Estado rionegrino en situación de riesgo

https://www.rionegro.com.ar/estado-rionegrino-en-situacion-de-riesgo-DQRN_2350624/

JORGE LUIS VALLAZZA (*)

El proyecto de reforma del Código Contravencional elaborado desde el Ministerio de Seguridad provincial denota un tremendo desconocimiento de la legislación vigente a nivel nacional e internacional en relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a no ser que –cuestión que lo haría mucho más grave y preocupante– tuviera la intención de que volviéramos como sociedad a activar normativas propias de gobiernos autoritarios o de dictaduras. Cabe destacar que estamos a 25 años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, donde nuestro país participó e incorporó dicha declaración como ley nacional en 1990 y le dio jerarquía constitucional en 1994. Todo esto derivó en sendas leyes en los ámbitos nacional (26061/2005) y provincial (4109/2006) que promueven la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. Si bien las nuevas legislaciones significaron un avance en términos de promoción de derechos, construcción de ciudadanía y reposicionamiento del Estado como garante de la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, el principal desafío que se fue planteando en estos 25 años fue trasladar a las prácticas concretas de las instituciones –imbuidas del paradigma previo– los avances en materia de derechos que proponen las nuevas leyes. Lamentablemente, la realidad señala que aún falta transitar un largo camino para que el espíritu de estas leyes no quede solamente en “renovar” la terminología y/o el discurso de quienes trabajan en esta problemática y se concrete en más y mejores políticas públicas que sean acordes con la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social. Seguramente son múltiples las causas de esta distancia entre lo que dice la ley y lo que se hace realmente en nuestra provincia, pero se pueden sintetizar afirmando que se le otorga un escaso valor en la agenda gubernamental a las políticas públicas que deberían instrumentarse desde las áreas sociales que se ocupan de la niñez y adolescencia. La exigua asignación presupuestaria en relación con otras áreas de gobierno, la insuficiencia de proyectos y dispositivos para atender las diversas problemáticas, la precarización laboral del personal y la ausencia de legislaciones más específicas que garanticen y reglamenten el funcionamiento de las diversas instituciones y promuevan la idoneidad, capacitación y jerarquización de sus recursos humanos son solamente algunos de los síntomas que reflejan el desinterés de las distintas gestiones provinciales desde hace años en que existan políticas públicas acordes con la legislación vigente, las políticas nacionales y los tratados internacionales. Se pueden reconocer esfuerzos aislados de diversos sectores por revertir esta situación y se intentó también desde el proyecto original de gobierno del Frente para la Victoria impulsar un cambio profundo en las áreas de niñez y adolescencia –en sintonía con las otras áreas de gobierno, los municipios y las organizaciones sociales–, pero la urgencia de utilizar esa cartera gubernamental para resolver las cambiantes alianzas político-electorales internas relegó dichas reformas y cambios a un plano secundario y postergado indefinidamente (convenios que no se cumplen, proyectos que quedan en un PowerPoint, cambios de funcionarios, deudas y retrasos con las organizaciones sociales y los municipios, migración de profesionales a otras áreas del Estado, etcétera). Una de las consecuencias de toda esta situación es que se termina reproduciendo en el sector público que se ocupa de estas problemáticas una situación de vulnerabilidad similar a la que sufre la población a la que supuestamente el Estado debe garantizar el acceso a sus derechos como ciudadanos, especialmente si son niñas, niños y adolescentes y pertenecen a sectores con falta de oportunidades y con problemáticas familiares y sociales que les impiden crecer como sujetos de derecho. Si bien todo esto constituye un problema público de gravedad ya que según la ley deberían ser los niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables una prioridad para las políticas de Estado, lo que ocurre es que sólo suelen aparecer en la agenda de gobierno cuando hay algún reclamo gremial o se los relaciona con cuestiones ligadas a la problemática de la inseguridad. Los hechos de inseguridad en los que están involucrados adolescentes de sectores populares son solamente uno de los síntomas, la punta visible del témpano, de una problemática mucho mayor que subyace invisibilizada; de una realidad caracterizada por dramáticos trayectos de vida que toman entidad pública cuando se constituyen en una noticia de la sección “Policiales”. La democracia participativa tiene el valor de que los distintos sectores que conforman la sociedad disponen de variadas herramientas para influir en las decisiones gubernamentales y pugnan por sus intereses para ser tenidos en cuenta en la distribución de los recursos públicos y a la vez tiene como externalidad negativa que aquellos que carecen de recursos de poder para participar de esta puja y hacer valer sus derechos terminan siendo los perdedores del sistema. Auspiciosamente el gobierno nacional ha implementado en estos años políticas de redistribución del ingreso que lograron reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en la Argentina –según lo ratifican organismos internacionales como la Cepal–, pero estos avances tienen que tener su correlato en un Estado provincial que asuma que es el principal responsable en nuestra provincia de garantizar integralmente los derechos de las niñas, niños y adolescentes en desigualdad de condiciones y de oportunidades. Muchos de esos niños y niñas que por distintas causas crecen desde su gestación con sus derechos vulnerados, sin oportunidades socioeducativas, sin capacidad de movilización y “lobby”, sin peso electoral y frecuentemente hasta rechazados por sus propias familias y vecinos por considerarlos “peligrosos”, terminan siendo visibles para la sociedad cuando se ven involucrados en hechos violentos y/o delictivos. Normas y/o leyes que propongan bajar la edad de imputabilidad y/o encerrar a los adolescentes alcoholizados en las comisarías –por poner un par de ejemplos del debate en cuestión– son medidas improvisadas que simplemente pueden servir para “salir del paso” frente a la compleja y multifacética problemática de la inseguridad. Paralelamente a esto, estas propuestas violan otras leyes como las referidas al tratamiento de las adicciones y le dan a la vez un poder de acción a una fuerza policial provincial que carga sobre su historia con una larga y trágica secuencia de hechos de violencia institucional hacia los adolescentes y jóvenes de sectores populares. Cambiar las leyes que restituyeron derechos no es el camino para avanzar como sociedad, sino asumir el rol pertinente y hacer lo que debe hacer el Estado para garantizar que dichas leyes se cumplan de una vez por todas, más allá de los anuncios y promesas o de lo que se instale en los medios de comunicación masivos. Se debe avanzar sobre las verdaderas causas de todas estas problemáticas, generar los presupuestos necesarios, poner en marcha los programas adecuados… en síntesis, implementar las políticas públicas que conocemos bien cuáles son –porque tenemos en nuestra región sobrada experiencia desde los trabajadores de la Infancia y la Adolescencia, tanto del Estado como de las organizaciones sociales– pero que necesitan del respaldo político consecuente y del presupuesto necesario para ser suficientes y eficaces. La ley marca que es el Estado el responsable de todos estos niños, niñas y adolescentes a los que se define “en situación de riesgo social” pero, si es el Estado el que no cumple, el que está realmente en situación de riesgo es el propio Estado y, por ende, la sociedad toda. (*) Licenciado en Psicopedagogía y docente