Fraude al Ipross: el alcance y los efectos del embargo y la inhibición

Los imputados en la causa por el millonario fraude al Ipross no podrán cobrar un centavo de los miles de pesos que facturaron sus farmacias a la obra social durante el primer cuatrimestre de este año. Y tampoco podrán disponer de los bienes inmuebles y vehículos que tienen registrados en Río Negro, por el término inicial de seis meses.

Ambas decisiones fueron anunciadas hoy por la jueza Natalia González, haciendo lugar en forma parcial a las medidas cautelares que había pedido la Fiscalía de Estado en la audiencia realizada el miércoles pasado en Roca.

La magistrada no aceptó la solicitud de embargar a cada uno de los sospechosos por 10 millones de pesos, entendiendo que hasta el momento no hay certezas sobre el monto del perjuicio económico que habría sufrido el Estado. Para González, sin tener esa estimación consignada en la causa es imposible saber si el bloqueo de activos pretendido tiene algún viso de razonabilidad.

El embargo de los fondos enviados por el Ipross pesa sobre los siete imputados: los farmacéuticos Fabio Caffaratti, Raúl Mascaró, Rodolfo Mastandrea y Marianela Guidi; Marcela Gil (expropietaria de una farmacia en Roca pero que no es farmacéutica), Cecilia Balladini (esposa de Caffaratti) y Sandra Fasano, exauditora del Colegio de Farmacéuticos.

Por su parte, la inhibición de bienes sólo regirá por el momento para cinco de los sospechosos, ya que Mascaró y Gil no habían sido notificados sobre la investigación para el miércoles, cuando se pidieron las cautelares.

La jueza González resolvió el contrapunto que se planteó en la audiencia inicial sobre la posibilidad de dictar este tipo de medidas cuando la causa recién transita sus primeros pasos formales.

Cabe recordar que la denuncia del presidente del Colegio de Farmacéuticos se presentó el 13 de mayo, pero la acción penal con sospechosos identificados recién se formalizó el 8 de junio.

La magistrada rechazó los argumentos de las defensas, asegurando que no hay impedimentos para dictar cautelares antes de la formulación de cargos, porque más allá del estado preliminar de las investigaciones, existe verosimilitud en los hechos denunciados y peligro de que un delito se siga cometiendo.

“Muertos civiles”

La decisión de la jueza fue duramente cuestionada por la abogada defensora de Caffaratti, Balladini y Mastandrea, Patricia Espeche, quien presentó un recurso de revocatoria pero no tuvo éxito.

La letrada consideró “irracional” la resolución de González, afirmando que el embargo y la inhibición general de bienes eran medidas excesivas para personas que se encontraban a derecho.

En este sentido, planteó que la jueza dejaba a sus defendidos en condición de “muertos civiles”, porque se los privaba de ingresos económicos necesarios para sostener a sus familias. En ese punto hizo especial hincapié en el caso de Fasano, resaltando que fue ubicada en igual condición que el resto de los acusados cuando se trata de una exempleada administrativa del Colegio de Farmacéuticos sin mayores ingresos económicos.

Además anticipó que la situación derivaría en un conflicto laboral en las farmacias involucradas, porque sin ingresos relevantes como los de Ipross sería muy difícil mantener pagar los sueldos.

Espeche también anunció durante la audiencia que uno de sus defendidos, Mastandrea, presentó una denuncia penal contra las autoridades del Colegio, advirtiendo sobre la responsabilidad que tienen en diversos hechos irregulares ocurridos en la entidad durante los últimos meses.

– El embargo de los fondos que transfiera el Ipross para pagar prestaciones entre enero y abril alcanza a los siete imputados.

– La inhibición de bienes sólo a cinco de ellos, por el momento.

– Las otras 265 farmacias de la provincia deberían cobrar en los próximos días las sumas no canceladas por la obra social, que congeló transferencias luego de la denuncia penal.

– El Colegio de Farmacéuticos cobra aproximadamente 40 millones mensuales del Ipross y luego paga a sus asociados.