Escándalo por sospechas de sobornos

Las sospechas instaladas en el Senado por supuestos sobornos pagados por el gobierno para que se apruebe la reforma laboral eclosionaron ayer en la comisión de Asuntos Constitucionales, donde sus principales integrantes buscaron la manera de excusarse para no presidir el análisis de las dos cuestiones de privilegio solicitadas sobre el tema.

El presidente de la comisión, el justicialista Jorge Yoma, se excusó ayer de encabezar el tratamiento del tema y le derivó su función al vicepresidente, el aliancista Pedro Villarroel, quien ya adelantó que no aceptará la delegación.

Por reglamento, Asuntos Constitucionales debe tratar todas las cuestiones de privilegio, y por eso debe receptar los pedidos que hicieron los senadores justicialistas por la provincia de Buenos Aires, Antonio Cafiero y Jorge Villaverde, basadas en artículos periodísticos sobre los presuntos sobornos.

Hace un mes Cafiero pidió que se cite al periodista Joaquín Morales Solá del diario La Nación, para que explique en qué se basó para escribir una nota en la que se habla del supuesto pago de sobornos por la aprobación de la reforma laboral.

La semana pasada Villaverde hizo un pedido en el mismo sentido y amplió la citación al ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y al secretario general de la CGT disidente, Hugo Moyano, por la denuncia del gremialista sobre la supuesta mención del funcionario de que la resistencia justicialista para sancionar la reforma laboral se solucionaba «con la tarjeta Banelco».

Pero Yoma remitió ayer a Villarroel, una nota en la que le comunica que le «delegará» sus funciones en el caso, es decir, que le transfiere la titularidad de la comisión exclusivamente en este tema.

El argumento del riojano es que él no puede impulsar una convocatoria a un periodista por ser autor de un proyecto de ley sobre libertad de expresión basado en el principio de la real malicia. Este concepto exige a la justicia, antes de juzgar a un hombre de prensa por calumnia e injuria, la comprobación de que el delito se cometió a sabiendas de que cometía una falacia.

Pero Villarroel ya adelantó que no aceptará tal delegación porque considera que la decisión la debe adoptar la comisión en su conjunto, la que previamente deberá aceptar la excusa de Yoma y después resolver quién debe ser el responsable en el caso.

Tanto Cafiero como Villaverde aseguran en reserva tener elementos fundados de que pares suyos admitieron haber recibido prebendas, pero nunca quisieron hacerlas pública ni dar precisiones o nombres.

El vicepresidente Carlos Alvarez dijo que hay que investigar la veracidad de una denuncia sobre que «corrió dinero» en el Senado para aprobar la reforma laboral, pero señaló que nada sabe sobre el asunto.

«Habiendo un periodista que ha planteado esta cuestión, hay que avanzar en la investigación para determinar si ocurrió o no. Si fuera verdad, sería un elemento de decadencia terminal», apuntó en una extensa entrevista que publicó el diario Página 12 en su edición de ayer. (DyN/Infosic)