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Análisis: el desatino de la desinformación sobre los aumentos de las tarifas

En un país con una inflación por las nubes y una pobreza galopante, la comunicación de qué se hará con las tarifas de la energía también muestra ser confusa y pobre.

Los aumentos de las tarifas energéticas no son un punto menor en la agenda de un gobierno argentino. No solo por la colosal suma de dólares que implican cada año los subsidios y las compensaciones que aportar el Estado para el sistema, en especial de luz y de gas natural, sino también porque a un aumento mal dado puede terminar saliendo muy caro a un gobierno -en términos electorales– como se vio con la política de tarifazos aplicada durante el macrismo.

Esto implica que si un gobierno, como el actual, decide realizar una fuerte actualización de las tarifas, ya se sabe de antemano que se encontrará con resistencia y repudios, y esto obliga a que la comunicación de cómo serán dichos aumentos sea lo más clara posible. Exactamente lo contrario a lo que la actual gestión de Javier Milei ha realizado en estos primeros cien días de mandato.

En primer lugar, vale señalar que la gestión de la secretaría de Energía que encabeza Eduardo Rodríguez Chirillo, desembarcó con un plan claro: que se pague con las tarifas lo que realmente valen los servicios. Y se inició este proceso con la audiencia pública del servicio de gas natural.

Sin embargo, podría decirse que «pasaron cosas» que hicieron que en lugar de darse primero esta suba en el gas, se optara por aplicar desde febrero el aumento en la energía eléctrica, cuya audiencia pública se hizo casi un mes después que la del gas.

El enroque se ve como una medida razonable desde el punto de vista de su impacto en el recorte de gas del Estado. Pero el reino de la incertidumbre y la opacidad comunicacional comenzó a regir este 15 de marzo, cuando desde el Enargas debían publicarse los nuevos cuadros tarifarios del gas.

A menos de 12 horas del revés del DNU 70 en el Senado, el gobierno optó por poner freno de mano, pero su silencio sumió en la incertidumbre no solo a los 9 millones de usuarios del servicio, sino también a todas las empresas involucradas.

Cuándo se aplicará el aumento del gas, no se sabe. Si hará en cuotas o de un solo tirón, tampoco. Ni siquiera hay certezas sobre si se aumentarán los ingresos solicitados por las transportistas, las distribuidoras y el costo total dolarizado del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), o si será una parte de esos aumentos debatidos en la audiencia del 8 de enero.

Y en medio de una incertidumbre en la que también se suma la publicación del nuevo sistema de subsidios a la energía basado en una Canasta Básica Energética que el mismo gobierno reconoció que aún no tenía terminado de armar el mes pasado, cuando lo presentaron en otra audiencia pública, y cuya publicación sí tiene una fecha límite impuesta en el mismo debate, que es el próximo 10 de abril.

En un país con una inflación por las nubes y una pobreza galopante, lamentablemente la comunicación de qué se hará con las tarifas de la energía también muestra ser confusa y pobre.


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