ENTREVISTA al ex juez de viedma, juan pablo videla: «Quería demostrar que se podía investigar la verdad»

– A Gonçalves lo recuerdo porque era miembro informante del Servicio de Inteligencia y se ocupaba, en las postrimerías del gobierno militar, de grabar todos los actos políticos que se realizaban aquí haciéndose pasar por un ciudadano más. Recuerdo las charlas con políticos argentinos, a pesar de estar vedada esta actividad, que organizamos desde el Colegio de Abogados y de las que participaron candidatos presidenciables y para otros cargos nacionales de primer nivel.

– ¿Indagó a Gonçalves, Forchetti o Abelleira?

– Alcancé a tomar algunas porque, a principios de 1984, la Corte Suprema ya se había pronunciado en el caso Bignone declarando la constitucionalidad y la competencia del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para el juzgamiento de estos hechos. No obstante eso, y como tenía la certeza de que las pruebas -por más que fueran colectadas por un juez incompetente como entendía la Corte que éramos los juzgados federales- no las harían desaparecer, instruía contrarreloj y de esa forma privilegiaba la incorporación de la mayor cantidad de pruebas, por más que después perdiera la jurisdicción, porque el expediente pasaría con todo ese valor.

– ¿Quedó grabada alguna anécdota puntual de esa investigación?

– Recuerdo que cuando ya tenía elementos importantes incorporados a las causas y daba los pasos preliminares para poder citar a indagatorias, como en el caso del general Aspitarte comandante en jefe del V Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca, libraba el oficio para citarlo y me contestaban que ya no cumplía funciones en esa unidad, y que para conocer su domicilio me debía dirigir al Comandante en Jefe del Ejército en Buenos Aires. Cuando recurría a ese organismo, antes de contestarme, me entraba un oficio del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas pidiéndome que me declarara incompetente. La comunicación interna del Ejército era velocísima.

– ¿Fue uno de los primeros jueces federales en declararse competente para intervenir en estas causas?

– No lo sé porque actuábamos en simultáneo todos los jueces flamantemente designados por la democracia. Pero sí recuerdo, muy claramente, que para defender mi competencia fue necesario declarar la inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar que establecía y establece aún, a mi modo de ver, un fuero personal para el juzgamiento de los militares lo que está vedado por la Constitución, y por ese motivo declaré la inconstitucionalidad. No obstante eso, como mi decisión era revisable, terminé perdiendo la competencia y no llegué a fallar ninguna de las causas.

– La abogada Mirta Mántaras ha destacado su desempeño en estas causas y que los expedientes de Viedma estaban más completos que los de Bahía Blanca.

– Con relación a Bahía Blanca sí

porque allí se estaba absolutamente consustanciado con la base de Puerto Belgrano y la Armada y el juez de ese entonces se declaró incompetente. Siguió la interpretación jurisprudencial del criterio de la Corte con lo cual actuaba, si se quiere, bajo ese amparo de legalidad.

– Qué papel el de la Corte.

– Sí, se hacía más bien un acompañamiento político a la decisión del gobierno. Cuando declaré la inconstitucionalidad del Código de Justicia Militar, por ejemplo, vinieron dos funcionarios del gobierno provincial muy conocidos de parte de Tróccoli porque estaba preocupado por mi actitud. Eran gestos .

– ¿Y qué les contestó?

– Que ya había resuelto y que seguiría instruyendo hasta que no hubiera una sentencia de la Cámara que me revocara . Los atendí muy amablemente, pero se fueron con una respuesta muy clara.

– ¿Qué hacía durante el proceso?

– Siempre tuve un compromiso con la defensa de los Derechos Humanos. Participé de la autoconvocada comisión de Derechos Humanos junto con otras personas, entre las que se encontraba el obispo Hesayne. Había un grupo de hombres inquietos comprometidos con el tema aquí en Viedma.

– ¿Hasta dónde pudo llegar en la investigación de detenciones ilegales de viedmenses durante la dictadura?

