Frente al crimen organizado

Ya antes de asumir, el presidente Mauricio Macri dejó saber que trataría de reconstruir las instituciones que conforman el Estado para que funcionen mejor, ya que de lo contrario no le sería posible gobernar con la eficiencia deseada, pero parece haber subestimado las dificultades que encontraría en el camino. Como acaban de advertirle las repercusiones de la fuga de tres asesinos peligrosísimos de una cárcel de máxima seguridad, los encargados de las diversas fuerzas del país suelen estar más interesados en defender la presunta autonomía de su repartición particular que en colaborar con las demás. No son los únicos que piensan así. Tal y como ha sucedido con el sistema político, el universo estatal se ha fragmentado en centenares de feudos casi independientes, lo que ha hecho de la Argentina una presa fácil para narcotraficantes y otros delincuentes tanto nacionales como extranjeros. No les es necesario dividir para reinar en un país que ya está atomizado. Los macristas saben que no les es dado confiar en fuerzas policiales que protegen su propio territorio y, en algunos casos, sus propios negocios; o en la Agencia Federal de Inteligencia (ex-SIDE), que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner procuró incorporar a su “proyecto”; la Justicia, los servicios penitenciarios y ciertas administraciones provinciales. Quieren emprender un programa ambicioso de reformas institucionales, pero no podrán hacerlo de la noche a la mañana y, mientras tanto, no tendrán más alternativa que la de intentar trabajar con las herramientas defectuosas que heredaron del gobierno anterior, lo que les plantea muchos riesgos. Según funcionarios del Ministerio de Seguridad, los tres prófugos contaron con la ayuda de policías que los mantuvieron informados acerca de los intentos de ubicarlos, razón por la cual pudieron trasladarse de lugares en el conurbano bonaerense, como Quilmes, a Entre Ríos y, finalmente, a una zona agreste de la provincia de Santa Fe. Como es natural, muchos atribuyeron la confusión que se generó a la impericia del nuevo gobierno, lo que le supuso algunos costos políticos, pero dadas las circunstancias es comprensible que Macri y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se hayan comportado de manera un tanto ingenua. Por cierto, no les habría servido para nada acusar a las fuerzas policiales o la Gendarmería de negligencia o complicidad antes de que fueran capturados con vida los tres sicarios. Por motivos operativos evidentes, tuvieron que felicitarlos por su desempeño. Como ha sucedido una y otra vez a lo largo de los años, el gobierno bonaerense reaccionó frente a lo ocurrido iniciando otra purga de la Policía provincial, pero los macristas no pueden sino saber que la corrupción en las filas de las fuerzas de seguridad es sólo un síntoma, si bien uno muy importante, de un mal que es mucho más grave. Los tentados por las oportunidades brindadas por la presencia en el país de bandas criminales multimillonarias no se limitan a los uniformados, también incluyen magistrados y políticos influyentes. Aunque denuncias en tal sentido, formuladas repetidamente por políticos presuntamente honestos, activistas de organizaciones no gubernamentales y voceros de entidades internacionales, son rutinarias desde hace muchos años, parecería que pocos están dispuestos a tomarlas al pie de la letra. Tal actitud puede entenderse. Para defenderse, los acusados de trabajar para los cárteles de la droga siempre se afirman víctimas inocentes de una campaña en su contra con la esperanza de conseguir la solidaridad tanto de otros integrantes del elenco estable político como de sectores ciudadanos. Es lo que está haciendo Aníbal Fernández, pero hasta ahora el exjefe de Gabinete del gobierno kirchnerista no ha logrado obtener el apoyo de muchos compañeros. No sorprendería demasiado, pues, que pronto se viera constreñido a aclarar ciertas cosas ante la jueza federal María Servini de Cubría, ya que, según el testimonio de uno de los exprófugos, Martín Lanatta, Fernández es “la Morsa”, el autor intelectual del “triple crimen de General Rodríguez”, en el que murieron farmacéuticos involucrados en el negocio de la efedrina que habían aportado mucho dinero a la exitosa campaña electoral de Cristina.