Enclaves criminales

Los grandes enclaves carcelarios, lejos de contribuir a reducir el índice de criminalidad, sólo han servido para aumentarlo.



Si bien la población carcelaria de los distintos países latinoamericanos es reducida en comparación con la estadounidense – en la actualidad, casi dos millones de norteamericanos viven entre rejas – está aumentando con rapidez debido al miedo generalizado provocado por el crimen violento. Sin embargo, mientras que las autoridades legales de los Estados Unidos cuentan con los recursos materiales y profesionales necesarios para mantener a los reclusos aislados del resto de la sociedad, en América Latina la frontera entre estos dos mundos difícilmente podría ser más borrosa. Como acaban de recordarnos los motines coordinados que se produjeron en una treintena de cárceles de San Pablo, bandas criminales ya encarceladas han podido construir una suerte de Estado dentro de un Estado, improvisando un sistema de comunicaciones bastante sofisticado, pertrechándose de armas de toda clase, asegurándose un suministro regular de drogas e incluso formando una especie de gobierno o, si se prefiere, estructura de poder, que se llama “Primer Comando de la Capital” y que, además de dominar a los reclusos, está en condiciones de manejar a grupos de delincuentes que aún están en libertad. Por fortuna, en esta oportunidad la rebelión de los presos paulistas fue suprimida sin una matanza similar a la que se produjo en 1992 – cuando la policía militar mató a 111 detenidos – se ha informado que esta vez “sólo” murieron quince, pero, por razones evidentes, el que los jefes de los amotinados hayan podido organizar sublevaciones simultáneas en tantas cárceles ha sembrado mucha alarma en todo el país.

Aunque los criminólogos brasileños insisten en que la situación en su propio país es única, sin antecedentes en el mundo, la verdad es que tiene demasiado en común con la imperante en otras partes de la región como para permitirnos considerarla una anomalía. Por ejemplo, también en nuestro país la “lucha contra la delincuencia” se ha visto complicada por la corrupción que es endémica en virtualmente todas las reparticiones policiales y en el servicio penitenciario, con el resultado de que en diversas ocasiones los hipotéticos guardianes de la ley se han combinado con criminales para perpetrar delitos. Asimismo, es notorio que si un preso posee los recursos económicos suficientes no le será nada difícil arreglar su salida.

Por supuesto, policías y miembros del servicio penitenciario corruptos no son los únicos que estén dispuestos a aliarse con gángsteres. También lo están, aunque sea en forma indirecta, jueces y políticos que son igualmente corruptos y que por lo tanto jamás se negarían a dar a un comisario en aprietos el beneficio de toda duda concebible. Es que en una sociedad en la que la corrupción es considerada un fenómeno “normal”, las barreras que separan a los delincuentes profesionales de la gente honesta suelen ser sumamente precarias. Por cierto, en pocos lugares de América Latina son lo bastante fuertes como para resistir las presiones supuestas por la disponibilidad de inmensas sumas de dinero procedentes del narcotráfico y otras actividades que son tan rentables como siniestras.

Los especialistas brasileños atribuyen la condición nada satisfactoria de sus cárceles a la superpoblación, con presidios como Carandiru – el cuartel general de la rebelión – en que, se dice, hay más de once mil reclusos cuando a juicio de las Naciones Unidas y otras organizaciones la máxima cantidad permisible no debería superar los quinientos. Pero, por desgracia, la construcción de cárceles modelo y su administración adecuada requiere mucho dinero, de suerte que es previsible que en países con problemas económicos gravísimos las autoridades hayan optado por las soluciones que les parecen menos costosas. Así, pues, entre el clamor ciudadano por más “mano dura”, o sea, más detenciones y condenas más largas, por un lado y, por el otro, la incapacidad evidente de las sociedades amenazadas para financiar los programas necesarios, es tal vez natural que los gobiernos haya terminado creando enclaves carcelarios que, lejos de contribuir a reducir el índice de criminalidad, sólo han servido para aumentarlo al trasformarse en reductos regenteados por los delincuentes más peligrosos que, claro está, cuentan con la colaboración de elementos corruptos del mundo exterior.


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