 son por violación al servicio que gerencia Altec.

Es una situación que también podría interpretarse como una respuesta a los continuos reclamos de la empresa del estacionamiento pago para que el municipio cobre las multas por infracción para desalentar a los evasores del sistema.

Durante la gestión Jalil, un fuerte cuestionamiento partió de los infractores que se consideraban a si mismos «clientela cautiva» para el estudio de Fernández. El escándalo fue tan grande que una de las primeras cosas que hizo el intendente Quiroga al asumir fue rescindir el acuerdo y suscribir otro con el Colegio de Abogados, pero al parecer no prosperó. Dos años después, genera una relación contractual con otros tres abogados particulares en términos muy parecidos a los aludidos en su momento por Jalil.

Para el ARI esta metodología es «un calco de la de Jalil, tiene una finalidad meramente recaudatoria, no busca prevenir ni educar al automovilista».

«No es adecuada»

«La tercerización de la ejecución de sentencias contravencionales no resulta la más adecuada puesto que contrapone el lucro del profesional que las lleva adelante con el interés de la administración en que se cumpla con la normativa de tránsito», afirmó el ARI. Y lo fundamenta en que «los abogados que realizan las ejecuciones no tienen ningún otro interés que la percepción de sus honorarios profesionales, y la ejecución de éstos, dudosamente para disuadir a los administrados de cometer infracciones».

Para los ediles Juan Dutto, Betti Kreitman y Graciela Cuerelly este hecho implica «confundir la finalidad de la sanción, que no puede ser otra que la prevención y no el aumento de la recaudación, y mucho menos el aumento de la recaudación de particulares que han sido designados discrecionalmente para ejecutar los apremios municipales». «No hay demasiada diferencia entre lo que hace el intendente Horacio Quiroga e hizo el ex intendente Luis Jalil», afirmaron. (AN)