La historia detrás de la aprobación del offshore

La polémica, con judicialización de por medio, generada tras la autorización de la exploración sísmica de tres áreas offshore salpicó de barro una licitación que había captado la atención de las principales empresas internacionales del segmento que comprometieron inversiones en la investigación del potencial del Mar Argentino por 724 millones de dólares. ¿Qué hubo detrás de la autorización que se dio faltando horas para el brindis de Fin de Año?

Empecemos por los orígenes del caso. En abril de 2019 el gobierno nacional, por entonces de Mauricio Macri, convocó a una licitación internacional para la exploración sísmica, la Ronda 1 del programa Costa Afuera.

En total se pusieron en oferta 38 áreas de las diversas cuencas offshore y el proceso terminó en mayo de 2019 con la adjudicación de 18 de esas áreas en lo que fue una licitación más que exitosa ya que se consiguió la participación (y adjudicación) de las empresas más importantes a nivel mundial del segmento: firmas como BP (la exBritish Petroleum), Qatar Petroleum, la italiana Eni, la inglesa Tullow, Shell, Equinor, Total, ExxonMobil y Wintershall DEA, en algunos casos en sociedad con las locales YPF y Pluspetrol.

Como era de esperarse la mayor cantidad de concesiones -y el interés por ende- se ubicó en el extremo sur del país en donde ya hay desarrollos offshore. De las 18 áreas concesionadas, 9 corresponden a la Cuenca Malvinas Oeste, 2 a la Cuenca Marina Austral y las restantes 7 a la Cuenca Argentina Norte.

Cada una de estas 18 áreas debía ir a una audiencia pública que apruebe sus estudios de impacto ambiental, pero ese proceso estuvo no solo frenado por la pandemia sino por decisión de la cartera de Ambiente de la Nación.

Según contaron varias de las empresas participantes a Energía On, los estudios de impacto ambiental se presentaron en 2020 y recién un año y medio más tarde, en julio de 2021 se realizó la primera de las audiencias públicas por 3 de las 18 áreas.

Las tres áreas por las que se inició el proceso son conocidas, se trata de los bloques CAN 100, 108 y 114 que opera la firma Equinor y que no solo no forman parte de la zona en donde se concentró la mayor atención de las empresas, sino que las mismas compañías reconocen que sabían de antemano que habría oposición en la sociedad a la aprobación de esas áreas.

¿Por qué empezar por bloques que se sabían que iban a ser polémicos? Consultó este medio y las respuestas fueron duales: algunas firmas consideran que se trató de una nueva jugada del ministerio de Ambiente de la Nación, mientras que otras un poco más positivamente, advirtieron que “si se aprueban esas áreas que son las complicadas, se van a aprobar todas las demás”.

La audiencia pública realizada dio una buena pista del posicionamiento de este sector del gobierno ya que en el debate que estuvo plagado de grupos ambientalistas y pesqueros con temor al daño que la exploración pudiera hacer, el único funcionario del gobierno que usó la palabra fue el secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, Rodrigo Rodríguez Tornquist, quien no solo advirtió en ese momento que no se aprobarían más permisos hasta tanto haya un plan integral ambiental.

Sino que fue más allá y a fines de septiembre del año pasado emitió la Resolución 16/2021 de la subsecretaría de Ambiente que paralizaba sin plazo el proceso de autorización de los permisos de exploración.

Fuentes del gobierno nacional contaron a Energía On que la medida colmó la paciencia del Ejecutivo que tomó el desarrollo del offshore como una política de Estado, apalancada en gran medida en el desarrollo que desde YPF se busca hacer en uno de los tres bloques de la polémica.

La presión interna llevó a que el 15 de diciembre Tornquist renunciara a su cargo -aunque no al gobierno pues tomó funciones en el equipo de Gustavo Beliz de Asuntos Estratégicos- pero ese “corrimiento” fue la clave para que dos semanas después con la firma del ministro de Ambiente Juan Cabandié, se publicara la Resolución 436/2021 que autorizó finalmente la exploración sísmica.

¿No les pareció que el 30 de diciembre era el peor momento para dar la autorización? Preguntó nuevamente este medio, y la respuesta desde el gobierno fue que no se visualizó que el inicio de la temporada de verano potenciaría tanto las protestas.

“Por un lado se lo aprobó cuando se pudo, lo antes posible, y por otro lado hubo quienes plantearon que era oportuno plantear que con el offshore se contaría con más energía para evitar los apagones que había en esos días”, detalló una fuente.

Los recursos de amparo se acumularon y derivaron en un fallo del titular del Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, Santiago Martín, quien además dispuso la suspensión de la autorización dada a los tres bloques. Pero fue el mismo magistrado el que dejó abierta una puerta de escape, al fotografiarse al día siguiente con dos abogados ambientalistas, uno de ellos que incluso participa en los amparos.

“Lo hizo a propósito”, repiten en el gobierno, mientras esperan la resolución de la apelación presentada que avanzó en la puerta de salida del juez pidiendo también su recusación.

En este proceso de avances, cajoneadas y frenos, transcurrieron 2 años y 9 meses desde la adjudicación de las áreas, una demora tan excesiva que ya llevó a la secretaría de Energía a extender dos años el plazo de exploración de los bloques que inicialmente se había otorgado por 8 años.

Es que si el caso Equinor (junto a YPF y Shell) está hoy nuevamente trabado, es aún más incierto el futuro de las otras 15 áreas que fueron adjudicadas en la misma Ronda 1 del Offshore, que mantienen en una amarga espera no solo a las principales empresas internacionales del segmento sino también a los más de 700 millones de dólares de inversión contante y sonante que las firmas comprometieron.