Esperando al maquinista virtuoso
Frente al asombro provocado por la repetición del accidente de una formación del Sarmiento, en el mismo andén de la estación Once donde se produjo la tragedia que segó la vida de 51 personas, el gobierno ha buscado centrar la responsabilidad en el maquinista. Detrás de esa derivación de responsabilidad late la idea ingenua de que bastaría que los maquinistas fueran virtuosos para que, pese al estado desastroso de la infraestructura ferroviaria, los accidentes dejaran de producirse. Esta interpretación interesada puede ser utilizada como una poderosa metáfora ilustrativa de lo que acontece con nuestro sistema institucional. La Argentina vive siempre ilusionada con la idea de que un maquinista virtuoso la sacará del atolladero. Todos esperan ansiosos la llegada de ese buen presidente que se subirá un día a la locomotora para conducir al país a un destino de grandeza. El problema es que desde 1930, por un motivo o por otro, salvo algunas excepciones, asistimos al descarrilamiento sistemático de las diversas y variadas formaciones que se han ido conformando a lo largo de este tiempo. Después de tantas frustraciones, sería oportuno echar una mirada sobre la infraestructura institucional que no parece preparada para evitar que se produzcan tan desconcertantes accidentes. Nuestro sistema institucional reposa en un presidencialismo reforzado que funciona como una monarquía electiva. Una vez que hemos elegido al maquinista, le concedemos autorización para que conduzca el tren a su libre albedrío durante los cuatro años siguientes de mandato. Quien toma el mando del tren sabe que tiene la vía despejada y la emprende con fino entusiasmo contra todo obstáculo que se cruce por delante. Naturalmente, el sistema no permite que se lo baje de la cabina de conducción, cualquiera que fuera el resultado de su tarea, aun la más temeraria o imprudente. Desde el 2003, debido a que el matrimonio Kirchner ideó una estratagema de dudosa legalidad constitucional para sucederse recíprocamente –buscando eludir así la prohibición del artículo 90 de la Constitución Nacional– han transcurrido 10 años seguidos, en los que la locomotora ha sido conducida por la misma pareja presidencial. El resultado es desesperanzador: las infraestructuras económicas de energía, transporte y comunicaciones, notablemente deterioradas; las finanzas públicas, desquiciadas; el sistema de precios relativos, destruido; la inflación, al galope tendido y todo en un clima político de confrontación permanente. Una de las causas por las que se llegan a estos extremos es atribuible a nuestro sistema institucional, que carece de un método de frenado automático que impida que el tren se estrelle contra la estación cuando incurre en excesos de velocidad. La legitimidad de origen que recibe el maquinista en las elecciones que lo consagran como presidente no vuelve a ser revisada. Durante cuatro años no lo sometemos a un nuevo examen psicotécnico ni preguntamos a los pasajeros que están siendo conducidos si están conformes con la forma de conducción. Ésta es la diferencia sustancial con los sistemas parlamentarios, donde cada vez que hay una elección y cambia la composición de las cámaras es posible sustituir al conductor de la máquina del Estado. Si el mismo ha perdido la legitimidad de origen que ostentaba y la ha ido dilapidando en el ejercicio de su función, el sistema permite el cambio de maquinista, para que el nuevo conductor tenga el respaldo oxigenado del nuevo Parlamento. Esta característica favorece la conducción moderada, puesto que el riesgo de ser desplazado funciona como una espada de Damocles sobre los maquinistas arriesgados. El problema más grave al que se ve enfrentada la Argentina, a partir del resultado de las elecciones del domingo pasado, es que inevitablemente se producirá un desfasaje entre lo que se ha votado y la rigidez del sistema institucional que impide un cambio de maquinista. Los ciudadanos han manifestado su deseo que el tren cambie la dirección de su marcha, pero el conductor, aferrado al resultado de la elección anterior que lo subió a la máquina, no se siente obligado a cambiar el rumbo. Tampoco hay modo legítimo de exigir que incorpore el cambio de preferencia de los votantes. La consecuencia inmediata es que afrontamos el riesgo evidente de una absurda pérdida de tiempo: dos años esperando que se cumpla el estricto plazo del mandato constitucional. Lo cierto es que en una sociedad moderna, en la que las empresas se guían por el ajuste rápido a las exigencias de su demanda y en la que prima la flexibilidad bajo el riesgo de ser expulsadas por la dinámica del mercado, mantenemos un sistema institucional rígido como las vías del ferrocarril. Es algo tan anacrónico, absurdo y oneroso que deja en evidencia la naturaleza profundamente conservadora de los seres humanos, que son extremadamente renuentes a abandonar las viejas idolatrías. Sería deseable que los dos años que nos esperan sirvan al menos de estímulo para la reflexión. El problema no reside en la calidad del maquinista. La responsabilidad principal recae en el sistema de nuestra infraestructura institucional, que es el que debiera proveer el sistema de frenos y contrapesos para evitar las catástrofes. Si no lo reformamos, lamentablemente, los trenes seguirán estrellándose contra el fondo de las estaciones.
ALEARDO F. LARÍA aleardolaria@rionegro.com.ar