– En el caso de la detención ilegal de Eduardo Chironi ordené algunas medidas. Como anécdota de este caso recuerdo que ante la disparidad de declaraciones de lo que decía el ex comisario Forchetti que estuvo a cargo de la Policía Federal durante el proceso en Viedma y las de testigos, dispuse un careo entre el policía y la esposa de Chironi, Cristina. En el diálogo entre este hombre ya canoso y la señora, recuerdo el mal trance que le hizo pasar porque en lugar de la agresividad, la esposa de Chironi le decía: «¿no se acuerda comisario

que yo era amiga de su hija, que usted nos atendía muy bien, que estuvo en un procedimiento en mi casa, que me dijo vos no te metas cuando fueron y picaron el fondo de la casa de mi padre buscando material subversivo?». Y Forchetti, que estaba sentado, se agarró el pecho y se tiró para atrás. Su abogado me pidió la suspensión inmediata de la audiencia, fundamentando una afección cardíaca de su defendido que ¡no podía ser sometido a semejante presión! En realidad, lo había desarmado la bondad de Cristina tratándole de decir: sincérese, diga lo que pasó. Por supuesto no contestó y la audiencia fue suspendida para que lo atendieran. Sufrió un shock emocional. En lugar de venganza, la mujer le pedía una reflexión. Ninguno de los presuntos involucrados en los hechos reconoció absolutamente nada.

– ¿Recuerda algún hecho que aún le provoque un impacto especial?

– El secuestro de Oscar Meilán, que se produce en Patagones cuando el matrimonio con sus dos hijitos regresaba del cine. Cuando se bajan del auto para abrir un portón son abordados por los secuestradores. Era una noche de invierno. Se llevaron al matrimonio y dejaron el auto en marcha con las dos criaturas en el interior. En este caso, dispuse una rueda de personas pero la señora de Meilán no pudo reconocer a nadie. Son muchos los recuerdos de aquella época de impunidad con que se manejaba cualquiera que llevaba un uniforme.

– Pero queda la satisfacción de haber hecho cumplir la ley…

– Lo calificaría como desafío. Cuando me ofrecieron ser juez federal lo primero que pedí fue un tiempo para conversar el ofrecimiento con mi esposa. Y Susana me dijo que lo aceptara si creía que era lo que debía hacer, pero me pidió que sacáramos pasaporte para toda la familia porque en esa época no se tenía la certeza de hoy que no volveríamos al pasado. Era aún una democracia muy frágil. Saqué los pasaportes porque, si volvía un golpe militar, teníamos que tener todo listo para poder protegernos. Por suerte nada de eso ocurrió, pero cuando uno tiene hijos se condicionan mucho las decisiones y pensando en ellos acepté este cargo -más que por el lustre personal que a muchos les deslumbra- por la necesidad que sentía de hacerle ver a la sociedad que existía alguna posibilidad de que se investigara la verdad y se sancionara a los culpables. Además quería tener una respuesta para cuando mis hijos fueran grandes y me preguntaran: ¿y vos, que hiciste? cuando pasó el tren por la puerta de tu casa. Esas fueron las motivaciones que me llevaron a aceptar el cargo al que renuncié después de más de cinco años para presentarme en un concurso en la Justicia provincial.

– ¿Las leyes del perdón le generaron una sensación de fracaso?

– Nunca se sabrá si la decisión del gobierno de Alfonsín de propiciar las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron el justo medio para evitar exacerbar ánimos de militares alcistas o fue un temor al poder militar de ese momento. No dudo que Alfonsín íntimamente, como demócrata que lo considero, haya estado ideológicamente de acuerdo con estas leyes. Me parece que las aceptó como un imperio de la necesidad de negociar con los militares. No sé si fue una decisión acertada. Soy más bien crítico de ellas porque me parece que en ese momento el militarismo estaba definitivamente derrotado como factor de presión de los gobiernos de irrumpir en los procesos constitucionales.

– ¿Qué piensa de la condena a Etchecolatz y la desaparición de López?

– La condena de Etchecolatz es un acto de justicia para todos los que tuvieron que padecer injustamente detenciones nada más que por lo que pensaban y porque creo que lo terminaron condenando jueces técnicos. Respecto de la desaparición de Julio López me parece que es un caso preocupante, pero no me atrevo ni siquiera a sospechar sobre los sectores que pueden estar interesados en la desaparición de una persona que fue testigo en esta causa. Pero es cierto que las consecuencias pueden ser nefastas para quienes tengan que declarar en procesos que están aún pendientes de resolución y que esto los puede haber amedrentado, sin duda.

ESTELA JORQUERA

estelajor@yahoo.com.ar