Tarifa Comahue, beneficio ¿perdido o ganado?
Los reclamos se actualizan como una panacea que puede devolver la ventaja de tener industrias electrointensivas. De bandera electoral a realidad. El descuento perdió vigencia cuando se establecieron las regalías para las provincias y ahora el canon.
La discusión sobre la Tarifa Comahue volvió a instalarse en el escenario político actualizado por la proximidad de las elecciones.
Una historia que nació de la mano de Hidronor -no se cobraban regalías- y que tuvo su final cuando se privatizaron las represas en 1993 con la promesa de cobro de compensación para las provincias.
En diciembre de 2024, la diputada provincial del Movimiento Popular Neuquino, Cielubi Obreque, pidió en la Legislatura de Neuquén que el Congreso Nacional tratara el proyecto que buscó restituir este beneficio histórico para las provincias productoras de energía hidroeléctrica.
La Tarifa Comahue nació en 1967, junto con la Ley Nacional 17.574, que otorgó a la empresa Hidronor la concesión para construir y explotar los complejos hidroeléctricos El Chocón y Cerros Colorados.
En ese momento, el Estado nacional reconoció el impacto ambiental y social de las represas sobre los cursos de agua de Neuquén y Río Negro y estableció un esquema diferencial de precios en favor de ambas provincias.
El objetivo consistía en compensar a las zonas generadoras por el costo del transporte eléctrico, ya que la energía fluía desde la Patagonia hacia los grandes centros urbanos del centro del país.
El beneficio desapareció durante el proceso de privatización del sector energético en los 90.
Fundamento técnico y económico
El ingeniero Carlos Ciapponi especialista en energía, coincidió en que la Tarifa Comahue tuvo un fundamento técnico y económico claro.
Explicó que en los años de la creación de Hidronor, Neuquén y Río Negro apenas demandaban 100 megavatios, mientras que El Chocón generaba 1.200.
El destino natural de esa energía eran Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, lo que requería largas líneas de transmisión.
Por ese motivo, se aplicó un descuento del 10 % en el valor del transporte para los usuarios del Comahue, como forma de reconocimiento a la región productora.
Ciapponi sostuvo que la consolidación del Sistema Interconectado Nacional y la introducción de las regalías hidroeléctricas reemplazaron, en parte, ese beneficio.
Con la posterior implementación del canon por uso del agua, las provincias recuperaron cierta compensación económica, aunque no un alivio directo en las tarifas para los consumidores.
Según Ciapponi, los intentos por restituir la tarifa diferencial, impulsados en su momento por diputados nacionales de Neuquén y Río Negro no prosperaron.
La cuestión de fondo sigue abierta. ¿Representan las regalías y los cánones actuales una compensación justa para las provincias que soportan el impacto ambiental y social de las represas?
¿O resulta razonable que los habitantes del Comahue paguen la electricidad al mismo precio que los usuarios del área metropolitana, pese a ser los generadores del recurso?
El debate sobre la Tarifa Comahue expone una tensión persistente entre el federalismo energético y la estructura centralizada del sistema eléctrico argentino.
Mientras Neuquén y Río Negro reclaman un trato diferencial por su aporte estratégico, la Nación mantiene un esquema unificado que no distingue el origen ni el costo real del transporte.
En ese contexto, la discusión sobre la restitución de la tarifa especial aparece como una demanda que combina memoria histórica, reclamo económico y defensa de la soberanía provincial sobre los recursos naturales.
La discusión sobre la Tarifa Comahue volvió a instalarse en el escenario político actualizado por la proximidad de las elecciones.
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