Escuela y comunidad

Las instituciones escolares tienen legitimidad social y son un componente principalísimo de la comunidad en la que están insertas. En los casos de los barrios periféricos a las ciudades, en las localidades pequeñas y en los tantos parajes de nuestra dilatada geografía son en muchos casos el “centro natural” de la comunidad y las más de las veces, si no la única, la principal presencia del Estado provincial jerarquizada además por la importancia social de su función y la consiguiente aceptación y empatía con los ciudadanos y habitantes de cada lugar, los “lugareños”. Por su permanencia en el tiempo, veinte, treinta, cincuenta y hasta más de cien años en algunos casos, han “atravesado” a generaciones enteras de habitantes locales siendo la referencia indiscutida de las diversas comunidades. Cada comunidad tiene rasgos distintivos dentro de la generalidad. Cada comunidad, y más aún las pequeñas o medianamente aisladas, tienen diversidades y la escuela no sólo debe reconocer esa diversidad sino adecuarse a la misma. Encontrar el equilibrio entre lo homogéneo y lo heterogéneo es un paso fundamental en la vinculación comunitaria. Estoy absolutamente convencido de que la mayor y mejor calidad de vinculación e identificación de la escuela (uso escuela en términos genéricos, incluyendo a los diferentes niveles del sistema) con su comunidad contribuye fuertemente al proceso de mejoramiento de calidad educativa y en especial al de igualdad y justicia en la distribución de los beneficios de esa calidad creciente al favorecer y fortalecer el proceso de autonomía institucional. Afortunadamente cada vez son más las conducciones escolares y las supervisiones zonales que lo comprenden y lo llevan a cabo muy eficaz y loablemente a través de acciones concretas previstas en sus respectivos proyectos institucionales. Los procesos de vinculación e identificación de las escuelas con sus comunidades deben ser alentados y promovidos desde el nivel central de conducción política del sistema educativo en forma firme y sostenida pero a la vez gradual y paulatina. Las escuelas deben fortalecer sus vínculos con la comunidad sin que ello signifique siquiera un ligero desdibujamiento de la función pedagógica que no sólo es central a su razón de ser y existir, a su esencia, sino justamente la misma causa de la legitimidad social antes mencionada. Estoy convencido de que el nivel central de conducción educativa debe planificar políticas deliberadas de inserción e identificación comunitaria de las escuelas, siempre preservando su centralidad pedagógica tendiendo al concepto de escuela abierta a la comunidad e implementarlo en acciones generales concretas complementarias de las surgidas autónomamente en el mismo lugar y fundamentalmente regulando a través de normas que la faciliten y despejen los inconvenientes y conflictos que hoy muchas veces se producen. La idea de escuela abierta a la comunidad en forma permanente muchas veces genera tensiones surgidas de las responsabilidades edilicias, patrimoniales o la dedicación horaria de docentes (principalmente equipos directivos) y no docentes entre otras y todo ello debe ser normado cuidadosamente para que no se conviertan en obstáculos a la apertura. No cabe duda que edificios y bienes son patrimonio de la sociedad pero no es menos cierto que su fin principal es que los niños del lugar, justamente de la comunidad puedan educarse en el sistema formal, y es responsabilidad de los directivos escolares preservar que eso sea así. Los docentes y no docentes tienen derecho al descanso y a sus actividades particulares y el compromiso comunitario no debe significar abusar de su tiempo libre. Conciliar estos aspectos es tema central de una política de escuela abierta y es responsabilidad de la conducción central del sistema a través de una regulación normativa clara. Otro aspecto conflictivo es la pertinencia con la función central de la escuela de las acciones a desarrollar y también debe ser normado claramente. Actividades culturales (o artísticas, para no ser tan amplio en el concepto), actividades deportivas, planes de alfabetización, abrir la biblioteca escolar dándole carácter de “popular”, talleres de capacitación en oficios, talleres literarios, de plástica, de danza o de coro para citar algunos posibles, si tiene conectividad a las redes virtuales habilitarla comunitariamente en determinados momentos, charlas y conferencias de interés para la promoción social son sólo algunas (hay muchísimas más) acciones “pertinentes” con la función de la escuela pero siempre deben realizarse de forma tal que no perturben el papel pedagógico central de la misma. La escuela abierta a la comunidad no es ni debe ser malentendida como el lugar “para hacer de todo” ni “de cualquier manera” y eso fundamentalmente deben comprenderlo también la conducción central del sistema y las diferentes áreas de gobierno que, en su afán de desarrollar acciones comunitarias válidas, bien intencionadas y legítimas sin duda, sobrecargan y hasta atiborran a las escuelas de actividades que diluyen o perturban su función primordial. El vínculo entre escuela y comunidad debe ser de “ida y vuelta” y esos dos sentidos deben estar regidos por un mismo valor: el de la solidaridad social. Se inserta y vincula con la comunidad una escuela técnica en la que sus docentes y alumnos construyen y diseñan objetos útiles socialmente (afortunadamente esta tendencia también está en crecimiento) o se da cuando un grupo de jóvenes de una escuela media preparan y brindan a los niños de un barrio una función de títeres o cuando un grupo de padres embellece el jardín de la escuela, cuando otro grupo organiza un torneo de fútbol, cuando un grupo de mamás hace unas tortas para festejar los cumpleaños del mes, cuando un padre que juega muy bien al ajedrez se ofrece para enseñarle a los niños o cuando un grupo de abuelas asiste periódicamente a “contar cuentos” o a colaborar con un taller de la memoria. Valgan las enumeradas a título de ejemplo, hay muchas más y todas son válidas si cumplen los tres requisitos básicos: ser formativas y por ende pertinentes con la función esencial, guiarse por el valor de la solidaridad y no perturbar el funcionamiento ordinario escolar. Una política intencionada, deliberada, planificada y con normativa clara de apertura de la escuela a su sociedad circundante que estimule, aliente y acompañe, sin imponer (la muy afortunadamente tendencia creciente y cada vez más habitual y común al compromiso de supervisiones y direcciones escolares) a insertarse y vincularse democrática y fuertemente en el uso de su autonomía, con sus comunidades, no sólo será una real contribución al mejoramiento de calidad con igualdad y justicia sino que también puede constituirse en pasos prudentes que den lugar a la paulatina maduración de futuras nuevas formas institucionales de organización y gestión. (*) Ex presidente del Consejo Provincial de Educación de Río Negro

ROBERTO LUIS RULLI (*)